El 9 de noviembre de 2024, hombres armados irrumpieron en un bar de la ciudad mexicana de Santiago de Querétaro y desataron una lluvia indiscriminada de balas con armas largas. Los clientes se lanzaron debajo de las mesas, derribando botellas y servilleteros. Las luces de discoteca se tambaleaban en el techo, iluminando la carnicería con una festiva incongruencia.

El presunto objetivo del ataque, Fernando González Núñez, un líder regional del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue asesinado a tiros. Nueve personas más murieron en medio del fuego cruzado. Las autoridades estatales atribuyeron la masacre al Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y la vincularon a un violento enfrentamiento por el control del robo de combustible, conocido en México como “huachicol”.

Este es el segundo artículo de una mini serie que analiza las dinámicas cambiantes de la multimillonaria industria del robo de combustible en México. Lea el primer artículo de la serie aquí.

La brutalidad del ataque evidencia cómo el robo de combustible se ha convertido en un catalizador de algunos de los peores episodios de violencia en México. A medida que el huachicol se expandió hasta convertirse en una de las economías criminales más grandes del país, también se volvió una de las más letales, atrapando en el medio a ciudadanos, policías y trabajadores petroleros.

Dinero fácil

 

El huachicol es una economía criminal particularmente propensa a la violencia. Las bandas dedicadas al robo de combustible deben usar la fuerza para controlar el territorio cercano a los oleoductos y a instalaciones petroleras clave con el fin de acceder a los suministros. Las disputas por este control suelen detonar enfrentamientos entre grupos rivales.

Una vez asegurado el territorio, las ganancias potenciales del huachicol son altas. Muchos oleoductos en México transportan combustibles listos para usar entre refinerías, centros de almacenamiento y terminales de exportación. A diferencia del crudo, los grupos criminales pueden vender directamente el combustible robado sin necesidad de procesarlo.

“Lo que se extrae de esos ductos es inmediatamente comercializable”, explicó David Soud, experto en robo de combustible del centro de pensamiento Atlantic Council. “La única barrera de entrada es tener el conocimiento para perforar el ducto y la infraestructura básica para movilizar el combustible. Se puede hacer dinero muy rápido”.

El flujo de efectivo del huachicol alimenta el crecimiento de los grupos criminales mediante la expansión violenta del territorio y el desarrollo de redes de corrupción. Estas redes suelen pagar a las fuerzas de seguridad para que hagan la vista gorda, e incluso en ocasiones las contratan como fuerza armada adicional. En junio, por ejemplo, las autoridades arrestaron a once policías estatales en Guanajuato que trabajaban como escoltas armados de una banda de huachicoleros.

Civiles en la línea de fuego

 

La mayor parte de la violencia vinculada al robo de combustible se concentra en los estados del centro del país. Estas zonas están cerca de grandes extensiones de oleoductos, infraestructura petrolera clave y centros urbanos que ofrecen mercados negros lucrativos para el combustible robado. Los grupos de huachicol pelean entre sí para arrebatar territorios a sus rivales en los puntos más rentables.

Con frecuencia, estas bandas desatan violencia contra la población civil para sembrar terror y enviar mensajes a sus adversarios. En septiembre de 2024, seis personas fueron secuestradas en Puebla. Sus cuerpos fueron hallados más tarde en vehículos incendiados cerca de Santa María Xonacatepec. Las autoridades atribuyeron el crimen a una disputa entre dos bandas de huachicol.

Ese mismo mes, La Barredora, una banda de robo de combustible con base en Tabasco y que supuestamente estuvo dirigida por un exjefe de seguridad del estado, secuestró al empresario local César Anaya en su casa en San Martín Texmelucan, Puebla. Poco después apareció un video en redes sociales en el que Anaya, esposado y brutalmente golpeado, advertía a los grupos de huachicol que se mantuvieran alejados de la zona. Su cuerpo decapitado fue hallado días después frente a un Walmart cercano.

Los grupos criminales también han atacado con frecuencia a trabajadores petroleros y a las fuerzas de seguridad. En enero de 2023, huachicoleros emboscaron a militares y miembros de la Guardia Nacional que acompañaban a empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la reparación de ductos en Cuautepec de Hinojosa, en Hidalgo, el municipio más golpeado en los últimos años por estas bandas.

Las fuerzas de seguridad también han sido acusadas de perpetrar ejecuciones extrajudiciales. El 1 de marzo de 2019, cuatro personas del municipio de Santa Rita Tlahuapan fueron halladas muertas y parcialmente enterradas a un costado de una carretera en Tlaxcala. Un día antes, las víctimas habían sido detenidas y acusadas de robar combustible por miembros de la Marina de México. Posteriormente, 12 agentes fueron procesados por homicidio agravado, y un empleado de Pemex que guió a los oficiales afirmó haberlos visto enterrar los cuerpos. La Marina aseguró que los funcionarios actuaron “por voluntad propia”.

Cooptación del Estado y el CJNG

 

El robo de combustible está alimentando una creciente crisis de seguridad en Tabasco, un estado petrolero en la costa del Golfo de México que ejemplifica el alcance de la violencia ligada al huachicol.

La expansión del CJNG en el estado dividió a los grupos criminales locales: algunos se aliaron y otros se resistieron, lo que disparó los niveles de violencia. Entre 2023 y 2024, la tasa de homicidios aumentó 260%, al pasar de 9,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes a 34,1, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Altos funcionarios estatales presuntamente encabezaron parte de esta violencia. En septiembre, las autoridades de Paraguay capturaron a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco entre 2019 y 2024. Documentos militares obtenidos y difundidos en 2022 por el colectivo de hackers Guacamaya señalaban que, durante su gestión, Bermúdez dirigió el grupo La Barredora, dedicado a la extorsión y al robo de combustible. Un exfuncionario de la Policía Federal llamado Ulises Pinto, detenido el 23 de julio, figuraba como su segundo al mando.

Según los documentos de Guacamaya, Bermúdez utilizó su poder y al grupo La Barredora para consolidar el control territorial del CJNG sobre los puntos de huachicol en Tabasco, incluso ordenando la ejecución de líderes de bandas rivales. También habría abierto mercados lucrativos para el combustible robado. Bajo su presunto liderazgo, el grupo ofreció 180.000 litros de diésel ilícito a la semana para apoyar la construcción del Tren Maya, el proyecto emblemático de infraestructura impulsado por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque el acuerdo no se concretó por razones logísticas, según reportó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En diciembre de 2023, una violenta fractura dividió a La Barredora: una facción se alió con el CJNG, mientras que otra inició una campaña de resistencia brutal. En los días siguientes, Bermúdez sobrevivió por poco a un intento de asesinato y renunció a su cargo. Fue arrestado en Paraguay y extraditado a México en septiembre.

Violencia continua

 

La escalada de violencia en Tabasco ha replicado la inseguridad de otras regiones marcadas por el robo de combustible, como Guanajuato, donde la expansión del CJNG lleva años generando choques con grupos locales, incluido el Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

La “guerra” entre el CJNG y el CSRL comenzó en Guanajuato en 2017 y coincidió con un cuádruple aumento de la tasa de homicidios, que sigue siendo alta en la actualidad. En 2024, el estado registró 62,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la segunda tasa más alta de México. Guanajuato está atravesado por oleoductos de Pemex e infraestructura petrolera clave, fuertemente atacada por grupos criminales.

El huachicol alimentó el rápido crecimiento del CSRL y financió su ola de violencia. En su punto máximo en 2020, la banda llegó a robar hasta 1,5% del petróleo producido por Pemex, lo que generaba entre US$800.000 y US$1,2 millones al día. Las sucesivas operaciones de seguridad lograron capturar a sus líderes, pero no han debilitado al grupo, que sigue siendo uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato.

En los últimos años, el CSRL —apoyado en parte por grupos de fuera del estado que también son rivales del CJNG— ha intensificado el uso del terror táctico contra civiles como herramienta territorial, según el especialista de seguridad David Saucedo.

“No solo asesinan a líderes [criminales]; también matan a ciudadanos para enviar un mensaje de fuerza”, dijo Saucedo a InSight Crime.

En 2024, fiscales vincularon al CSRL con el asesinato de Gisela Gaytán, candidata a la alcaldía de Celaya, en el primer día de su campaña. Y en mayo, integrantes del grupo dispararon contra asistentes de un evento religioso en San Bartolo de Berrios, donde asesinaron a seis personas en la plaza central. Horas después, el pueblo amaneció cubierto con mantas firmadas por el CSRL.

“Ya llegamos”, decía una de ellas.

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Este trabajo fue realizado por InSight Crime. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.