Colectivas exigen aborto accesible y sin barreras en todo México

Culiacán, Sinaloa.- En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro colectivas y orgnanizaciones lanzaron un pronunciamiento para exigir el acceso libre al aborto seguro y sin barreras en todo México.

Demandaron la capacitación del personal de salud, la creación de protocolos estandarizados, la asignación presupuestaria y la eliminación de cualquier práctica estigmatizante o criminalizante en contra de las mujeres cis, hombres trans, personas transmasculinas, personas no binaries y cualquier persona con otra identidad que tenga la posibilidad de gestar.

A través del pronunciamiento firmado por más de 30 organizaciones civiles y colectivas, señalaron que a pesar de que en al menos 21 estados del país hay acceso al servicio de aborto hasta cierto plazo – entre ellos Sinaloa- y en sentencias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido al aborto como un derecho, en la práctica persisten omisiones y violencia institucional que vulnera a quienes necesitan acceder al servicio.

Como ejemplo, colocaron lo ocurrido en Sinaloa con el caso de Josefina, una joven tarahumara, originaría de la sierra de Chihuahua a quien con tan sólo con 13 años una mala praxis, la omisión de la aplicación de protocolos para atender la violencia sexual y la falta de una persona intérprete le implicaron morir de una septicemia.

“Siendo esto muestra de la falta de personal preparado para atender de acuerdo a lo que señalan los marcos normativos existentes y la impunidad que gozan. La inacción también es violencia”, señalan en el comunicado.

Una de las barreras para acceder al aborto seguro se asocia con que muchas veces los servicios están limitados a ls capitales de los estados, lo que impone una carga a las personas que requieren dejar sus labores para hacer largos traslados que implican altos costos.

Como muestra de ello está Michoacán, según el comunicado, pues en este Estado el acceso a servicios de aborto seguro es desigual al estar centralizado en hospitales de la capital y grandes ciudades, obligando a las personas a viajar, lo cual se agrava por el contexto de inseguridad, violencia y militarización del estado, que dificulta los traslados y pone en riesgo a quienes buscan atención.

“Además, aún se replican otras discriminaciones e injusticias como las relacionadas con la práctica cisexista como la falta de perspectivas antirracistas e interculturales, y la poca implementación de políticas de salud integral. Por ello, se exige que las autoridades garanticen el acceso al SAS en las unidades médicas locales con personal y recursos adecuados”, señalan en el comunicado.

Las organizaciones denunciaron que en los Estados donde hay acceso al aborto, el legrado uterino continúa siendo una práctica médica a pesar de haber sido declarada como obsoleta por la Organización Mundial de la Salud por el sufrimiento que provoca a las personas y el riesgo de perder la vida en algunos casos.

Lo antes mencionado ocurre en entidades donde ya es un derecho acceder al aborto, pero la situación es aún más grave en estados y espacios donde estos servicios ni siquiera existen.

Según las organizaciones, en Durango, Sonora, Tamaulipas, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, así como en instituciones federales IMSS e ISFAM, estos servicios no están disponibles porque la legislación penal continua prohibiendo el aborto.

“Tal es la situación que en Querétaro y Tamaulipas, estados donde los congresos estatales se han negado ha reformar sus códigos penales para despenalizar el aborto voluntario de acuerdo a la constitución y a las sentencias de la Corte, el personal de salud se niega a prestar servicios que sí podrían brindar; como lo son el acceso al aborto por causales y el aborto por violación de acuerdo a la NOM 046”, señala el comunicado.

Ante ello, las organizaciones firmantes como Pitaya Árida de Sinaloa, Marea Verde, Red de Médicas por el Derecho a Decidir, México Igualitario y Abortistas Mx, entre otras, exigieron al Estado:

1. Asignar presupuesto suficiente y necesario para que las instituciones de salud cuenten con personal capacitado, con la estructura, insumos y el equipo necesario para la atención del aborto.

2. Que las instituciones proporcionen servicios de aborto bajo los más altos estándares de derechos humanos y bajo las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro.

3. La regulación en la Ley General de Salud de la objeción de conciencia, priorizando el bienestar de las personas que necesitan un aborto. También que cada Institución de Salud haga pública la ruta del sistema de referencia y contrarreferencia en caso de objeción de conciencia en aborto, de manera que esta información sea pública, accesible, visible y exigible para todas, todos y todes.

4. La difusión de manera oportuna de los SAS, así como las rutas internas para el acceso al servicio con información estrictamente científica, laica, oportuna y actualizada, que no se limite a informar sólo sobre el aborto voluntario, sino que deben informar sobre las causales o excluyentes, las cuales no tienen límite gestacional y forman parte de nuestro derecho.

5. Que COFEPRIS y las demás autoridades sanitarias a nivel estatal realicen de forma permanente la supervisión de los servicios públicos y privados para garantizar que cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad en la atención del aborto.

6. La reforma de los 33 códigos penales para derogar el delito de aborto voluntario de forma total y deje de ser un delito.

En México, señalaron, los artículos 1° y 4º de la Constitución protegen el derecho al aborto como parte del derecho a la autonomía reproductiva, a la salud, a decidir de manera libre e informada sobre nuestros cuerpos y a vivir una vida libre de violencia y discriminación, lo que implica que las autoridades deben garantizar los servicios médicos para la interrupción del embarazo.