Ciudad de México.- En una sesión marcada por un intenso debate y divisiones partidistas, el Senado de la República avaló la madrugada de hoy, en lo general y lo particular, el dictamen que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La votación de la reforma impulsada por la mayoría de Morena y sus aliados, pero rechazada por la oposición, que la ha señalado de limitar el acceso a la justicia e ir en contra de derechos humanos, resultó en 76 votos a favor y 39 en contra en lo general, mientras que en lo particular terminó por aprobarse con 70 votos a favor y 39 en contra.

La iniciativa, enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su paquete de reformas judiciales, busca agilizar los procesos de amparo para evitar su uso como herramienta dilatoria en casos fiscales y administrativos. Tras audiencias públicas el 29 y 30 de septiembre, las comisiones de Justicia, Hacienda y Crédito Público, y Estudios Legislativos incorporaron ajustes al texto original, avalado previamente en comisiones.

Entre los cambios clave destaca la digitalización de trámites judiciales, que promete reducir tiempos y costos para los justiciables. Se amplía de 60 a 90 días naturales el plazo máximo para dictar sentencia en juicios de amparo indirecto, alineándose con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Asimismo, se redefine el concepto de “interés legítimo” para incluir tanto daños individuales como colectivos, sin requerir que la lesión sea actual o el beneficio directo, lo que amplía el acceso al recurso para proteger derechos colectivos.

Otro ajuste relevante es la protección al “mínimo vital”: en casos de bloqueo de cuentas bancarias por deudas fiscales, los afectados podrán disponer de recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación y salud. El dictamen también suprime propuestas iniciales de nuevas sanciones penales o administrativas contra autoridades que incumplan sentencias de amparo, manteniendo el marco vigente para no debilitar los mecanismos de cumplimiento.

Dichas regulaciones aplicarán tanto a nuevos juicios como a los que se encuentren en trámite una vez publicada la Ley en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante la discusión en el Senado, fue aprobada una reserva presentada por Manuel Huerta Ladrón de Guevara, legislador de Morena, que planteó la inclusión del siguiente texto el primer transitorio:

“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este Decreto”.

Por parte de la oposición, la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez Hernández, criticó la propuesta de Ladrón de Guevara al señalar que, con ésta, Morena sólo busca defender su movimiento, sin pensar “en el pueblo”. La legisladora afirmó que el mensaje era claro: “Menos defensa para las personas y más manos libres para la autoridad”.

Del mismo modo, Carolina Viggiano Austria, Senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se posicionó en contra de la reserva del morenista, pues, dijo, la ciudadanía tiene derecho a que su caso sea resuelto bajo las reglas que están vigentes, mismas que, si llegan a cambiarse, despojarían a los justiciables de garantías.

Tras la aprobación del dictamen de reforma por parte del Senado, se envió a la Cámara de Diputados para su debida discusión y votación.