Por: Alondra Angel Rodriguez /@AlondraAngelRo

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Centro Antonio de Montesinos (CAM) presentaron el análisis de contexto Infancia Cuenta en Veracruz, como parte del Ciclo de Actividades del Proyecto Niñez Primero. La iniciativa busca fortalecer la prevención, atención e incidencia frente a la trata y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el país.

El diagnóstico reveló que, entre 2015 y 2025, en Veracruz se registraron 22 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de “utilización por agrupaciones delictivas” y 32 víctimas de trata de personas menores de 18 años. Estos casos incluyen explotación sexual, trabajo forzado, halconeo, transporte de drogas, sicariato y mendicidad forzada. En la mayoría de ellos, los adolescentes fueron privados de la libertad tras ser obligados a participar en delitos graves, mientras que las niñas enfrentaron un mayor riesgo de explotación sexual.

Tania Ramírez, directora de REDIM, destacó que el reclutamiento no puede considerarse un hecho aislado, sino parte de un entramado de violencias que afectan a las infancias en México:

“Para eso son importantes las investigaciones y los análisis de contexto, como está relacionado también con otro tipo de vulneraciones a los derechos de infancias y adolescencias Los análisis de contexto tienen un poco la motivación de ayudar a que nos abstengamos de la tentación de pensar que hay casos aislados”.

El informe señala que Veracruz es particularmente vulnerable debido a sus condiciones geográficas, sociales y culturales, como rutas, puertos y carreteras de interés para grupos del crimen organizado. Esto genera violencia, inestabilidad y mayor vulnerabilidad para las comunidades. “Es un posible punto estratégico la trata de personas y esto está vinculado a la migración, a la explotación sexual y laboral”, explicó Ana Cepeda, participante en el proyecto.

Entre los hallazgos, se identificó la relación entre reclutamiento y desapariciones, considerados delitos conexos. Cepeda subrayó que es indispensable trabajar de manera articulada con colectivos de familiares de personas desaparecidas para entender estas dinámicas. También insistió en que los diagnósticos deben considerar factores interseccionales como edad y sexo.

La agenda de incidencia del proyecto gira en torno a cuatro ejes: identificación de víctimas, prevención, atención integral y fortalecimiento normativo. Se enfatizó que la identificación de infancias en riesgo es clave para diseñar rutas de atención y mecanismos especializados de respuesta. Además, se destacó la importancia de la colaboración con organizaciones civiles y de contemplar la prevención en entornos digitales, dado que plataformas como Facebook, Instagram o videojuegos en línea se han convertido en espacios de captación con falsas ofertas.

El proyecto también plantea la necesidad de tipificar el delito de reclutamiento de manera autónoma y garantizar la seguridad de organizaciones civiles y académicas que trabajan en el tema, ya que muchas han denunciado intimidaciones y persecución.

“Las personas de la academia, las personas de las organizaciones sienten miedo a abordar estos temas, también por ausencia de seguridad y de política estatal y de fomento y protección a la sociedad civil, y entonces esto genera más impunidad y naturalización del fenómeno”, agregó Cepeda.

Finalmente, se emitieron recomendaciones a las autoridades estatales y federales:

·         Establecer un protocolo especial para la detección y atención de víctimas de reclutamiento y trata.

·         Fortalecer la prevención desde instituciones educativas y la comunidad.

·         Capacitar a autoridades en identificación de casos y evitar la revictimización.

·         Crear un Programa Estatal específico para prevenir, sancionar y erradicar estos delitos.

·         Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el diseño de políticas públicas.

Las ponentes coincidieron en que estas actividades buscan sentar bases sólidas para políticas públicas sostenibles. Sin embargo, señalaron deficiencias institucionales: exceso de burocracia, ausencia de un programa estatal específico, falta de coordinación interinstitucional y una tendencia a criminalizar a las víctimas, lo que dificulta garantizar justicia y protección para las infancias en Veracruz.