Culiacán, Sinaloa.- Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de Sinaloa, señaló como irresponsable el llamado que ha hecho la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) a familias desplazadas para que regresen a sus comunidades de origen.

Señaló que la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, indica que antes de promover el retorno, se debe hacer un estudio donde se determine si las causas que provocaron el desplazamiento ya no existen. Además, éste estudio se debe dar a conocer a la mesa intersecretarial en donde participan dependencias estatales, organizaciones de desaparecidos y la propia CEDH.

“Hay una medida que se ha tomado, que yo he insistido hasta el cansancio que no debe hacerse. Han estado invitando a la gente al regreso. Incluso ayer salió una declaración de Maria Inés ( titular de SEBIDES) que han regresado 274, y eso falta al artículo 25 de la ley para atender los desplazamientos internos”, dijo.

 

El artículo 25 de dicha ley señala:

“El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus responsabilidades, facilitarán el retorno voluntario, seguro y digno de las personas desplazadas, cuando la Comisión Intersecretarial prevista en el artículo 45 de esta Ley, emita un informe en el que establezca la inexistencia de motivos que provocaron el desplazamiento. 

El informe garantizará, al menos, las siguientes condiciones: 

I. De seguridad y libertad de movimiento;

II. De alimentación, agua, vivienda, cuidados de salud y educación;

III. De acceso al empleo o medios de vida;

IV. De restitución de vivienda, tierras y otros bienes patrimoniales;

V. De acceso a documentación personal; VI. De reunificación familiar;

VII. De participación en asuntos públicos; y 

VIII. De acceso a la justicia y reparación del daño. 

Dicho informe será elaborado por la Secretaría General de Gobierno y puesto a consideración de las personas desplazadas, pero, aunque resulte de su satisfacción, su retorno, deberá contar en todo momento con las medidas de protección suficientes” 

De no acatar lo señalado por la ley, Loza Ochoa explicó que está el riesgo de muerte para las personas que regresan, tal como ha ocurrido en otros periodos de tiempo.

“La primera que registramos allá desde el 2009 al 2012, nosotros al menos registramos ocho homicidios, entre ellos el de una familia compuesta por esposo, esposa y una niña, una bebé, que regresaron a invitación del gobernador de aquel entonces”, dijo.

 

Con el llamado que hacen las autoridades, agregó, se vuelve a poner en riesgo a las familias, por lo que no se debe pensar en que sale más barato que regresen a seguir otorgando despensas o apoyos.

En este sentido, en relación a las despensas entregadas a personas desplazadas, compradas a un precio presuntamente inflado que ESPEJO hizo público a través de un trabajo periodístico, Loza Ochoa señaló que hay dependencias que deben darle seguimiento a esta situación para aclarar la compra y deslindar responsabilidades.

“Si hay esa irregularidad yo espero que sea auditada de manera muy minuciosa para que quede muy claro”, dijo.

 

Recordó errores cometidos por administraciones pasadas  en la entrega de despensas a familias desplazadas. En alguna ocasión, mencionó, en el municipio de Sinaloa ocurrió que las despensas fueron enviadas a las comunidades de donde la gente había huído, por lo que el apoyo quedó en manos de los responsables del desplazamiento. En otro momento, personas desplazadas de Badiraguato y Mocorito fueron invitadas a regresar a sus hogares y se supo al menos de tres personas que fueron desaparecidas al volver.

“Es una irresponsabilidad regresar a la gente si allá no se ha terminado”, dijo.

 

Finalmente, señaló que se debe seguir lo que dicta la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y aprender de experiencias de otras regiones como Colombia.

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