Por Marcela Del Muro y Marcos Vizcarra*

En marzo de 2019, más de 500 ciudades, condados y comunidades indígenas de Estados Unidos demandaron a ocho miembros de la familia Sackler, propietarios del gigante farmacéutico Purdue Pharma.

«Esta nación se enfrenta a una epidemia de adicción a los opioides sin precedentes que fue iniciada y perpetuada por los demandados para su propio beneficio», señalaba la denuncia.

 

El gran éxito comercial de Purdue Pharma llegó en 1996 con el lanzamiento de su fármaco estrella, OxyContin, un analgésico a base de opioides. Su salida al mercado estuvo acompañada de una agresiva campaña de marketing para convencer a los médicos de que prescribieran el medicamento, sin señalar su alto potencial adictivo. En tan solo cinco años, las ventas de OxyContin alcanzaron los 1 600 millones de dólares.

Los problemas legales de Purdue Pharma comenzaron en 2007, cuando la empresa se declaró culpable de engañar a la población sobre los riesgos de adicción del OxyContin, pagando una multa de 600 millones de dólares.

Sin embargo, esta acusación no impidió que el medicamento siguiera recetándose ni hubo mayor control de la autoridad sanitaria estadounidense; al contrario, sus ventas aumentaron. En 2010, las ventas alcanzaron los 3 000 millones de dólares, lo que posicionó a los Sackler como una de las familias más ricas de Estados Unidos.

Según una investigación académica, entre agosto de 2013 y diciembre de 2015, varias empresas farmacéuticas, incluida Purdue Pharma, pagaron 39,7 millones de dólares a casi 68 000 médicos estadounidenses para promover la prescripción de opioides, una práctica de promoción habitual en Estados Unidos que se encuentra regulada por las autoridades sanitarias.

«Ahora sabemos que las agresivas estrategias de marketing empleadas por Purdue Pharma (y otras compañías) para alentar el tratamiento del dolor crónico con opioides recetados y las tácticas que minimizaron el riesgo de adicción fueron un factor clave de la actual crisis», explicó uno de los investigadores a la BBC.

 

Tan solo en 2016 se registraron más de 42 000 muertes por sobredosis relacionadas con opioides en Estados Unidos, lo que representó el 66,4 % de las muertes por sobredosis totales. En ese momento, ya se reportaba un mayor uso de heroína ilegal y los inicios del fentanilo ilícito. Sin embargo, la adicción al OxyContin destrozó a miles de familias y contribuyó a crear la crisis de salud pública en Estados Unidos.

Las demandas contra Purdue Pharma se fueron acumulando, alcanzando casi 3 000 denuncias, hasta que en 2019 la empresa y los Sackler fueron encausados. Con el inicio del proceso judicial llegó también la declaración de bancarrota de la empresa farmacéutica.

En octubre de 2020, la compañía se declaró culpable de producir y distribuir opioides, y firmó un acuerdo civil que, en teoría, ponía fin al proceso judicial. Sin embargo, la declaración de quiebra complicó la resolución final y el pago de las indemnizaciones a las víctimas.

A principios de 2025, la farmacéutica y sus dueños firmaron un acuerdo para pagar 7 400 millones de dólares por daños y perjuicios a los estados, condados, comunidades indígenas y particulares que interpusieron demandas en su contra. A pesar de haberse declarado culpables en dos ocasiones, los Sackler han negado haber actuado con dolo o de forma irregular, pero han acordado no volver a producir opioides.

Aunque el acuerdo con los Sackler pueda considerarse una victoria, no se debe asociar la crisis de los opioides exclusivamente con la industria farmacéutica, sobre todo cuando las problemáticas estructurales de salud pública y mental que hacen que la población sea más propensa a desarrollar adicciones no se han abordado.

Como señala David Herzberg, historiador especializado en fármacos adictivos, «…la crisis no es una aberración causada por las fechorías individuales de actores maliciosos. […] Obligar a los líderes empresariales a pagar para reparar los daños que causaron sin duda ayuda. Sin embargo, también se necesitan reformas amplias para evitar que desastres similares se repitan».

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*Este trabajo fue realizado forma parte del proyecto “Fentanilo no regulado en Norteamérica. Una perspectiva trilateral” de Global Initiative. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.