CPC ve posibles irregularidades en compra de despensas para desplazados en Sinaloa

Culiacán, Sin.- La presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Lucía Irene Mimiaga León, consideró que el presunto sobreprecio en la compra de despensas por parte de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) es un tema que debe ser revisado a fondo por las autoridades estatales y federales, pues existen indicios de irregularidades administrativas, fiscales y de control en la contratación pública.

“Es un tema preocupante, sobre todo porque los beneficiarios finales son personas vulnerables. Siempre los delitos de corrupción terminan impactando a los más pobres”, declaró Mimiaga en entrevista para ESPEJO.

El pronunciamiento se da luego de que este medio documentó que cada paquete alimentario adquirido por SEBIDES costó 320 pesos, aunque su valor real en el mercado ronda los 240 pesos, lo que representa una diferencia de 80 pesos por unidad y un posible sobrecosto superior a tres millones de pesos.

La licitación pública nacional GES 04/2025 fue adjudicada a la empresa Berries Company S. de R.L. de C.V., que acumula más de 300 millones de pesos en contratos con dependencias como el DIF Sinaloa, el DIF Culiacán y la propia SEBIDES. Su apoderada legal, Martha Idania Ramírez Rueda, reconoció ser quien firma los contratos y arma los paquetes, aunque dijo desconocer el domicilio donde opera la empresa.

Para Mimiaga, los hallazgos periodísticos de ESPEJO deben activar mecanismos institucionales de investigación, comenzando por el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, instancia responsable de vigilar las adquisiciones públicas.

“El gobierno no debe nunca comprar a sobreprecio, porque hablamos de una afectación directa a las finanzas públicas. La ley de adquisiciones es muy clara: las dependencias están obligadas a revisar la calidad y el precio de lo que compran. Si aquí hubo omisiones, se trata de una posible irregularidad”, sostuvo.

La presidenta del CPC subrayó que la Secretaría de Transparencia debe determinar si la licitación se realizó conforme a la ley y si se cumplieron los requisitos de investigación de mercado, un paso obligatorio para garantizar precios justos y competitivos.

“Si ustedes, como periodistas, pudieron hacer una investigación de mercado sencilla, con más razón el gobierno debe hacerla. Ellos tienen toda una estructura para verificar precios y constatar que se compra a valores reales”, puntualizó.

Mimiaga también llamó la atención sobre el posible componente fiscal del caso, luego de que se constató que en el domicilio declarado de la representante legal de Berries Company opera un negocio de uñas, sin relación con el giro de distribución de alimentos.

“Eso es gravísimo y podría constituir una falta ante el SAT. Si una empresa factura al Gobierno del Estado por un servicio para el que no está registrada, estamos ante una posible ilegalidad fiscal”, advirtió.

Agregó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también podría intervenir, ya que el caso sugiere posibles inconsistencias en los giros fiscales y la autenticidad de los proveedores, lo que abre la posibilidad de empresas fachada o prestanombres.

“Sabemos que la corrupción no es una persona; son redes. Muchas veces detrás de estos proveedores hay funcionarios o intermediarios con conflictos de interés. Por eso es tan importante transparentar quiénes están detrás de las empresas y quiénes las certifican”, explicó.

Mimiaga destacó que el Sistema Estatal Anticorrupción tiene las herramientas para actuar, pero señaló que aún faltan compromisos reales para evitar que se repitan prácticas irregulares como las que el periodismo ha documentado desde hace años: licitaciones amañadas, domicilios inexistentes y proveedores sin capacidad operativa.

La titular del CPC anunció que el tema será revisado en el seno del Comité y que se podría emitir un exhorto formal a las instancias involucradas para solicitar una explicación pública sobre el proceso de contratación.

“El gobernador debe poner orden y asegurar que las adquisiciones se hagan con transparencia. Aquí no solo está en juego la legalidad, sino la confianza ciudadana”, concluyó Mimiaga León.