Culiacán, Sinaloa.- Entre balaceras, robos y el temor a ser víctima de una desaparición, ir a clases en Culiacán se ha vuelto un acto peligroso, así lo reveló un estudio realizado por la psicóloga y doctora en educación, Jessica Ayón Zúñica, donde se expone que durante la crisis de violencia que se extiende por Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024, la comunidad escolar vive en un estado de ansiedad y abandono institucional.

Durante la presentación de su estudio en el Congreso Internacional de Violencias, 2025, la investigadora explicó que tras las 21 entrevistas a directivos, docentes, madres y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEPyC), se encontró que uno de los principales focos de ansiedad es el trayecto hacia la escuela debido a que la ciudad se ha convertido en un campo de batalla.

“¿Cuál es el principal resultado que tenemos hasta ahora? Que ir a la escuela es peligroso, esto debido a manifestaciones de alto impacto que se dan en la ciudad porque Culiacán es un campo de batalla en donde se están enfrentando dos grupos armados como resultado de una guerra”, dijo.

Una guerra, agregó, que a diferencia de las declaradas entre países, no tiene zonas seguras declaradas ni acceso a ayudas humanitarias, obligando a la población a vivir en medio de balaceras, asesinatos, helicópteros artillados, robos y con la presencia de punteros.

Abandono institucional

Otro de los hallazgos es el abandono institucional y la negligencia señalada por los participantes, quienes manifestaron que “nadie puede garantizarnos nuestra seguridad, ni gobierno, ni las fuerzas armadas y mucho menos la SEPyC”.

Y ante esta percepción de inseguridad, las familias han privatizado la seguridad, creando sus propios protocolos de supervivencia como no llevar a los hijos a clases cuando hay riesgo, no llevar la bolsa, no ver noticias, evitar circular por ciertos lugares y colocar la etiqueta de niños a bordo en el automóvil.

Entre las situaciones de violencia que han detectado dentro y cerca de las escuelas son: balaceras, consumo de drogas, reclutamiento forzado y cooptación, privación ilegal de la libertad, localización sin vida de personas, desplazamiento forzado de profesores, desplazamiento forzada de alumnos, amenazas a la comunidad escolar, vandalismo, presencia de punteros y  presencia o ausencia de elementos de seguridad pública.

Además, tras el análisis de las entrevistas y titulares de noticias locales, la investigadora indicó que también se identificó un contraste en el discurso oficial y la realidad escolar, pues mientras que de un lado las autoridades señalan que hay condiciones para llevar a los hijos a las escuelas, las familias y docentes indican que no han sido capacitados adecuadamente para actuar en situaciones de riesgo.

“Ellos (el discurso oficial) dicen que están trabajando, que están capacitando, que han abierto la mayoría de las escuelas, sin embargo, el discurso propio de los profesores y las madres de familia es otro, que dicen que no han sido capacitados adecuadamente, que son capacitaciones aisladas, que se hacen en línea, que no tienen nada que ver con la realidad o que simplemente son inexistentes”, dijo.

En este sentido, explicó que entre los protocolos y mecanismos de actuación localizados en las escuelas se encuentra la realización de simulacros, el incremento de la vigilancia, la aplicación de mecanismos de restricción de acceso y estrategias emergentes que no terminan por consolidarse en un protocolo local.

Mientras que, entre las adaptaciones académicas están las clases híbridas, las clases a distancia, el permitir el envío de trabajos de manera digital y otras estrategias que dependen de la flexibilidad del director o directora de la escuela.

“Si es un directivo que ejerce la autonomía frente a la SEPyC va a ser una escuela donde va  haber poco ausentismo escolar y donde los padres van a apoyar a esa escuela. En cambio, en donde el directivo ejerce una sumisión, pues ahí en ese caso los padres protestan y hay mucho ausentismo escolar”, explicó.

De la narcocultura a la narcoguerra

Jessica Ayón Zúñica explicó que en las entrevistas también se identificó un cambio en la forma en que la población de Culiacán nombra y entiende la violencia. En investigaciones anteriores se hablaba de la violencia como una consecuencia de la narcocultura o como parte de la identidad sinaloense, sin embargo, expresiones más recientes señalaron a la violencia como consecuencia directa de una narcoguerra.

“¿Qué fue lo que pasó a partir del 9 de septiembre? Hay un cambio radical en cómo se responsabiliza a ciertos sujetos de la violencia, ya no tiene que ver con la identidad, ya no tiene que ver con la narcocultura, sino que más bien la verdad ya se ve un cambio social que todo nos lleva a la expresión de la violencia como narcoguerra”, explicó.

Eso marca un cambio cultural que debe estudiarse, agregó, pues deja de verse a la violencia como parte de la identidad local a entenderse como el resultado de un conflicto armado que ha convertido a Culiacán en un campo de batalla donde ir a la escuela se ha vuelto un acto peligroso.

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