Culiacán, Sin.– Regresaron con la misma esperanza que los trajo semanas atrás buscando ser escuchados. Una a una, las familias desplazadas fueron llegando con sus mochilas, sus hijos y los mismos papeles que han cargado durante años: copias de oficios, solicitudes, promesas que no se cumplieron.
Familias llegaban con la esperanza de ser atendidos por el gobernador.
Venían de La Vainilla, Los Laureles, La Pitahayita y Tepuche, de las sierras donde la violencia se volvió paisaje, y también de comunidades de Chihuahua, que encontraron en Culiacán una pausa incierta. No pedían dinero ni despensas. Querían una audiencia con el gobernador Rubén Rocha Moya. Querían un pedazo de tierra para no seguir viviendo de prestado.
Pero otra vez, las puertas estaban cerradas.
Pergentino Cortes Girón, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista, fue claro y subrayó que no aceptarían más diálogos a través de intermediarios ni promesas postergadas.
“Hay mucha indolencia, poca atención. Se han reducido a dar apoyitos que no le resuelven la vida a nadie. ¿Qué pide la gente? Vivienda. Es todo. Están arrimados con familiares, sin empleo fijo, pagando rentas altas. Ese humanismo que presume este gobierno debe traducirse en hechos”, reclamó el activista.
Mientras nuevas familias llegaban al recinto, el acceso al Palacio fue restringido. Un funcionario descendió para tomar fotografías y anunció que serían atendidos “de diez en diez”. Afuera, la frustración crecía.
No piden apoyos como despensas y colchoneta, piden soluciones.
Para Nancy Gizel Arellanes, de 23 años, el tiempo no ha suavizado el desarraigo. Hace cuatro años abandonó Los Laureles, Badiraguato, después de que un grupo armado irrumpiera en su comunidad.
“Llegaron en la noche y nos dijeron que si al amanecer seguíamos ahí, ya sabíamos. Salimos con dos mudas de ropa y sin dinero. Todo cambió de la noche a la mañana. Solo pido un solar, para poder tener nuestra casita”, dice.
Hoy vive en una casa de lámina prestada, en Culiacán, con su esposo. La esperanza de volver a su pueblo se extinguió junto con la tranquilidad.
Al final, se les informó que serían atendidos de 10 en 10, pero no les dijeron quien los atendería.
En la misma situación está Inocencio Félix Bueno, quien toda su vida residió en La Pitahayita, Culiacán.
“Tenía ganado, mi casa, mis cosas. Todo lo dejé. Vendí lo que pude y lo demás lo perdí. Ya tengo credencial de aquí porque la necesito para acceder a apoyos. Me resigné, porque esto ya no se va a acabar”, lamenta.
Los desplazados esperaron más de tres horas sin respuesta clara. Antes de retirarse, advirtieron que volverán a manifestarse durante el informe de gobierno de Rocha Moya si no hay avances.
“Pura reunión y nada concreto. A los desplazados solo les dan despensas, cobijas, colchonetas… y creen que con eso se atiende el problema. Lo que se necesita es vivienda”, insistió Cortes Girón.
De acuerdo con el informe Travesías forzadas: desplazamiento interno en México 2024 de la Universidad Iberoamericana, Sinaloa es el segundo estado del país con mayor número de personas desplazadas, solo por debajo de Chiapas. Entre septiembre y diciembre de 2024, se registraron 6,476 personas afectadas en seis eventos, más de las reportadas oficialmente por el propio gobierno estatal.
Por su parte, el Movimiento Antorchista en Sinaloa habla de más de 1,000 personas que han sido registradas en los últimos meses, cifra que podría ir en aumento derivado de los enfrentamientos que continúan registrando en zonas de difícil acceso como la sierra.
La violencia criminal sigue siendo el motor del desplazamiento forzado en Sinaloa. Pero también lo es la indiferencia institucional: esa que deja a miles de familias sin hogar, sin voz y sin la posibilidad de volver a empezar.
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