Ciudad de México.- Con la expedición de una nueva ley general, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca que la extorsión sea perseguida e investigada “de oficio” —es decir, que no se necesite de una denuncia formal para que las autoridades actúen—, pero al hacerlo sin un análisis específico del delito las autoridades quedarían “rebasadas”, advierten diversos expertos en seguridad pública.

Si bien coinciden en términos generales con la propuesta federal, explican que la falta de datos podría causar que las autoridades destinen recursos presupuestales, humanos y materiales que no alcancen a cubrir de manera suficiente este delito.
A pesar de lo anterior, este martes el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general un dictamen para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, propuesta que recibió el voto a favor de todos los partidos políticos.

Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo buscan combatir la desconfianza ciudadana y la burocracia, que se traducen en que la cifra oculta del delito de extorsión se estima en un 97 %, y proteger a las víctimas de este delito al implementar todo un sistema de denuncias anónimas.

Presentan y aprueban iniciativa sin un análisis específico de este delito

El lunes 20 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.

De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta surgió en respuesta al incremento sostenido de la extorsión y la falta de uniformidad legal en los códigos penales estatales, buscando establecer un tipo penal único aplicable a nivel nacional para tipificar y sancionar la extorsión con penas más severas y agravantes.

Para ello, propone reformas a múltiples leyes —incluyendo los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales— para fortalecer la coordinación interinstitucional, asegurar la persecución oficiosa del delito e implementar un régimen estricto penal para sentenciados, especialmente aquellos que operan desde centros penitenciarios.

En su iniciativa reconoció que las autoridades no cuentan con un análisis específico de este delito, al señalar que “la medición de este fenómeno delictivo suele ser una tarea compleja cuando no existen denuncias que permitan a las autoridades contar con toda la información necesaria para estudiar las modalidades que los grupos criminales utilizan para su ejecución”.

De acuerdo con el también consultor en programas de gobierno, esto es así porque, para implementar un nuevo marco jurídico como el que se pretende, las autoridades deben contar con un número de casos o incidencia específicos para asignar los recursos financieros, humanos y materiales necesarios.

“Al no tener datos, cabe la posibilidad de que las autoridades se vean rebasadas y que destinen recursos que no vayan a alcanzar. Que se vean rebasadas como ha ocurrido ya en otras coyunturas”, señala.

El especialista recuerda el caso de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años y taxista del estado de Veracruz, que fue localizada muerta en un presunto caso de cobro de piso o el caso de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán asesinado tras denunciar extorsiones del crimen organizado.

“En general la estrategia me parece bien, pero todavía no se ven resultados en tierra y sigue habiendo eventos de alto impacto o asesinatos que conmueven a la opinión pública. Creo que está tardando demasiado su instrumentación”, señala.

La persecución e investigación “de oficio” del delito de extorsión

En su iniciativa la presidenta Sheinbaum propone que el delito de extorsión sea investigado y perseguido de oficio, lo que a su consideración “facilitará la acción de la justicia y reducirá la exposición de quienes denuncian”.

Así, el Gobierno busca combatir la cifra oculta del delito de extorsión, es decir, la cantidad de ilícitos que no se denuncian ante las autoridades, que se estima fue de 96.7 en 2023 y del 97 % en 2024, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2025), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La misma encuesta señala que entre las principales razones por las que las víctimas optan por no denunciar (delitos en general) se encuentran motivos relacionados con la autoridad, al considerar que: “el trámite resulta una pérdida de tiempo debido a la excesiva burocracia, la desconfianza que existe en las instituciones, la actitud hostil de las autoridades hacia las víctimas y el temor de éstas a sufrir nuevas extorsiones”.

Para combatir este fenómeno propone la creación de todo un “andamiaje procesal y sancionatorio” que asegure “investigaciones eficaces, sanciones y una ejecución penal que desincentive e impida cualquier posibilidad de comisión o de reincidencia del delito”.

Por ejemplo, en materia de investigación busca establecer que “la policía actúe bajo el mando y conducción del ministerio público, con apoyo de personal pericial especializado y con acceso a mecanismos de inteligencia, así como técnicas de investigación bajo control judicial, como la intervención de comunicaciones o la revisión de información bancaria”.

Al respecto, sin bien el especialista confía en que las autoridades cumplirán su obligación de actuar en los casos antes mencionados bajo “control judicial”, critica que en la iniciativa no se establezca un mecanismo ante el cual los ciudadanos puedan presentar una querella si se llegan a sentir “invadidos” de manera incorrecta por la autoridad en su privacidad.

“No hay una instancia ante la cual pueda presentar una queja. Tampoco hay una medida de sanción en contra de servidores públicos que incurran en este tipo de irregularidades. De hecho, al día de hoy no conozco casos en donde la autoridad haya sido sancionada por haber violado la privacidad de un ciudadano y mira que hay muchos”, señala.

En cuanto a la persecución y sanción, la iniciativa propone fijar criterios para “individualizar la pena” (fijar una sanción específica a los presuntos delincuentes) atendiendo la gravedad del daño, las secuelas de la víctima y sus condiciones de vulnerabilidad, así como los medios a través de los cuales se realizó el delito.

Finalmente, en materia de ejecución penal, la iniciativa busca crear un “régimen estricto” para que quienes sean sentenciados por extorsión no tengan acceso a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de la pena, salvo en casos excepcionales de colaboración eficaz con la justicia.

Frenar a la impunidad: ¿cómo funcionará el sistema de denuncias anónimas?

La iniciativa también propone que cualquier persona que sufra una extorsión pueda presentar una denuncia anónima —sin necesidad de revelar su identidad—, utilizando mecanismos como el número 089.

La propuesta parte de considerar que, en muchos casos, la sola acción de denuncia coloca a las víctimas en un escenario de riesgo para su vida, patrimonio e integridad, así como a sus familias, lo que hace imperativo que el Estado asuma la carga de persecución penal.

“Por ello, este tipo de denuncias anónimas podrán formularse requiriendo únicamente la descripción de la forma en que se comete el delito y con ello el Ministerio Público deberá iniciar una carpeta de investigación en cuanto tenga conocimiento del hecho”, señala.

Y si bien indica que las autoridades podrán solicitar información adicional a las personas denunciantes para fortalecer las investigaciones, señala que la ratificación de la denuncia dejará de ser un requisito para que se inicie la carpeta de investigación correspondiente, lo que en voz de expertos puede ser favorable para proteger a las víctimas.

“En algunos casos, las víctimas de extorsión en diversos estados del país han presentado denuncias, sobre todo cuando son cometidas por grupos del crimen organizado o por carteles y se desisten de la denuncia frente a algún evento de alto impacto (…) pero si se persigue de oficio ya no se requiere esta denuncia y no se requiere que la víctima tenga que dejar sus datos”, señala.

Con su iniciativa, la presidenta Sheinbaum busca implementar un sistema de denuncias anónimas a través de la creación de un Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y una Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica.