El 8 de marzo de 2019, durante un acto por el Día Internacional de la Mujer en Ahome, Sinaloa, una agente de la Policía Preventiva tomó el micrófono, era Dignora Valdez, y frente a autoridades municipales y compañeras de corporación habló sobre las condiciones de trabajo de las mujeres policías. Pidió que la equidad de género “no fuera una simulación”, que existiera igualdad de oportunidades, de mando y de prestaciones.
“Ya basta de que nos usen como edecanes para embellecer los eventos y nos olviden el resto del año”, expresó.
Al día siguiente, la agente fue sancionada con 36 horas de arresto por una presunta falta a sus servicios laborales el mismo día del evento.
Cuatro años después, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) concluyó que esa sanción fue arbitraria y que se trató de una medida aplicada sin procedimiento previo ni derecho de audiencia.
De acuerdo con la Recomendación 8/2024 emitida por la CEDH, el arresto de Dignora Valdez derivó en una serie de actos que la afectaron dentro de la institución.
El organismo acreditó que tras aquella sanción se presentaron conductas de hostigamiento, exclusión y amenazas en su entorno laboral. En la resolución se documenta que la agente fue etiquetada como “no deseada” en distintas áreas, se le retiraron funciones y se cancelaron actividades que impulsaba como parte de su trabajo.
La CEDH señaló que estos hechos constituyeron violencia institucional y laboral, ejercida de manera sistemática, y que se produjeron después de sus manifestaciones públicas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres dentro de la corporación.
Compañeros policías, incluyendo altos mandos, se dirigieron hacia Valdez de manera despectiva a través de burlas, comentarios hostiles y humillantes, y hasta amenazas.
“Me encontraba trabajando como agente de la policía municipal, cuando unos compañeros de trabajo de la misma corporación me dijeron que me calmara, porque si no lo hacía me iban a desaparecer o que me podía pasar algo”, señaló Valdez.
“Como si me estuvieran mandando un mensaje subliminal mis superiores”.
El expediente, del cual ESPEJO cuenta con una copia, indica también que la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, instancia encargada de dirimir conflictos internos, participó en varios de los procedimientos administrativos contra Valdez, pese a que debió ser un órgano imparcial.
La CEDH observó que durante esos procesos no se le notificó formalmente de las imputaciones, no se le permitió ejercer una defensa adecuada y no se le comunicaron los fundamentos jurídicos de las resoluciones.
En 2022, dicha Comisión determinó darla de baja definitiva. Posteriormente, la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Ahome revisó el caso y revocó la resolución, al considerar que se había actuado con irregularidades y sin respeto al debido proceso.
Sí, fue violencia de género contra Dignora Valdez
Lo que hizo el Ayuntamiento de Ahome, encabezado por Gerardo Vargas Landeros, se enmarca en un contexto de violencia de género en el ámbito laboral, sustentado en relaciones desiguales de poder.
La resolución indica que los actos contra Valdez se desarrollaron de forma sistemática y escalonada desde marzo de 2019, incluyendo el arresto, el traslado de área, la simulación de un nombramiento público en el que se le nombró como coordinadora de género, el cual sirvió solamente para mostrar al Ayuntamiento como un gobierno incluyente, aunque luego se le dió de baja.
“Estas acciones generaron inestabilidad y un impedimento para el pleno cumplimiento de sus funciones y aspiraciones dentro del ámbito laboral”, señaló la CEDH.
Dignora Valdez siguió como defensora de los derechos de las mujeres policías tras haber sido dada de baja, asegurando que lo que ella sufrió ha sido generalizado con más compañeras.
La CEDH puso énfasis en funcionarios como Gerardo Vargas Landeros y Julio César Romanillo Montoya, alcalde y director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Ambos funcionarios son señalados de haber cometido violaciones sobre la libertad personal, el debido proceso, hostigamiento laboral, la igualdad y la vida libre de violencia.
El Ayuntamiento de Ahome debe ahora reconocer a Dignora Valdez como víctima y garantizar la reparación integral del daño, iniciar procedimientos administrativos contra los servidores públicos involucrados e implementar programas de capacitación en derechos humanos y violencia de género para el personal policial y de la Comisión de Honor y Justicia.
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