México atraviesa una de las peores crisis agroalimentarias en más de cuatro décadas. Los productores de maíz, base de la dieta nacional y de la identidad rural, enfrentan un escenario inédito de altos costos, bajos precios y ausencia de políticas públicas efectivas. La combinación ha provocado lo que especialistas ya llaman “la tormenta perfecta” del campo mexicano.
De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), los costos de producción del maíz blanco, cultivo emblema de Sinaloa, aumentaron 47% en cinco años, pasando de $35,984 por hectárea en el ciclo de siembra 2020-2021 a $52,901 en el ciclo 2025-2026, mientras los márgenes de rentabilidad cayeron del 50% al 12%. Producir cuesta más, pero vender deja menos.
“La combinación de costos elevados, precios bajos y la falta de certidumbre está erosionando la viabilidad productiva del país”, advierte el informe El Campo sin Brújula (GCMA, 2025).
Un campo fragmentado
El Censo Agropecuario 2022 muestra que de las 3.5 millones de unidades productivas dedicadas a granos y oleaginosas, 82% tienen menos de cinco hectáreas y apenas 6.1% accede a crédito.
México produce con millones de pequeños agricultores que cultivan sin seguro, sin financiamiento y con rendimientos tres veces menores que los grandes productores.
Sin embargo, la política pública vigente, encabezada por los programas Precios de Garantía, Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar, no distingue entre zonas, rendimientos ni tamaños de productor.
El resultado es una estructura fragmentada, donde los pequeños productores reciben apoyos sociales que no mejoran su productividad, y los medianos, que concentran la mayor parte del volumen comercial, quedan fuera de todo esquema.
Hasta 2018, el campo contaba con instrumentos como el Ingreso Objetivo y la Agricultura por Contrato, que aseguraban un precio y comprador desde la siembra. Con su desaparición, los productores quedaron expuestos a la volatilidad internacional: los precios del maíz cayeron 32% desde 2022, los del trigo más del 50%, y los apoyos actuales ya no garantizan rentabilidad ni certidumbre.
En 2025, el precio de garantía del maíz bajó 15.5%, de $7,075 a $6,000 por tonelada, mientras los costos de fertilizantes y energía se dispararon.
El esquema, diseñado para beneficiar a los más pequeños, no cubre a los productores medianos y concentra su aplicación en Sinaloa, dejando fuera al sur y sureste del país.
La paradoja del país maicero
México, cuna del maíz, solo produce el 49% del grano que consume.
En 1994, el índice de autosuficiencia alimentaria era del 72%; hoy, en 2025, apenas alcanza 42%. El resto llega de Estados Unidos a precios fijados por el mercado internacional. La dependencia alimentaria ya no es un riesgo: es una realidad.
La pérdida de soberanía productiva tiene consecuencias sociales y geopolíticas: mientras las comunidades rurales se vacían por falta de oportunidades, la mesa mexicana depende cada vez más de importaciones y de decisiones ajenas.
Los especialistas consultados por GCMA sostienen que México necesita recuperar una visión productiva, no asistencialista, con políticas diferenciadas según tamaño de productor y región.
Entre las propuestas planteadas destacan:
- Restablecer esquemas de Agricultura por Contrato e Ingreso Objetivo.
- Subsidios de hasta 75% en coberturas de precios.
- Inversión en tecnología, infraestructura y logística.
- Programas que consideren indicadores económicos, inflación, tipo de cambio y precios internacionales.
“Si no se actúa para reorientar las políticas agroalimentarias en pro de la productividad y la certidumbre, la dependencia de importaciones seguirá creciendo”, concluye el reporte.
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