Culiacán, Sin.- El malestar entre las comunidades de personas desplazadas por la violencia en Sinaloa crece tras conocerse que las despensas adquiridas por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) podrían haber sido compradas a un precio superior al del mercado, de acuerdo a una investigación de ESPEJO.

Cada paquete alimentario costó 320 pesos, conforme lo que se describió en la licitación GES 04/2025, aunque su valor al menudeo en supermercados ronda los 240 pesos, lo que representa un sobrecosto de alrededor de 80 pesos por unidad si se midiera al menudeo, lo que se traduce en un posible excedente de más de tres millones de pesos.

La licitación pública nacional GES 04/2025 fue adjudicada a la empresa Berries Company S. de R.L. de C.V., que acumula más de 300 millones de pesos en contratos con dependencias como el DIF Sinaloa, DIF Culiacán y la propia SEBIDES. Su apoderada legal, Martha Idania Ramírez Rueda, reconoció ser quien firma los contratos y arma los paquetes alimentarios, aunque dijo desconocer el domicilio donde actualmente opera la empresa.

Para líderes de desplazados, el hecho no sorprende, pero sí indigna. Joel Martín Leyva Cervantes, representante de familias desplazadas en la zona centro, recordó que desde hace siete años reciben apoyos de manera irregular y con poca transparencia.

“Los dineros y apoyos que nos están llegando últimamente ahí sí no sé muchas veces qué pasa con ellos… es el mismo clamor de los compañeros desplazados: ¿dónde quedan esos dineros?”, cuestionó.

 

Leyva Cervantes aseguró que, aunque las despensas han sido el apoyo más recurrente, el recurso destinado a este sector debería invertirse en soluciones de fondo como vivienda y servicios básicos, por lo que, de haber un mal uso del recurso sería una falta de respeto para quienes sufren la agonía de haber dejado sus hogares para pasar carencias.

“Lo que está destinado a los desplazados, debe ser empleado en los desplazados. No se vale que sigamos sufriendo porque el gobierno no apoya a los lugares de donde fuimos expulsados, es un martirio esto”, señaló.

 

En la misma línea, Esperanza Hernández Lugo, desplazada del municipio de Sinaloa desde 2012, denunció que el presupuesto anual de 75 millones de pesos para atender a la población desplazada se esfumó entre despensas, catres y ventiladores, sin que se realizaran obras de agua, luz o drenaje.

“Nos dijeron que el presupuesto ya se terminó, que se fue en puras despensas, ventiladores y catres. Pero los productos son de mala calidad, no traen letras, ni nada, ni sal ni azúcar traen, que son tan indispensable es una cocina”, lamentó.

 

Hernández también acusó que las despensas se reparten incluso entre personas que no forman parte del censo oficial de desplazados o que fueron incluidos en un pre-registro sin ser víctimas del desplazamiento forzado.

“Se hizo un censo por parte de la Secretaría de Bienestar, o mejor dicho, de Malestar, con personas que nada tenían que ver con los desplazados, y aun así se les convocó. Al principio, cuando empecé a señalar que no eran personas desplazadas, ellas decían que el registro todavía no estaba aprobado y que no tenía por qué molestarme, porque era un preregistro sin validez. Entonces, dígame usted, ¿por qué les dan las despensas?”, afirmó.

 

Finalmente, Esperanza Hernández señaló la importancia de denunciar estos casos que afectan directamente a los desplazados, ya que los recursos etiquetados para atender esta crisis humanitaria, que lleva más de una década, no deben diluirse en alimentos básicos sobrevaluados y una política asistencialista que no resuelve el problema de fondo.

“Ya no es solo lo que yo digo, sino que ahora están ustedes de por medio, con pruebas que no se pueden refutar.”, concluyó.

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