En Sinaloa, la violencia desplaza las preocupaciones fiscales

Culiacán, Sinaloa.- Mientras organizaciones del sector privado a nivel nacional han expresado su preocupación por los aumentos de impuestos incluidos en el Paquete Económico 2026, el empresariado en Sinaloa sigue enfrascado en una lucha por la supervivencia de sus negocios por la crisis de violencia que mantiene a la actividad económica lacerada desde hace más de un año en la entidad.

“Ahorita los impuestos, pues sí nos preocupan pero, hijuela, de todas maneras, si no tenemos trabajo no vamos a poder pagar“, dice José Luis Gallardo, delegado de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Navolato, en entrevista para Espejo.

Actualmente, en la Cámara de Diputados se discute la aprobación del Paquete Económico 2026, enviado por el poder ejecutivo en septiembre. Dentro de la nueva ley de ingresos, se contempla un aumento del 87% en el gravamen del Impuesto Especial a Productos y Servicios aplicado a bebidas, además de otros ajustes fiscales.

Organismos como la Asociación Nacional de Pequeños Comercios (ANPEC) han señalado que este incremento en la carga fiscal resultaría en un perjuicio para establecimientos como tiendas de abarrotes, restaurantes, entre otros, además de terminar impactando la economía familiar.

Sin embargo, en Sinaloa y de acuerdo con representantes del sector privado de Culiacán, Mazatlán y Navolato, la cuestión está fuera de la conversación, siendo los efectos de la violencia y las medidas para afrontarla lo que sigue ocupando los esfuerzos de los distintos sectores productivos, incluido el comercial.

“No, fíjate que no. Hemos estado con la Intercamaral [de Culiacán] y no se ha tocado el tema. Tenemos restauranteros pero no se han acercado. Sí hay una preocupación, pero, en lo general, no se ha presentado”, explica Guadalupe Zavala, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Culiacán.

La empresaria comenta que el aumento de la carga fiscal supone una amenaza potencial para la operación de empresas locales como Jaztea, afectando el precio de sus principales productos y, por ende, desincentivando su consumo. “Obviamente nos va a afectar a todo el comercio en general“, dice.

Zavala también cuestiona la efectividad del impuesto como una medida para salvaguardar la salud de los mexicanos, como se la ha presentado desde el Gobierno Federal. A petición de un comentario adicional luego de la consulta, recuerda cuál sigue siendo la mayor preocupación del sector privado en Culiacán:

“Pues lo de la seguridad, es con lo que seguimos. Esperamos que, efectivamente, le aceleren a la compra de software para detectar [actividades ilícitas], que se refuercen los retenes…”, termina.

Por su parte, Francis Cázarez, presidenta de la cámara del comercio en Mazatlán, ahonda sobre los efectos previstos por el aumento en los impuestos implicados en el Paquete Económico 2026, a partir de enero. Considera que es prudente esperar, incluso, cierres de pequeños negocios por los efectos del ajuste fiscal en enero del año entrante.

“Sí es algo preocupante porque los pequeños comerciantes, como las tienditas en las colonias, va a ser muy complicado el poder adaptarse a este costo. A lo mejor ya no vas a tener la venta que antes tenías, la compra que antes hacían dos veces al día ahora solo la podrán hacer una vez”.

Sin embargo, y pese a reconocer la gravedad, comenta que las acciones por parte del sector privado en la región han sido limitadas. “Cuando ya se aprueban este tipo de incrementos, lo único que nos queda es adaptar los costos”, dice.

“Lo que estamos viviendo nos sigue impactando. Lo que necesitamos ahorita en Sinaloa es recuperar la economía que tenemos contraída. Si logramos este efecto, esperemos que para enero, con el incremento de los impuestos, no nos veamos tan golpeados, o sea un mínimo sector el que sea muy afectado”, dice Chiquete, con relación a la crisis de seguridad que atraviesa al estado.

Tejido económico de Sinaloa: en crisis por la narcoguerra

Actualmente, y desde septiembre de 2024, el estado de Sinaloa es el escenario de una guerra entre facciones del Cartel de Sinaloa, mismas que se disputan la hegemonía regional. La crisis de seguridad derivada de esta narcoguerra ha tenido efectos devastadores en el tejido económico de la región.

Las amenazas, extorsiones y enfrentamientos constantes entre grupos criminales han golpeado duramente a los comercios y empresas locales, especialmente a los pequeños negocios, los cuales se han visto obligados a reducir operaciones, recortar personal e incluso cerrar sus puertas de manera definitiva.

Dichas afectaciones se ven reflejadas, por ejemplo, en la variación del número de empleadores registrados, misma que ha venido cayendo de forma consistente desde el inicio de la guerra. Tan solo en el primer trimestre de 2025, el promedio mensual de patrones se redujo en 2,167 frente al mismo periodo del año anterior. Las microempresas se muestran como las más propensas a desaparecer.

En el mes de agosto de 2025, el número de puestos de empleo formal en Sinaloa cayó por séptimo mes consecutivo. La pérdida anual fue de 1.13% de la nómina total del estado, con un total de 6 mil 674 empleos menos según los datos de trabajadores registrados ante el IMSS.