Culiacán, Sin.- La directora de Iniciativa Sinaloa A.C., Marlene León Fontes, consideró que el presunto sobreprecio en la compra de despensas por parte de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) representa posibles faltas graves e incluso delitos, como colusión o abuso de funciones, que deben ser investigados por las autoridades anticorrupción.

“Nos parece grave que se estén realizando este tipo de contrataciones con posibles actos irregulares como sobreprecios. Nos preocupa mucho que esto esté afectando al erario público en un contexto de crisis de violencia, donde se pretende beneficiar a personas desplazadas”, expresó León Fontes en entrevista para ESPEJO.

 

La representante de la organización civil, que por años ha monitoreado la transparencia del gasto público en Sinaloa, advirtió que el caso refleja cómo la corrupción afecta directamente a las víctimas y a los grupos vulnerables, en este caso personas desplazadas por la violencia.

“Si antes con una despensa de menor costo se podía beneficiar a más de 60 mil personas, ahora con la compra a sobreprecio se redujo el alcance del programa. Es un impacto directo a los derechos alimentarios”, señaló.

 

El pronunciamiento surge luego de queESPEJO documentó que cada paquete alimentario fue adquirido en 320 pesos, aunque su valor real en el mercado ronda los 240, lo que implica una diferencia de 80 pesos por unidad y un posible sobrecosto superior a tres millones de pesos.

La licitación pública nacional GES 04/2025 fue adjudicada a la empresa Berries Company S. de R.L. de C.V., que ha recibido más de 300 millones de pesos en contratos con dependencias estatales como DIF Sinaloa, DIF Culiacán y la propia SEBIDES. Su apoderada legal, Martha Idania Ramírez Rueda, reconoció firmar los contratos y armar los paquetes alimentarios, aunque dijo desconocer el domicilio actual de la compañía.

Ante este panorama, Iniciativa Sinaloa exigió una revisión exhaustiva del proceso de contratación y la rendición de cuentas de la dependencia estatal.

“Debe hacerse una revisión de por qué se contrató a una sola empresa, por qué no se amplió el plazo para recibir más propuestas. En Sinaloa hay muchos comerciantes locales que pudieron haber armado las despensas a menor costo”, apuntó León Fontes.

 

La directora consideró que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción debe retomar su papel de vigilancia y emitir un exhorto a SEBIDES para rendir cuentas, mientras que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía Anticorrupción deben atraer el caso para determinar responsabilidades.

Ya que, en base al análisis realizado por este medio, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) y la Secretaría de Administración y Finanzas, pudo cometer faltas graves e incluso delitos, que deben ser investigados para así sancionar a los responsables.

Así mismo, León Fontes alertó también sobre el uso de posibles prestanombres en contrataciones públicas, una práctica que, dijo, afecta la confianza de la ciudadanía hacia la autoridad y pone en duda la integridad de los procesos de compra.

“Puede parecer poco cuando se habla de 320 pesos por despensa, pero cuando sumas 40 mil unidades y ves que el sobrecosto supera los tres millones, te das cuenta del impacto real que tiene este tipo de decisiones. Son afectaciones hormiga al erario público que, en conjunto, terminan afectando a las personas que necesitan el apoyo”, subrayó.

 

Para la directora de Iniciativa Sinaloa, este caso es un ejemplo claro de cómo la corrupción puede invisibilizar a las víctimas y vaciar el sentido social de las políticas públicas.

“SEBIDES realiza una labor noble al atender a grupos vulnerables, pero aprovecharse de esa nobleza para beneficiarse a sí mismos no se vale. Las autoridades no deben usar las crisis para lucrar con ellas”, concluyó.

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