México.- El Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de Amparo con 70 votos a favor y 39 en contra, pese a las críticas de organizaciones civiles, académicos y partidos de oposición. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, busca modernizar el sistema judicial, pero también genera preocupación por posibles retrocesos en la defensa de derechos ciudadanos.

Principales cambios de la reforma a la Ley de Amparo

  • Digitalización total del proceso: los expedientes podrán llevarse en línea con el mismo valor que los físicos.
  • Plazos más cortos: los jueces deberán dictar sentencia en un máximo de 90 días después de la audiencia constitucional.
  • Interés legítimo más acotado: se exigirá demostrar afectaciones reales, actuales y diferenciadas para promover un amparo.
  • Limitación de suspensiones: no se concederán con efectos generales y podrán negarse si afectan el interés social o el orden público.
  • Mayor sanción por incumplimiento: se endurecen las responsabilidades para funcionarios que no acaten sentencias.
  • Lenguaje incluyente y perspectiva de género: se actualiza la redacción en diversos artículos.
  • Blindaje a reformas constitucionales: se refuerza que no podrán impugnarse vía amparo.

Críticas y preocupaciones

Especialistas y organizaciones han señalado posibles efectos adversos:

  • Menor defensa de derechos colectivos: organizaciones ambientales, sociales y de derechos humanos tendrían más barreras para litigar.
  • Obras públicas más difíciles de frenar: la limitación de suspensiones reduce la posibilidad de detener megaproyectos polémicos.
  • Riesgo de retroactividad: hay preocupación por su aplicación a juicios en curso y la afectación a la certeza jurídica.
  • Concentración de poder: críticos advierten un debilitamiento de contrapesos frente al Ejecutivo.

Impacto para los ciudadanos

  • Trámites más rápidos y digitales en el juicio de amparo.
  • Mayor exigencia probatoria para acreditar el daño directo.
  • Menos margen para suspender actos de autoridad mientras se resuelve el juicio.
  • Dificultad aumentada para amparos colectivos o preventivos.

Qué sigue

La reforma deberá discutirse en la Cámara de Diputados. Si se aprueba, podría representar el cambio más relevante al juicio de amparo desde la reforma constitucional de 2011. Distintos actores anticipan controversias constitucionales y litigios que podrían llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya interpretación definirá el alcance real de estas modificaciones.

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