Culiacán, Sin.- Ante los recientes enfrentamientos en la sierra de Badiraguato que han obligado a decenas de familias a abandonar sus hogares, la subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Figueroa Sauceda, reconoció que el desplazamiento forzado es uno de los problemas más graves que enfrenta Sinaloa, junto con la desaparición de personas.

Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos en Sinaloa.

“Es un tema donde amerita la coordinación de todas las partes”, señaló, al destacar que la atención recae en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, dependencia encargada de dar seguimiento a los casos y brindar acompañamiento a las familias afectadas.

Figueroa Sauceda explicó que desde su área mantienen comunicación constante con la Secretaría de las Mujeres y con SEBIDES, interviniendo únicamente cuando se les solicita. Reconoció, además, que muchas veces el desplazamiento y la desaparición de personas se cruzan dolorosamente, lo que ha llevado a su oficina a acudir a comunidades bajo la instrucción del secretario de Gobierno, ya sea por reportes oficiales o por información difundida a través de los medios.

“Lamentablemente sí se han dado (desplazamientos). Hemos tenido conocimiento de que SEBIDES está atendiendo el tema y son ellos quienes van a profundizar sobre el caso específico”, reiteró.

 

Balaceras, drones y cortes de energía mantienen bajo sitio a los pueblos de Badiraguato

Mientras Patricia Figueroa habla de coordinación institucional y seguimiento de SEBIDES, la realidad en la sierra de Badiraguato es otra. Desde la tarde del 15 de septiembre, comunidades como Huixiopa, La Lapara, La Tuna, Bacacoragua, Cieneguita, Potrero de la Vainilla, La Palma y San José del Barranco han sido escenario de enfrentamientos armados que han obligado a decenas de familias a abandonar sus hogares.

Los pobladores relatan noches enteras con ráfagas de armas largas, zumbidos de drones que lanzan explosivos y bloqueos en caminos que impiden la entrada o salida de las comunidades. En Bacacoragua, donde viven unas 20 familias, los armados se asentaron en la entrada del poblado, restringiendo el paso y dejando a los habitantes atrapados en sus propios ranchos.

La violencia se ha extendido a La Tuna, el histórico rancho de la familia Guzmán, y a Huixiopa, donde más de 80 familias viven bajo el acecho constante de hombres armados. En La Lapara, quienes intentaron regresar a sus hogares fueron detenidos por los mismos grupos que controlan los caminos, mientras los cortes de energía eléctrica han dejado a las comunidades completamente aisladas por días.

Los habitantes cuentan que los enfrentamientos son parte de la lucha entre los grupos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y los descendientes de Ismael “El Mayo” Zambada, que buscan tomar control del territorio. Retenes, grafitis con las siglas MF y presencia de vehículos blindados muestran que la disputa ya no es solo entre familias, sino un conflicto abierto que somete a pueblos enteros al miedo, el desplazamiento y la incertidumbre.

En medio de este panorama, ninguna autoridad, de acuerdo a los testimonios recopilados por Revista ESPEJO, ha llegado a resguardar o intervenir de manera efectiva. Las familias huyen a tientas, temiendo ser atacadas o quedar atrapadas en el fuego cruzado, mientras los caminos hacia la sierra permanecen bloqueados y los pueblos aislados, atrapados en un conflicto que parece no tener fin.

 

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