El ataque con armas de fuego que privó de la vida al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cimbró las estructuras social y política de México por los alcances inusitados de la delincuencia que aparte de dispersar miedo e incertidumbre en la sociedad, ataca a instituciones y autoridades como máxima señal y alerta que deriva de la impunidad dispensada al crimen organizado.

Más allá del ataque a una persona se trata de la agresión a ciudadanos que veían en el edil a un modelo a seguir en materia de políticas públicas de seguridad pública y de resistencia ante esquemas de complicidad entre autoridades y criminales, así como de abandono de los gobiernos federal y estatal que desatendieron múltiples llamados a proteger a los habitantes del municipio michoacano.

Lo ocurrido en Michoacán, con los asesinatos de líderes que se oponen a que continúe el sometimiento en que los transgresores de la ley mantienen a la población pacífica, adquiere resonancia nacional en las regiones que como es el caso de Sinaloa presentan alterada la vida de familias y sectores por el dominio criminal inclusive por encima del gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reciben con la muerte de Carlos Manzo el ultimátum para que logren la tan prometida pacificación de México empezando por dejar de matizar la realidad para hacernos creer que estamos bien a la vez que el suelo nacional se tiñe con sangre inocente.

La indignación que mostró hoy la presidenta por los sucesos de Uruapan, irritación extensiva a todo el país, debe ser punto de partida para que el Estado haga más en la tarea de reponer la seguridad y legalidad. En Sinaloa, igual que en Michoacán, crece en sentimiento de orfandad de gobierno por la continuación de la narcoguerra y los más de 2 mil 267 homicidios dolosos, 2 mil 180 personas privadas de la libertad, 8 mil 050 vehículos robados y afectaciones incuantificables a la economía.