Miles de productores agropecuarios de más de 20 estados del país salieron a las calles este 27 de noviembre para exigir atención urgente a la grave crisis que enfrenta el campo mexicano. Las marchas y manifestaciones simultáneas representan un llamado de alerta al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión, en momentos en que se discute el Presupuesto de Egresos 2026.
De acuerdo con análisis del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), los costos de producción agrícola se han incrementado más de 46% en los últimos cinco años, mientras que los precios internacionales de los granos maíz, trigo y soya han
caído entre 30% y 50% desde los máximos de 2022.
El resultado ha sido un colapso de la rentabilidad: en el caso del maíz blanco, el margen promedio nacional ha pasado de más del 50% en 2022 a apenas 12% en 2025. Casos similares se observan en trigo panificable y sorgo, lo que amenaza la viabilidad de miles de productores medianos y grandes que abastecen más del 75% del mercado nacional y de exportación
Un mercado sin certidumbre para el productor
El mercado agroalimentario se rige por la oferta y la demanda, pero los productores reclaman certidumbre ante la volatilidad internacional. La desaparición de instrumentos como el Ingreso Objetivo, la Agricultura por Contrato y los esquemas de Cobertura de Precios ha dejado sin protección a la mayoría de los productores comerciales.
Estas herramientas deben restablecerse para ofrecer seguridad en la planeación, venta y rentabilidad de las cosechas. Además, se requiere revisar los márgenes de intermediación a lo largo de la cadena, desde el acopio hasta el consumidor final, para garantizar una distribución más equitativa del valor generado.
Inseguridad y abandono institucional
A la crisis económica se suma la creciente inseguridad rural. En muchas regiones del país, los productores enfrentan extorsiones, cobros de derecho de piso y amenazas, lo que genera pérdidas, paraliza la inversión y pone en riesgo la vida de los líderes agrarios.
Los manifestantes demandan medidas concretas de seguridad y protección que devuelvan la confianza al campo mexicano y permitan producir sin miedo.
Competencia desigual y exclusión de apoyos
Los productores mexicanos enfrentan una competencia desleal frente a los socios comerciales del T-MEC, cuyos gobiernos otorgan financiamiento, seguros, precios mínimos y coberturas de precios. En México, los programas de apoyo se concentran en productores de menos de 5 hectáreas, que aportan solo 22% del volumen nacional, excluyendo a los medianos y grandes, responsables de más del 75% de la producción que abastece el mercado interno y de exportación
Además, la dependencia alimentaria va en aumento. México solo produce el 42% de los granos y oleaginosas que consume, y en el caso del maíz, apenas el 49%. De no apoyar a los productores nacionales, la dependencia de importaciones aumentará, comprometiendo la seguridad alimentaria y la soberanía productiva del país.
Llamado al Congreso y al Gobierno Federal
El movimiento campesino hace un llamado a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para que, durante la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, se reasigne un incremento mínimo de 35 mil millones de pesos al sector agropecuario, especialmente a los programas de acopio, comercialización, financiamiento y aseguramiento agrícola.
Solo mediante una política pública integral, moderna e incluyente, se podrá recuperar la productividad, la rentabilidad y la seguridad alimentaria nacional.
Las movilizaciones del 27 de noviembre son un llamado urgente para salvar al campo mexicano. El país enfrenta una “tormenta perfecta” de altos costos, bajos precios, inseguridad y políticas excluyentes. Sin rentabilidad no hay producción, sin producción no hay alimentos, y sin alimentos no hay país.
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