Culiacán, Sin.- El juez Carlos Alberto Herrera vinculó a proceso a Gerardo Vargas Landeros por ejercicio indebido del servicio público y a ocho ex funcionarios por desempeño irregular de la función pública.
Durante la continuación de la audiencia inicial celebrada este miércoles, el juez de Control acreditó las pruebas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por lo que fueron imputados.
De acuerdo a la resolución, tanto el ex alcalde de Ahome como los integrantes del comité de adquisiciones de su administración realizaron ilegalmente una adjudicación directa con la empresa Acsora S.A. de C.V. por 33 millones de pesos.
La contratación fue con el fin de recuperar aportaciones federales del ISR por 94 millones de pesos del ejercicio fiscal entre 2015 y 2021.
Sin embargo, el juez explicó a los acusados que incurrieron en una ilegalidad al contrariar el procedimiento de la Ley de Adquisiciones del Estado de Sinaloa, donde lo correcto debió haber sido una licitación pública para dicho servicio.
Con esta contratación, continuó, hubo una afectación en perjuicio del patrimonio económico del Ayuntamiento de Ahome.
Previo a la vinculación a proceso, los abogados de los imputados justificaron que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ya había fiscalizado las cuentas públicas del municipio de Ahome en 2021, donde supuestamente no se encontró daño en la firma del contrato en disputa y que todo estaba en orden.
Por otro lado, los abogados trataron de vincular al caso al actual alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, ya que dieron a conocer que él estuvo al tanto de la contratación de la empresa cuando era regidor y parte del a Comisión de Hacienda. Inclusive dijeron que estuvo en una reunión para hablar de este asunto con todos los hoy imputados, un mes antes de la firma del contrato.
“¿Por qué Antonio Menéndez no vio nada malo en ese momento? ¿Por qué decidió denunciar 4 años después? ¿Por qué la Fiscalía del Estado no lo acusó a él también”, cuestionaron los abogados.
Pese a ello, el juez Carlos Alberto Herrera dijo haber encontrado razones para acreditar las pruebas que los hizo incurrir en un delito, ya que todos los imputados actuaron de forma dolosa y en conjunto: “todos firmaron el acto ilegal”, acusó.
También acusó a Vargas Landeros de saber que él estaba incurriendo en una ilegalidad y que pudo evitarlo, y por el contrario, celebró el contrato: “no actuó conforme a sus deberes legales”, dijo.
Posteriormente, luego de la vinculación a proceso el Juez de Control dio un plazo de seis meses al Ministerio Público para la investigación complementaria.
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