Culiacán, Sin.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del estado, María Teresa Guerra Ochoa, reconoció que la homologación de la Ley General de Transparencia es un tema pendiente.
Sin embargo, adelantó que no está considerado destinarle recursos públicos a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) en 2026.
“Es algo te traemos pendiente y la verdad en ese sentido sí hemos estado fuera de tiempo. Hubo un mandato con una reforma constitucional federal y es algo que hemos pospuesto”, explicó.
La diputada de Morena señaló que este tema ha generado controversia al interior de la Junta de Coordinación Política, ya que no hay coincidencia por dónde transitar.
Dijo que si bien hay un mandato federal, no se han puesto de acuerdo entre los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios, lo que ha llevado a posponer la homologación.
“¿Cuáles es la temporalidad? Tenemos un presupuesto para que CEAIP funcione 2025, pero no tenemos un presupuesto para 2026”, mencionó.
“En noviembre, tenemos que analizar esta temática, tomar la determinación, hacer el ajuste en la reforma constitucional y en la reforma a las leyes secundarias”, precisó.
Lo que sí está claro, continuó la diputada, es que a principios de diciembre, antes que llegue el presupuesto de 2026, se tiene que tener contemplado por dónde transitar en cuanto a la inminente desaparición de la CEAIP.
¿Qué viene para Sinaloa en materia de transparencia?
Tras las recientes reformas en materia de transparencia a nivel nacional y la obligación del Estado de armonizar su legislación local con estas nuevas disposiciones que debilitan la autonomía de los órganos de acceso a la información, Sinaloa se encuentra ante un cambio profundo en la manera en la que se ejerce el derecho a la información.
Frente a ello, organizaciones civiles e integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, se encuentran preparando una propuesta de iniciativa que, si bien no revierte la pérdida de autonomía, busca mitigar sus efectos mediante mecanismos de transparencia proactiva y autoridades garantes descentralizadas con autonomía operativa.
Autoridades garantes
De acuerdo con el análisis legislativo realizado por ESPEJO, Sinaloa enfrentará diversos cambios en materia de transparencia, especialmente en la autonomía, la conformación de los órganos responsables del acceso a la información y en la forma en la que se gestionan y supervisan las solicitudes de acceso a la información.
Por ejemplo, de acuerdo a la ley vigente de transparencia, es la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) el organismo responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. En cambio, ante la reforma nacional éste organismo tiene sus días contados y su tarea recaería en manos de “la autoridad garante estatal o local”, un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo.
Este órgano sería el enlace con la autoridad federal llamada Transparencia del Pueblo, y se encargaría de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados.
Ante este panorama, la propuesta ciudadana plantea la creación de autoridades garantes descentralizadas con autonomía técnica y operativa, divididas por poderes, municipios y organismos autónomos. En este caso, los Órganos Internos de Control (OIC) de las instituciones podrían pasar a ser las nuevas autoridades garantes o asumir algunas de sus funciones.
Entre sus atribuciones estaría el dar a conocer y resolver recursos de revisión interpuestos por la ciudadanía ante las resoluciones de sujetos obligados, imponer medidas de apremio y sanciones, promover y difundir el ejercicio de los derechos de acceso a la información, entre otras.
De esta manera, el Comité Estatal de Transparencia se integrará con los titulares de las autoridades garantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, Poder Legislativo, cada uno de los órganos constitucionales autónomos, los ayuntamientos, el consejo consultivo (cuya opinión no es vinculante) y un representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa.
Con información de Alexandra Figueroa
Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.