Por Vanessa Briseño / @nevervb

El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso el Paquete Económico 2026, que plantea un gasto neto de 10.1 billones de pesos, 5.9% más que en 2025.

El documento refleja las prioridades de la actual administración en programas sociales, educación, salud y vivienda, pero también mantiene recortes y limitaciones en áreas como cultura, ciencia, seguridad y atención a víctimas. Desde Fundar, se realizó un análisis al presupuesto, el cual se centra en sus implicaciones para los derechos humanos y en las tensiones entre los avances y los rezagos que persisten.

Paulina Castaño, investigadora del programa Justicia Fiscal en Fundar, explicó en diálogo con ZonaDocs que el Paquete Económico 2026 es el primero diseñado completamente por la administración de Claudia Sheinbaum y su gabinete. Señaló que “es en este paquete donde se empieza a develar hacia dónde va este gobierno”, pues marca una ruta específica del gasto público.

Entre sus particularidades destacó la simplificación de la estructura programática: de los 893 programas presupuestarios de 2025 se redujo a 546, lo que significa una disminución cercana al 39%. Paulina recordó que un proceso similar ocurrió en 2014 y subrayó que la reducción no significa necesariamente eliminación de programas, sino fusiones y reagrupaciones que deben revisarse con detalle.

En cuanto al gasto, señaló que hay incrementos en áreas sociales: educación (+2.3%), salud (+4.5%), vivienda (+2.1%) y protección social (+2.6%). Sin embargo, identificó retrocesos en cultura (-13%), medio ambiente (-7.3%), ciencia y tecnología (-1.6%) y agropecuario (-1.9%).

En el ámbito económico, la función de energía tuvo un aumento de 11.5%, mientras que ciencia y tecnología presentó recortes a pesar de que el Plan México plantea una inversión estratégica de 228 mil millones de pesos en innovación y desarrollo. Paulina puntualizó que “dentro de la función de ciencia y tecnología hay una reducción de 1.6% respecto al año pasado” y que actualmente representa apenas el 0.4% del PIB, lejos del 1% recomendado a nivel internacional.

Sobre seguridad y justicia, indicó que el presupuesto refleja contradicciones. Seguridad nacional registra una disminución de 4%, mientras que justicia presenta un incremento de 8.9%.  En el análisis sobre desapariciones y atención a víctimas, Paulina comentó que el presupuesto mantiene una lógica de austeridad con recursos limitados. Explicó que el subsidio para búsqueda y labores forenses registra un recorte de 0.7%, mientras que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos presenta un aumento de 15% y la Fiscalía en materia de desaparición un incremento de 3%.

Sin embargo, otras áreas de la Fiscalía General de la República muestran reducciones cercanas al 21%. En cuanto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), contará con mil 171 millones de pesos, prácticamente igual que en 2025, aunque en niveles más bajos que en 2019. Además, mencionó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá un recorte de 22% y la Guardia Nacional de alrededor del 33%, al integrarse al ramo de defensa.

Por otro lado, añadió que alrededor de 15% del gasto total, equivalente a 3.9% del PIB, se destinará a programas sociales y proyectos prioritarios de inversión. De los 987 mil millones de pesos para programas sociales, la pensión para adultos mayores absorberá más de la mitad con 526 mil millones. A esto se suman nuevas medidas como la pensión de mujeres para el bienestar, aumentos a la pensión para personas con discapacidad y un incremento del 56% en la beca Rita Cetina.

En lo relativo a inversión pública, el presupuesto proyecta alrededor de 536 mil millones de pesos para proyectos prioritarios, con un aumento histórico de 171% respecto a 2025. De estos recursos, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) concentrarán cerca del 60%.

Paulina subrayó que dentro del plan estratégico de Pemex se incluye fracking, aunque todavía no hay cifras públicas al respecto. Destacó que varios documentos presupuestarios fueron testados, por lo que no se conocen los detalles de inversión ni los montos exactos destinados a cada proyecto.

Respecto a la transición energética, explicó que el Anexo 15 tendrá un aumento de 53% en comparación con 2025, para alcanzar 17 mil 867 millones de pesos. Mencionó que, aunque este anexo incorpora por primera vez una metodología para justificar los programas incluidos, gran parte de los recursos siguen destinados a proyectos de Pemex, como el rescate de la petroquímica en Coatzacoalcos, cuyo presupuesto pasó de 38 millones a mil 300 millones de pesos.

Agregó que se incluye por primera vez un presupuesto para litio, de alrededor de 4 a 5 millones de pesos, y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibirá solo 2% del total asignado en este apartado. También especificó que la CFE presenta una reducción de poco más del 50% en este rubro y que la mayor parte de los recursos se concentrarán en infraestructura ferroviaria vinculada al Tren Maya y en proyectos de defensa y marina (sin considerar a los pueblos indígenas).

En ese sentido, acerca de los pueblos y comunidades indígenas, el Paquete Económico 2026 incorpora recursos derivados de la reforma indígena aprobada en 2024. Señaló que el Anexo Transversal 10 presenta un aumento real de 1.36% respecto a 2025 y que ahora participan 23 dependencias, el doble que en el ejercicio anterior.

Paulina puntualizó que dentro de este anexo se contempla una asignación aproximada de 13 mil 000 millones de pesos, equivalente al 10% del presupuesto del Programa para Pueblos Indígenas, aunque sus lineamientos limitan los proyectos a infraestructura básica y mantienen un control centralizado. También mencionó la creación de un programa específico, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISPIAM), para canalizar recursos directos a estas comunidades.

Igualmente, Paulina apuntó que el Paquete Económico 2026 ya integra los 100 compromisos de gobierno dentro del Plan Nacional de Desarrollo, pero no especifica los recursos asignados a cada uno ni qué programas los sostendrán. Esto genera incertidumbre sobre el costo real de garantizar los derechos contemplados.

Además, remarcó que la falta de datos abiertos por tercer año consecutivo dificulta a la sociedad civil hacer un análisis completo: “Hacienda lleva 3 años que no publica los datos abiertos a la salida del Paquete Económico y esto imposibilita a la sociedad civil realmente hacer un análisis efectivo de cómo se va a distribuir los recursos públicos que provienen de nuestros impuestos”.

Paulina reiteró que el Poder Ejecutivo anunció que un eventual recorte al Poder Judicial se destinaría a cultura, deportes y ciencia, aunque los recursos siguen siendo limitados.

El análisis completo de Fundar sobre el Paquete Económico 2026 estará disponible en los próximos días en su página de internet fundar.org.mx Si deseas mantenerte al tanto de cualquier actualización así como consultar materiales previos, puedes visitar su perfil de Instagram @fundarmexico o en la dirección web antes mencionada.