Culiacán.- El jueves en la noche trascendió un abrupto movimiento al interior del gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya. Tres titulares de secretarias de estado anunciaron su salida, entre ellos dos funcionarios que han estado en medio del escándalo en los últimos días.
El primero de ellos, el ahora ex secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas, donde en el último año han desaparecido 4 personas en incidentes relacionados con dos centros nocturnos de su propiedad.
La fiscal de Durango, Sonia de la Garza, asegura que el crimen organizado opera en los antros de Mazatlán, y todo apunta a que Velarde Cárdenas deberá rendir cuentas.
El 5 de octubre pasado, Carlos Emilio, un joven duranguense de 21 años, fue desaparecido mientras vacacionaba junto con algunos familiares en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Lo vieron por última vez en la madrugada del mismo día, en el antro Terraza Valentinos, luego de que dijera a sus acompañantes que entraría al baño.
Un mes antes, el 4 de agosto, Danna Fernanda, de 22 años, Gonzalo Ismael de 23 y Rodolfo de 24, todos originarios de Culiacán, desaparecieron después de un altercado en el bar Cotorritos.
En cuanto a la ex titular de la SEBIDES, María Inés Pérez Corral, una reciente investigación periodística de ESPEJO reveló que Secretaría de Administración y Finanzas pagó 12.8 millones de pesos a la empresa Berries Company S. de R.L. de C.V. por 40 mil despensas armadas a sobreprecio.
Sin embargo, las despensas fueron solicitadas por Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (SEBIDES), para otorgarlas a personas o familias en situación de vulnerabilidad, como a desplazados, indígenas y en pobreza o pobreza extrema.
Cada despensa costó por lo menos hasta 80 pesos más. Es decir, se gastó hasta 3.2 millones de pesos de más.
ESPEJO verificó la compra de las despensas a precio menudeo en cuatro establecimientos distintos, encontrando que el costo real de los productos ronda los 240 pesos. Las secretarías adjudicaron el contrato en 320 pesos por cada despensa armada.
Sobre este tema, el malestar entre las comunidades de personas desplazadas por la violencia en Sinaloa crece tras conocerse que las despensas adquiridas por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) podrían haber sido compradas a un precio superior al del mercado, de acuerdo a una investigación de ESPEJO.
Para líderes de desplazados, el hecho no sorprende, pero sí indigna. Joel Martín Leyva Cervantes, representante de familias desplazadas en la zona centro, recordó que desde hace siete años reciben apoyos de manera irregular y con poca transparencia.
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