Culiacán, Sin.-  La violencia institucional volvió contra mujeres a colocarse en el centro del debate en Sinaloa. El colectivo No se Metan con Nuestras Hijas denunció la omisión de las autoridades en el caso de una niña de 9 años de Juan José Ríos, víctima de abuso sexual, cuyo presunto agresor es un policía municipal de Guasave, quien continúa en libertad a pesar de que existen dictámenes oficiales que confirman el daño.

El señalamiento, dirigido al gobernador Rubén Rocha Moya, a la Fiscalía General del Estado, a la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, así como al DIF Sinaloa y al Ayuntamiento de Guasave, cuestiona que la burocracia y el influyentismo estén por encima de la vida y la dignidad de una menor.

En entrevista con ESPEJO, Priscila Rebeca Salas Espinoza, activista e integrante del colectivo, aseguró que la Fiscalía apenas judicializó la carpeta de investigación el pasado lunes, cuatro meses después de que se interpuso la denuncia.

A nosotras de la Fiscalía nos dijeron que apenas el lunes se había judicializado la carpeta y que estaban esperando la agenda de notificaciones. Imagínate, cuatro meses antes se empezaron todos los trámites y pues hasta el lunes se judicializó. La familia de la niña está muy desesperada porque no pasaba nada”, señaló.

El comunicado exige justicia para la menor inmediata y que el caso sea libre de impunidad al tratarse de un funcionario público.

La activista enfatizó que la justicia en Sinaloa suele operar con sesgos de género, donde el sistema judicial protege a los agresores varones y deja en la indefensión a las víctimas, incluso cuando se trata de niñas. Incluso, comparó el caso con el de la doctora Sandra, quien es acusada de intentar asesinar a un paciente de alta peligrosidad en el Hospital General de Culiacán, en ese caso, el procedimiento llevó menos de dos semanas para vincular a la acusada a llevar un proceso en prisión preventiva.

“Cuando la mujer de cualquier edad es la víctima y el agresor es un varón, la justicia casi por default va a proteger al varón y a la víctima la va a dejar desamparada. Pero si la agresora es una mujer, la justicia va a ser expedita”, sostuvo

 

El colectivo adviertió que, aun con la judicialización, el proceso puede extenderse entre dos y tres años antes de alcanzar una sentencia definitiva, lo que mantiene a la víctima y a su familia en un limbo de incertidumbre.

No se puede permitir que la impunidad prevalezca”, señala el posicionamiento del movimiento, que exige a las autoridades garantizar justicia, seguridad y atención integral a la menor, sin importar el cargo que ocupe el presunto agresor.

 

La organización subrayó que el Estado tiene la obligación de proteger a las infancias y sancionar a quienes las violentan, recordando que la omisión también constituye una forma de violencia.

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