Texto y fotos: Camilo Ocampo

CIUDAD DE MÉXICO. – La mañana del 2 de octubre, lo primero que escuchó la señora Gloria Dorador, una persona de 68 años con problemas para caminar, fue cómo un centenar de hombres intentaba ingresar por la fuerza al que ha sido su hogar por más de 50 años: el predio con el número 102 de la calle Mar Blanco, colonia Popotla, Miguel Hidalgo. Asegura ser la propietaria, debido a que existe un juicio de prescripción positiva a su favor. Sin embargo, alguien se quiere apropiar de ese inmueble.

Gloria Dorador Martínez es una mujer chaparrita y de edad avanzada. No puede moverse tan fácilmente, debido a que hace 31 años la asaltaron y agredieron. Le faltan dos discos de la columna. No tiene la mayoría de sus dientes y, debido a su situación económica, no puede atenderse. Solo vive con su pensión del Bienestar y otra que le dejó su esposo.

En ese momento viste un suéter azul marino desgastado y un pantalón negro. De su cuello cuelga un rosario al que le falta la cruz; lo toca cada vez que dice algo que la angustia o le causa dolor. En una conversación con Pie de Página habla sobre su desalojo y la historia de cómo se hizo del inmueble:

“Yo llegué a vivir aquí hace más de 50 años, cuando nos salimos de otro departamento. Aquí nos arrendaba la señora María de la Luz Lerma. Estuvimos rentando por un año o dos, hasta que nos dijo que quería vender el predio y mi marido aceptó. Cuando terminó de pagar, la señora hizo un contrato de compraventa y se estaba tramitando todo para poder ser los propietarios legales; sin embargo, en ese proceso murió a causa de un incendio en su casa, en el que también se perdió mucha documentación».

En los días posteriores al fallecimiento, según relata, apareció el señor Mario Carlos Shirley Gaitán, el conserje del lugar, quien se presentó como dueño del edificio y trató de echarla a ella y a su familia.

“Mi marido, el señor Ávila, pidió que presentara documentos, pero nunca nos enseñó nada; decía que era sobrino de la fallecida, pero nunca lo pudo comprobar. Solo nos presentó un documento que estaba firmado por la señora María y por eso fuimos ante un juez.”

De acuerdo con lo narrado por Gloria, un juez le dio la razón a su esposo y se llegó al acuerdo de hacer los pagos ante el juzgado y que solo si Shirley Gaitán podía comprobar ser el dueño del inmueble podría retirar el dinero, pero nadie lo hizo.

“Estuvimos pagando por dos años, hasta que el juez nos dijo que ya no lo hiciéramos, porque todo eso se iba a ir a fondo; que la otra persona no se pudo acreditar como dueño. Estuvo llevando otro juicio por tres años y cuando le dieron la razón de nuevo lo publicaron en el Semanario de la Judicatura por si alguien reclamaba el lugar, pero nunca pasó.”

A raíz de eso, Ávila comenzó a moverse en el entramado jurídico y se perdió entre la burocracia; cada vez le hacía dar más vueltas y pagar dinero que ya no sabía para qué era. En medio de todo eso sufrió un primer coma diabético que no los desmovilizó; sin embargo, un segundo evento le ocasionó un infarto cerebral y ya no pudo continuar con el caso, por lo cual la propiedad quedó aún intestada.

“Yo, por la muerte de mi viejito, ya no me moví; dejé todo así. Me confié”, menciona mientras toca su rosario sin cruz y se le quiebra la voz.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Mientras desde el gobierno capitalino se trabaja en una actualización del protocolo de desalojos para evitar violaciones a derechos humanos, como pasó con los vecinos de Cuba 11, la historia se sigue repitiendo y con mayor violencia.

La señora Dorador Martínez relata:

“El 2 de octubre me levanté por los golpes en la puerta; pensé que se querían meter a robarnos. Hablé como cuatro veces al 911, pero me colgaban. Mi hija ponía el cuerpo para que no pasaran, pero le estaban pegando con martillos en las manos.”

En un principio la señora no sabía lo que pasaba, hasta que le presentaron una supuesta orden de desalojo, que nunca pudo ver bien debido a que la actuaria, María Elena Burgos Pérez, del juzgado 25 civil, no los dejaba de mover.

“También se presentaron, dice ella, ‘disque’ policías con la cara tapada; no traían ninguna placa. También había hombres gritando groserías que yo les respondía, porque a pesar de estar como estoy, voy a defender mi casa con la vida; si me quitan esto, me quitan todo, me quedo en la calle.”

“Mientras tratan de sacarnos, un hombre sacó una pistola y me la puso en la cabeza, mientras me gritaban que no resistiera porque tenía 68 años y me iban a matar. Yo nunca les dije mi edad, pero ya la sabían. En ese momento llegó mi nieto con tres servidoras de la Nación, unas señoritas que me habían ayudado a tramitar mi tarjeta del Bienestar, y eso fue lo que los detuvo de seguir agrediéndonos.”

“Para entonces ya me habían robado todo mi dinero: mil 800 pesos que tenía en un monedero. La única prueba que pudieron ver es una foto de dos vecinos con hojas en las manos en la parte del predio de atrás, que da a la otra calle del Instituto de Higiene, por donde se metieron y comenzaron a romper todo.”

¿Qué dice el gobierno?

Su nieto, Santiago Ávila Dorador, que también conversó con este medio, narra cómo ha sido el proceso de lucha, mientras de fondo se escuchan los martillos rompiendo las paredes y las voces de hombres trabajando al interior del inmueble.

“Primero nos dijeron que el INVEA tenía que asegurar el inmueble y sacar a estas personas; junto con nosotros se nos iba a apoyar a cada familia con un dinero y una vivienda de interés social, junto con un apoyo de renta que iba a ser por tiempo indefinido en lo que se llevaba el juicio. Se supone que lo íbamos a tratar con Inti Muñoz. Me dijeron que el 8 de octubre se iban a reunir conmigo y me pidieron mi teléfono; esa es la fecha que nunca me han llamado.”

“Después me dijeron que el apoyo solo es para la familia que resiste aquí y que solo sería por tres meses. El INVEA vino, sacó fotos, pero no han hecho nada.”

También se presentó un tal Eric Bocardi, “un panista de la alcaldía”, como menciona Santiago, que condicionó su apoyo si se dejaba de politizar el desalojo.

En ese lapso de tiempo las familias afectadas se comenzaron a movilizar y a cerrar avenidas como manera de presión, pero la única respuesta que han recibido son agresiones y hostigamiento por parte de quienes buscan apoderarse del inmueble.

“Nos han amenazado de muerte; pasan carros y nos gritan cosas. Desde adentro, hombres nos dicen que nuestras cabezas tienen precio. Ya lo hicimos llegar a las autoridades, pero dicen que no están en sus competencias. Los únicos que se solidarizan son organizaciones civiles: los de las 40 horas, la banda antigentrificación, anarquistas, estudiantes y el Bloque Urbano Popular; han hecho patrullajes y han sido amenazados con pistolas.”

Y finaliza: “Ya nos defraudaron una vez. Lo que vamos a hacer, si no recibimos una respuesta contundente, es que somos capaces de convocar un plantón indefinido para joder las vialidades. Si les importa que la gente se quede sin casa, no nos importa que se joda la infraestructura de la ciudad.”