Culiacán, Sin.- A más de una semana de que ESPEJO revelara que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa pagó 12.8 millones de pesos a la empresa Berries Company S. de R.L. de C.V. por 40 mil despensas armadas a sobreprecio, el caso continúa abierto y sin una respuesta clara sobre si se tomarán acciones.
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción afirmó que el tema sigue vigente y que será este jueves cuando emitan un pronunciamiento oficial con propuestas y medidas de seguimiento.
La presidenta del CPC, Lucía Irene Mimiaga León, señaló que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) debe revisar el caso, ya que tiene la facultad de hacerlo al fungir como el Órgano Interno de Control del Gobierno estatal. Recordó que esta dependencia tiene que ser la primera instancia en detectar y prevenir posibles irregularidades administrativas.
“Es importante que lo analicen ahí, pero además hay otras instancias que lo pueden hacer, en este caso la Auditoría Superior del Estado (ASE). Si Transparencia señaló que no observa ninguna irregularidad, la auditoría sí puede revisar esa parte”, puntualizó Mimiaga.
La declaración surge luego de que la STRC respondiera a ESPEJO que no abriría una investigación sobre la compra de despensas, pese a las inconsistencias detectadas en los montos y a que la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social (Sebides) fue quien solicitó la adquisición.
Otro punto crítico es la ausencia del contrato en el sistema Compranet, donde hasta el momento no aparece publicado. Para Mimiaga León, esta omisión constituye una falta grave, ya que viola la Ley de Transparencia y restringe el acceso ciudadano a la información pública.
“Es una irregularidad, es violatorio a la ley porque el contrato tiene que estar en Compranet. Transparencia debe revisar qué sucedió. El documento nos permitirá conocer si el costo total incluye el servicio y embalaje o solo los artículos”, explicó.
El CPC adelantó que su posicionamiento buscará dar seguimiento institucional al caso, promover la rendición de cuentas y exigir la publicación de toda la información contractual.
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