Especial de *Diana Ávila Hernández para Raíchali

Pótam, Sonora. – Un grupo de mujeres de la tribu yaqui conversan en círculo bajo la ramada. Entre ellas se encuentra Martina Piña, luchadora yoeme nacida en este pueblo, quien actualmente representa a ochenta familias indígenas para solicitar el acceso a viviendas dignas.

En 2020, mediante el denominado Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, el gobierno federal comenzó la construcción de infraestructura básica en los pueblos de la tribu, principalmente casas, drenaje, pavimentación y la construcción de un Acueducto Yaqui, un proyecto hidráulico que dotara de agua potable a la tribu yoeme.

Sin embargo, doña Martina señala que estas obras fueron entregadas sin haberse concluido en su totalidad, en particular en Pótam, la segunda cabecera de los ocho pueblos yaquis.

La construcción de las casas o “pichoneras”, como les llama Martina por su tamaño reducido, no se concluyó. “No lo dudo que sí hay casitas preciosas, porque sí hay casas terminadas de todo a todo, pero les faltó nada más el piso, tienen piso de tierra. De ahí en fuera la mayoría no tiene su casa terminada”.

Por esa razón, Martina Piña se ha enfrentado a las autoridades de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en Sonora y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). “Primero el agarre fue en México. Estuve con Adelfo Regino de asuntos indígenas y estuve con Hugo Aguilar que desgraciadamente estuvo aquí.”

A Adelfo Regino, titular del INPI le correspondió operar el Plan de Justicia Yaqui, junto a su enconces coordinador de derechos indígenas Hugo Aguilar Ortiz, actualmente presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esto en medio del descontento de una parte de la población yaqui, debido a que no fue consultada ni tomada en cuenta, sino que decidieron el Plan del gobierno a puerta cerrada.

Según narra doña Martina, hace un mes también se presentó en las oficinas de la CONAVI en Hermosillo, donde presentó las solicitudes de ochenta familias yaquis.

Al inicio del programa les dijero que supuestamente le darían a cada familia una partida de 380 mil pesos para construir sus viviendas, no obstante “les cortaron el presupuesto porque ya no les alcanzó”, según el testimonio de Piña Álvarez.

“Pero dígame, ¿cómo no les va a alcanzar, si cada solicitante tenía su partida. ¿Pues a quién le están echando mentira? Negociaron con las constructoras, ¿cómo no les iba a alcanzar el dinero”.

Además, doña Martina señaló que, durante la construcción de las viviendas, los representantes étnicos en contubernio “con la gente que viene arriba”, les impusieron dónde tenían que comprar los materiales. “No fue el propietario quien salió a hacer la compra”, detalló.

Frente a Martina, está sentada su compañera de lucha, Georgiana Molina. Ambas compartieron con Raíchali sus testimonios sobre las condiciones en las que vive actualmente la tribu yoreme, mientras esperan el comienzo del primer encuentro de la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida en México, celebrado el 3 y 4 de octubre pasado en esta población.

Aunque Martina y Georgiana están gestionando las solicitudes para concluir las viviendas en Pótam, ambas coinciden en que el problema más grave de los ocho pueblos yoremes sigue siendo la falta de agua.

Desde la primera década y a lo largo de todo el siglo XX, el caudal del río yaqui se vio afectado progresivamente debido a la construcción de un sistema de canales y presas que han restringido el acceso directo al agua a los ocho pueblos de la tribu, de acuerdo con el peritaje antropológico elaborado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 2014.

A pesar de que lo anterior provocó la condición de “injusticia hídrica persistente” entre la población yaqui, el despojo de agua del río Yaqui aumentó drásticamente en 2013 con la construcción del Acueducto Independencia.

Este megaproyecto hidráulico impulsado desde 2010 por el entonces gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, comenzó a trasvasar las aguas del río yaqui desde las presas Lázaro Cárdenas, “La Angostura, y Plutarco Elías Calles, “El Novillo”, atravesando la serranía hasta el Río Sonora, para finalmente abastecer a la ciudad de Hermosillo.

Todo ello sin consultas públicas previas ni la manifestación de impacto ambiental adecuada, lo que provocó protestas masivas de la tribu yaqui en 2010 y más tarde el encauzamiento de su descontento también hacia el terreno legal.

Desde entonces, la tribu yaqui ha tramitado una serie de amparos para la suspensión de esta obra, que llegaron hasta la primera sala de la SCJN, concendiendo la suspensión del Acueducto Independencia.

Hasta la fecha, las concesiones ejecutorias de amparo a la tribu yaqui son desacatadas por los involucrados: la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la delegación federal en Sonora de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las autoridades del estado incluyendo, al ayuntamiento y al congreso, así como a la constructora Exploraciones Mineras del Desierto, S.A. de C.V.

De forma paradójica, el Acueducto Yaqui, impulsado por los presidentes López Obrador y Claudia Sheinbaum, que supuestamente traería justicia a la tribu también fue decretado sin las consultas indígenas adecuadas, como lo marca el artículo dos de la legislación mexicana y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

“Todo el pueblo debía de haber opinado y no opinaron, o sea, no nos invitaron. Cuando se hizo (la consulta) debieron de haber invitado, convocado al pueblo. Por ejemplo, una cláusula la debieron platicar con el pueblo, pero lo hicieron a puerta cerrada, allí, a los que quisieron tener”, señaló Georgiana Molina.

De acuerdo con los usos y costumbres de la yoremia, las autoridades tradicionales tenían la obligación de convocar a los ocho pueblos yaquis para discutir el Plan de Justicia del gobierno, por lo que ahora existe división interna entre la población y sus autoridades tradicionales, señaladas de recibir sobornos por parte de funcionarios federales, principalmente del INPI.

“Únicamente se pedía un comité en cada pueblo para que ellos lo manejaran, pero cómo va a estar bien si en cada pueblo lo va a manejar la autoridad. Cada pueblo tiene a su gente preparada, gente de la tribu preparada, ¿cómo no se incluyen a esos jóvenes que sí puedan ejercerlo, pero desgraciadamente aquí el INPI quiere meter las manos hasta el tope”, comenta Martina Piña.

Después de sólo dos días de consulta los días 21 y 22 de agosto de 2021, el expresidente López Obrador firmó el decreto or el que se establece el Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, publicado en el el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre.

Según el decreto, se contemplaba la construcción de 89 kilómetros de canales principales y 222 kilómetros de canales secundarios, 136 kilómetros de red de drenaje, así como la construcción de pozos, plantas de bombeo y la rehabilitación de la presa “El Chículi”.

“Aquí según están construyendo canales, pero ¿qué agua va a correr por ahí si no tenemos agua, si están secas las presas. ¿Qué agua va a correr por ahí? ¿De qué nos sirve que nos den unas hectáreas de tierra, qué vamos a sembrar si lo principal no hay que es el agua? Es lógico”, replica Georgiana.

El 27 de septiembre de 2024, el expresidente López Obrador entregó el Acueducto Yaqui con el que supuestamente restituía a la tribu yaqui su derecho al agua, sin embargo, un año después Georgiana y Martina sostienen que la yoemia aún no cuenta con agua potable.

Para Piña Álvarez, “en vez de arreglar el agua, metieron un desastre”. El reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de junio pasado coincide.

De acuerdo con este informe de la ASF, en la construcción de línea de conducción a bombeo “se observaron trabajos de mala calidad […] ya que hay filtraciones en los muros de los tanques de regulación”.

También “se detectaron deficiencias en la vigilancia, control y revisión por parte de la residencia de obra en la ejecución de dichos servicios, toda vez que en los contratos de obra pública se observaron pagos en exceso y trabajos de mala calidad”, de acuerdo con el dictamen.

En total suman 10 millones 947 mil pesos sin aclarar, de los cuales se calcularon 6 millones 906 mil por conceptos de “reforestación” que no se ejercieron.

De acuerdo con el mismo documento de la ASF, la empresa contratista Ozone Ecological Equipements, S.A. de C.V. entregó la “Minuta de responsiva de autoridades tradicionales de la comunidad de Loma Guamúchil del área reforestada de 13 hectáreas.”

Sin embargo, se lee que “la empresa contratista informó con posterioridad a la CONAGUA que se habían presentado diferencias con las autoridades yaquis, debido a la falta de riego y mantenimiento de la reforestación provocando la mortandad de las plantas”.

“El 28 de agosto de 2024 -continúa el informe- las autoridades yaquis solicitaron a toda persona ajena a la tribu yaqui abstenerse a ingresar al sitio para futuras supervisiones por decisiones internas de las autoridades tradicionales yaquis”, por lo que las obras concluyeron en ese momento, según informó la empresa Ozone.

De forma paralela, la construcción de la red de drenaje también se realizó de forma inadecuada ya que, según Georgiana no cuenta con resuello ni desagüe, lo cual podría estar provocando contaminación cruzada, poniendo a la población yaqui bajo riesgo sanitario grave.

“Cuando metieron la tubería de los drenajes reventaron las del agua (potable), las parcharon, pero no las arreglaron bien. Cuando hay lluvia se le mete agua sucia y ha salido agua sucia, el agua te llega a tu casa toda sucia”, enfatizó la mujer yaqui con indignación.

La imposibilidad de acceder al agua potable o purificada para el consumo humano ha obligado a las familias más pobres a consumir el agua contaminada.

Las mujeres de la tribu yaqui siguen conversando mientras se abanican con un pañuelo o el rebozo, para ahuyentar a los mosquitos que vuelan en grandes cantidades. Las lluvias no han parado y el ambiente se siente muy húmedo y caluroso.

La intensa temporada de lluvias y las obras hidráulicas defectuosas han contribuido al estacamiento de aguas, donde los últimos meses ha proliferado el mosquito del dengue, provocando la muerte de al menos ocho personas, incluyendo jovénes yaquis, como el caso de dos sobrinas de doña Martina Piña.

A pesar de estas muertes, las autoridades no han llevado a cabo la limpieza de las aguas estancadas ni la descacharrizarón, sino que únicamente implementaron una campaña de fumigación en agosto, resultando contraproducente.

“Vienen y fumigan y parece que alborotan al mosco, porque en vez de que se acabe con la fumigación… ya era para que lo exterminen. No. Se hace más grande el brote”, explica Georgiana Molina.

Los hospitales de Vícam y Pótam llegaron a tope desde finales de agosto y a la misma Georgiana le tocó llevar a dos de sus hijos infectados de dengue.

“Allá para terminar lo que es agosto, estaba lleno tanto el hospital de Vícam como el de Pótam […] Había mucha gente tanto de Vícam, de otros pueblos y de aquí de Pótam. En el rato que yo estuve allí, llegaron como cinco personas de aquí de Pótam.”

El hospital comunitario de IMSS Bienestar de Vícam, se inauguró el pasado 12 de julio como parte del mismo Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, como recuerda Georgiana.

“Cuando el hospital de aquí lo inauguraron, en ese entonces vino la gobernadora Pablovich. Yo luego dije, que ojalá que así como está de bonito el hospital esté lleno de medicina, porque aquí es lo que carecemos”, sostuvo Georgiana.

“Aunque yo tenga un edificio grande, de nada me va a servir si no tiene medicina y no tiene médicos, y de guardia. Ha habido gente que ha muerto. Allí ha habido niños, mujeres embarazadas, por falta de atención médica, por falta de medicina pues también.”

En su conjunto, las obras realizadas en el marco del Plan de Justicia han causado afecciones al pueblo y al territorio yaqui, así como también provocado la indignación de los y las pobladoras de la tribu que difienden su tierra.

“Lo que nos dijeron, ni una nos han dado. Es por eso que nosotros le decimos el Plan de Injusticia, no de justicia, es una injusticia.”

Así terminaba la plática con las mujeres yaquis, cuando la guardia de Pótam ofreció a los asistentes del Encuentro un plato de caldo de res con verduras, acompañado con la típica tortilla de harina de Sonora.

Cuando todos terminaron de comer, las mujeres y hombres yaquis agradecieron a Dios en lengua hiak-nooki por “los sagrados alimentos”. Enseguida las y los participantes tomaron asiento bajo la ramada, para iniciar el primer encuentro de la Caravana Mesoamericana, pronunciado a dos lenguas.

En el centro, las autoridades tradicionales de la tribu yaqui, compuesta por la Guardia yoreme, encabezada por el capitán de Pótam, Agustín Molina; Rodrigo Gotogopicio, capitán de Vícam Estación y otros hombres.

A la derecha, César Cota Tórtola, albañil de oficio y líder yaqui; Fernando Jiménez líder histórico y preso político por protestar contra el Acueducto Independencia en 2014, junto a una docena de mujeres y hombres de la yoremia.

Y la otra parte, los integrantes de la Caravana, quienes forman parte de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio; los pueblos originarios mazahua y otomí de San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan y Santa Cruz Ayotuxco, del Estado de México y la Ciudad de México y la organización chontal, agrícola y ganadera de El Coyul de Tehuantepec, Oaxaca.

Además, miembros de los colectivos Red Espejos del Sur Global, Observatorio de Derechos Humanos Memoria y Libertad, Centro de Investigación de Comunicación Comunitaria, Legado GAIA y Deuda X Clima Mx.

Después de pedir licencia a las autoridades tradicionales para dirigirse al público visitante, el representante yaqui César Tórtola abrió el foro.

“Hemos andado en muchas partes; todos siempre defendiendo nuestros territorios: agua, las montañas, el mar. Eso no habla, por eso dicen los viejos: ´Pero nosotros hablamos por ellos´. Ellos están allí. El agua corre, las piedras no se mueven, el mar ahí está pero no habla. Por eso nosotros debemos hablar por ellos.

Cota Tórtola, luchador del territorio yaqui desde la construcción del Acueducto Independencia, expuso que como pueblo indígena han vivido muchos abusos: “Nos han hecho muchas injusticias. Delante dije esto: no se trata de un partido, todos los partidos aquí han gobernado: por el PRI, por el PAN, por el PRD los municipios y ahora La Morena. Nos han hecho daño, mucho daño nos han hecho.”

Para don César, como para Martina y Georgiana, el Acueducto Yaqui lejos de resolver los problemas de la tribu, ha ocasionado nuevos conflictos, profundizando el deterioro ambiental, el despojo del territorio y la organización social yaqui.

Así ocurrió con la consulta pública: “La consulta no era para las autoridades, está muy claro eso. No es para las autoridades ni para los comisariados ni para los presidentes municipales, es para la gente. Si una persona no quiere ese o algún proyecto, cualquier proyecto, si una persona no quiere no se hace, pero ahora no lo veo, no lo vimos así. “

Además, Cota Tórtola refiere que ya han tramitado varias demandas de amparo contra el decreto presidencial de ampliación del Distrito de Riego 018. Una de ellas ya la ganó el maistro principal Esteban Guillermo de Pótam, pero la sentencia no ha sido acatada por las autoridades.

Las críticas contra el INPI y el principal operador del Plan de Justicia en Sonora, Hugo Aguilar Ortiz, fueron recurrentes durante todo el encuentro. Algunas de las críticas se concentraron en el hecho de que ahora, Aguilar Ortiz detenta el cargo de Ministro presidente de la Corte, y se teme que desde esa posición pudiera poner en riesgo la lucha legal de la tribu yaqui.

“Ahora con ese poder judicial que se llevó a cabo pues simulado, gente que ya saben a quién votar. Estoy hablando de Hugo Aguilar. Ese personaje es el que hizo daño a nosotros la tribu yaqui, el primer principal. Que dice él que es indígena pero trabaja con el gobierno, como lo acabo de decir: ese no trabaja para los indígenas, está trabajando a favor del gobierno.

“Y ahora nuestros amparos, es lo que estamos diciendo, ¿dónde van a quedar con esa nueva Suprema Corte del poder judicial, si la misma persona que nos hizo daño, o les hizo daño a otros indígenas de allá del sur, ahorita ahí está adentro. ¿Dónde vamos a quedar nosotros?, expresó César Cota.

Sobre el INPI, Cota declaró: “estamos orgullosos de nuestra raza porque fuimos los primeros que no nos vencieron los españoles. Pero parece ser que ahora ese INPI nos está conquistando a nuestras autoridades.

Con vergüenza, Cota Tórtola reconoce: “no quisiera hablar de ello mal, pero es la verdad, el gobierno convenció a nuestras autoridades, según consagradas, a base de dinero.”

En mayo pasado, este líder yaqui sufrió una agresión junto a su compañero Jesús Moroyoqui, cuando se encontraban reunidos en la Guardia de Loma de Guamúchil.

“Nos dijeron los sicarios que iban de soldado, con su metralleta, con su chaleco, con su casco, con todo, has de cuenta que mirabas un soldado: ´Vamos afuera, queremos hablar con ustedes´.

Ahí fue donde ellos nos dijeron que no nos querían ver en la Guardia tradicional de Loma de Guamúchil. Que tenían órdenes de desalojarnos (…) así nos corrieron los sicarios, golpeándonos. No así nomás con buenas palabras, que eran órdenes de arriba, pero llevan la orden.”

Después de lo que ha vivido César Cota y sus compañeros, está convencido de dónde provienen las amenazas. “¿A quién le interesa que nosotros, la gente, la tropa, no hagamos barullo en contra de las autoridades? Le conviene al Estado, le conviene al gobernador, al presidente, bueno al gobierno federal, le conviene a nuestras autoridades.”

Posterior a Cota Tórtola también tomaron la palabra Margarito Martínez, esposo de Martina Piña, Fernando Jiménez, y Martín Rojo, hermano de Tomás Rojo Valencia, defensor del territorio yaqui asesinado en junio de 2021.

De acuerdo con Rojo Valencia, como parte del Plan de Justicia Yaqui también se prometió la entrega de hasta 20 mil hectáreas de tierra de cultivo, sin embargo esas tierras son los montes que estaban siendo deforestados, provocando el ecocidio de la flora endémica, como ya ha estado ocurriendo.

Martín Rojo, narró con congoja que durante los trabajos del Plan de gobierno, árboles de álamo que llevan en la región alrededor de doscientos años fueron quemados, así como también los jitos, árboles milenarios cuya edad ronda entre los 4 y los 11 mil años, fueron cercenados con sierras eléctricas gigantes. “Son crímenes que no salen a ocho columnas, son crímenes que no hacen ruido”, lamentó Rojo.

Casi al caer el Ave María, el atardecer, Agustín Molina, capitán de Pótam tuvo la última participación en el foro. Igual que sus compañeros, se pronunció en contra del Plan de Justicia y el Decreto presidencial que determina la ampliación del Distrito de Riego 018.

“El Plan de Justicia de la tribu yaqui pues no nos ha servido de nada. Los trabajos que viene haciendo el Distrito de Riego 018 es el nuevo canal, pues no nos sirve de nada porque no tenemos el agua, que es lo principal aquí en la región”.

Como sus congéneres yaquis, el capitán Molina coincide en que la consulta no fue legal: “A nosotros no nos hicieron la consulta y por lo tanto nosotros no reconocemos el nuevo decreto de López Obrador y vamos a seguir hasta donde tengamos que seguir, para poder defendernos… Para que esos niños que andan ahí jugando… mañana o pasado no van a tener un futuro… así como nuestros antepasados nos heredaron este pedazo de territorio.”

La Caravana Mesoamericana pretende “recopilar la voces de resistencia” de los pueblos originarios, que han padecido “las violaciones sistemáticas del Estado mexicano, de las empresas trasnacionales, de todos estos grupos del crimen […] y poder llevar esta voz a todos los demás territorios”.

Después de recorrer puntos en Michoacán, Oaxaca y la Ciudad de México, la Caravana continúa su trayecto por Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, hasta llegar a Belém, Brasil, donde se llevará a cabo la XXX Cumbre de Cambio Climático, en noviembre próximo.

Al encuentro también asistieron observadores de Derechos Humanos, tanto de la Comisión Nacional (CNDH) como del estado de Sonora.

Al día siguiente, el 5 de octubre el capitán Molina, junto a Cota, Martínez, Gotogopicio y otros miembros de la tropa yoreme, en compañía de la Caravana, hicieron una visita al Río que ya no corre, pero que le da nombre, sentido y existencia a los hombres y las mujeres que aún reivindican la historia del Bacatete y la resistencia yaqui por más un siglo.

Tras la apertura de la Caravana Mesoamericana en Pótam, Sonora, esta se trasladó a las tierras purépechas de Huáncito, Michoacán, donde se reunieron con representantes de los territorios autónomos que conforman el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

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*Diana Ávila Hernández (Ciudad de México, 1990). Reportera e historiadora independiente con más de nueve años de experiencia en archivos públicos mexicanos. Ha colaborado en revista Proceso, proyectos cinematográficos y en el servicio público, formando parte del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia. En la actualidad dirige el proyecto digital Archivos de Inteligencia MX.

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