Ciudad de México.- El número total de personas desaparecidas que se ha registrado en México es enorme, y excede a cualquier otra situación de violencia, conflicto armado o régimen dictatorial por el que haya atravesado cualquier otro país de América Latina, sostienen decenas de colectivos, familiares y organizaciones de la sociedad civil en un informe que entregaron al Comité contra la  Desaparición Forzada de la ONU en el contexto del procedimiento que el organismo internacional le abrió a México.

El 4 de abril de este año, el CED dio a conocer que iniciaría ese proceso ante la posibilidad de que en nuestro país se registren desapariciones forzadas de manera general o sistemática. El procedimiento está normado en el artículo 34 de la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas y abre la posibilidad de dar intervención en el tema a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además de diversos análisis por estados y poblaciones específicas, las agrupaciones señalan en el documento los errores y la falta de precisión incluso desde el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que evidencia una ausencia de actualización y consistencia, así como problemas de gestión y dificultades para acceder a la información, lo que genera mayor estrés y preocupación en las familias, así como incertidumbre y falta de esperanza.

Aunque actualmente el registro conserva más de 127 mil personas desaparecidas, se desconoce con exactitud cuántas fueron desaparecidas por autoridades o por particulares que contaron con autorización, apoyo o aquiescencia de estas, recuerdan en el documento. Además, presentan análisis específicos de Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y el Estado de México.

Sumado a la entrega de información relativa a desapariciones a la Asamblea General, incluyendo el propio informe, las organizaciones y colectivos piden en el documento que junto con ella, se recomiende la instalación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico que identifique los patrones que permitan determinar la existencia de situaciones generalizadas y sistemáticas más allá de toda duda.

Al mismo tiempo, solicitan que esa misma figura recomiende las acciones pertinentes para encarar el fenómeno, detener las desapariciones en el país, identificar los cuerpos y fragmentos humanos para devolverlos dignamente a sus familiares, conocer la verdad y llevar a los responsables a la justicia.

“Comunicar a la Corte Penal Internacional la información recabada por el Comité y los indicios fundados para aplicar el artículo 34 de la Convención en el caso mexicano, a fin de iniciar una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma”, es una exigencia más que plantean en el reporte.

En la introducción del documento, detallan que el objetivo principal es presentar elementos razonables para creer que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en México, ya sea por agentes estatales, o por miembros de organizaciones criminales que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, o de forma autónoma.

¿Cuál es el panorama de desapariciones en México?

En el informe, las organizaciones destacan que la política de Estado en torno a la desaparición forzada puede consistir en un diseño o plan preestablecido, o bien, puede cristalizarse y desarrollarse con acciones llevadas a cabo por los perpetradores; sin embargo, puede inferirse si existen factores como patrones recurrentes de violencia e improbabilidad de que sean actos aislados o accidentales.

Además, cuando existen preparativos o movilización colectiva orquestada y coordinada por el Estado, el uso de recursos públicos o privados para avanzar en esa política, o bien, declaraciones, instrucciones o documentos que condonan o fomentan la comisión de crímenes, así como una motivación subyacente.

El documento recupera e informa al CED de la ONU que entre 2017 y enero de 2025, solo se dictaron 373 condenas por desaparición —incluyendo forzada y cometida por particulares— a nivel estatal y federal, lo que equivale al 0.56 % de los casos reportados en ese lapso.

Por otro lado, México enfrenta una grave crisis forense con más de 72 mil personas fallecidas sin identificar en servicios forenses del país, contabilizadas entre 2006 y 2023. Además, de enero de 2006 al 30 de septiembre de 2024 se han registrado 3 mil 516 fosas clandestinas, de las que se han exhumado 8 mil 341 cuerpos y 52 mil 305 restos humanos.

Los estados que se incluyen en el informe

En Morelos —señalan colectivos y organizaciones en su informe al CED—, los casos de Tetelcingo y Jojutla revelaron el uso clandestino y sistemático de fosas comunes estatales para ocultar cuerpos, lo que se ha denominado “fosas clandestinas del Estado”. En tanto, la desaparición de personas en Tabasco ha aumentado significativamente desde 2018, con un incremento exponencial en 2024 y 2025.

En ese estado del sureste, niñas y jóvenes han sido las principales víctimas. Aunque hay algunos esfuerzos institucionales, dicen, la impunidad, corrupción y presunta colusión de autoridades y crimen organizado persiste. “Destacan los señalamientos contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad presuntamente vinculado al crimen organizado bajo el gobierno de Adán Augusto López, lo que sugiere aquiescencia estatal en desapariciones forzadas”, indican.

En tanto, Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas, 15 mil 479 al 21 de julio de este año. Ahí se ha documentado la infiltración del crimen organizado en estructuras de seguridad, con policías municipales y agentes de la Fiscalía señalados como perpetradores, además de los casos de reclutamiento forzado en campamentos, como Teuchitlán y otros.

En Veracruz también se ha documentado la implicación directa de agentes estatales en desapariciones, mientras que en Nayarit se consolidó una estructura delictiva dentro de la fiscalía general del estado, y en el Estado de México, con 14 mil 434 personas desaparecidas, se observa una continuidad histórica en el modus operandi de la desaparición forzada, así como el uso de canales de aguas negras y residuales para ocultar cuerpos.

En Nuevo León también se destaca que un estudio del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad (ODIM) que analizó 548 casos de desaparición entre 2005 y 2015, se encontró que en el 46.7 % de los que contaban con información sobre los perpetradores, estos fueron autoridades estatales.

En Coahuila, la misma fuente analizó 729 casos entre 2001 y 2017, de los que un 26 % fue perpetrado por agentes estatales. En Guanajuato, en un corto periodo, el crecimiento de desapariciones ha sido vertiginoso, señala el documento: en 7 años, se ha incrementado ocho veces el número de personas desaparecidas, además de que el estado también se mantiene en los primeros lugares de homicidio desde 2018.

“En Baja California, las expresiones de violencia presentan una notable heterogeneidad y, en los últimos años, han alcanzado niveles críticos, lo que ha derivado en múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Entre ellas, destaca la desaparición de personas, fenómeno que se ha visto agravado por su convergencia con otras dinámicas de violencia estructural, como los desplazamientos forzados, el narcotráfico, la situación de calle y la trata de personas con fines de explotación sexual, todas ellas persistentes en la entidad”, describe el informe.

En tanto, también se destacan como poblaciones con enfoque diferenciado la infancia y adolescencia, los migrantes, las mujeres, los integrantes de pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas periodistas y las defensores de derechos humanos. En cuanto al primero, se subraya que 17 mil 349 infancias y adolescencias permanecen desaparecidas, mientras que el reclutamiento forzado y la trata son móviles clave, y el grupo más afectado son las adolescentes de 14 a 19 años.

Además, se hace énfasis en que al menos 27 personas buscadoras familiares de víctimas han sido asesinadas, y otras más desaparecidas por realizar su labor. El documento está firmado por decenas de colectivos de personas que buscan a quienes han desaparecido, organizaciones de la sociedad civil, solidarios y familiares a título individual.