Por Parker Asmann

Las detenciones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México cayeron en 2025 a su nivel más bajo en más de cuatro décadas, golpeando a una industria del tráfico de migrantes que había sido una de las principales fuentes de ingresos para los grupos del crimen organizado.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos interceptaron al menos 238.000 migrantes durante el año fiscal, que comenzó en octubre de 2024 y terminó el 30 de septiembre, según datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (US Customs and Border Protection, CBP).

Esto representa una caída de casi el 85% respecto a los 1,5 millones de migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos durante el año fiscal 2024. Solo dos años antes, en 2022, las autoridades estadounidenses habían registrado un récord de 2,2 millones de detenciones a lo largo de la frontera con México.

Aunque las cifras generales se han reducido, la mayoría de los detenidos siguen siendo ciudadanos de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, según los datos oficiales.

Antes de que el presidente Donald Trump regresara al poder en enero, el tráfico de migrantes y las economías criminales asociadas —como el secuestro y la extorsión— eran, posiblemente, los negocios más lucrativos para los grupos de crimen organizado en México. Algunos expertos estimaban que las ganancias rivalizaban, e incluso superaban, las del tráfico internacional de drogas.

Pero la agresiva campaña de Trump para reducir la migración y expulsar a los migrantes de Estados Unidos ha tenido un profundo impacto en los flujos migratorios y en las actividades de contrabando. Para agosto de 2025, el Centro Robert Strauss de Seguridad Internacional y Derecho de la Universidad de Texas en Austin estimó que había unos 6.600 migrantes viviendo en ciudades fronterizas mexicanas. A nivel nacional, las autoridades de migración mexicanas calcularon que unas 125.000 personas se encontraban en situación migratoria “irregular”.

Análisis de InSight Crime

Aunque el negocio del tráfico de migrantes hacia Estados Unidos está cambiando, aún hay grandes grupos de personas varadas en México, expuestas a los grupos criminales.

El gobierno de Trump ha cerrado el proceso de solicitud de asilo, mientras que México ha endurecido los requisitos para acceder a algún tipo de estatus regular que les permita permanecer en el país. Esto ha bloqueado el acceso de los migrantes al mercado laboral formal y los ha dejado tan vulnerables como antes —o incluso más— ante los ataques del crimen organizado.

De hecho, el 73% de los migrantes encuestados por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hasta septiembre de 2025 afirmó no tener documentos migratorios o de asilo que les permitieran permanecer en México, según datos obtenidos a partir de cerca de 1.500 entrevistas a 3.000 personas de más de una docena de países.

Entre quienes fueron entrevistados en el norte de México, más de la mitad dijo haber sido víctima de algún delito, principalmente secuestro, aunque también de robos y extorsiones. En ciudades fronterizas dominadas por grupos criminales —como Ciudad Juárez—, las redes delictivas que antes dependían del tráfico de migrantes ahora recurren al secuestro de quienes quedaron varados, así como de residentes locales, para generar ingresos.

“Los grupos criminales evolucionan, se adaptan y responden a las dinámicas del mercado”, explicó Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America, WOLA). “Así que, aunque haya menos migrantes intentando cruzar la frontera, los que están en México han pasado de ser extremadamente vulnerables a absolutamente vulnerables”.

Esto se debe a que las dificultades para obtener estatus legal en México hacen cada vez menos probable que los migrantes denuncien los crímenes de los que son víctimas a manos de grupos criminales o funcionarios corruptos. Esto aplica especialmente para delitos como la extorsión, que ha crecido en los últimos años y presenta una de las tasas de subregistro más altas del país.

“Es muy raro que los delitos cometidos contra ellos sean investigados y llevados ante la justicia”, dijo Brewer a InSight Crime.

Imagen principal: Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos conduce a lo largo de la frontera sur en Arizona. Crédito: Parker Asmann.