Culiacán, Sin.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que la situación de las despensas ya fue verificada mediante una revisión exhaustiva, en la cual se aclaró que el Gobierno del Estado obtuvo un resultado de cero observaciones en una reciente auditoría.
Hace poco menos de 24 horas, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y Municipal Anticorrupción de Sinaloa emitió un posicionamiento acerca de las irregularidades encontradas en la compra de despensas por parte del Gobierno del Estado. En dicho comunicado expresó su preocupación y solicitó que se esclarezcan los hechos, además de garantizar que todo uso de recursos públicos destinados a grupos vulnerables sea transparente y congruente con los valores humanitarios que el gobierno estatal ha dicho priorizar.
Al ser cuestionado sobre este posicionamiento, el gobernador Rocha Moya respondió que el Gobierno del Estado es auditado constantemente, por lo que el tema de las despensas está verificado.
“Nosotros tenemos revisiones exhaustivas, no porque nos las pidan, sino porque es nuestra obligación transparentar nuestros recursos.
No hace dos o tres semanas se dio a conocer el resultado de cómo estamos en la auditoría federal, donde se auditaron 32 mil millones de pesos, porque es una parte del año. Ya se habían realizado auditorías previas. Esa es la primera parte; esta es la segunda, y salimos con cero aclaraciones. Entonces, está revisado”, aclaró el gobernador.
¿Qué se descubrió?
El pasado 20 de octubre, ESPEJO publicó una investigación sobre la compra de 40 mil despensas por un costo total de 12.8 millones de pesos, realizada por la Secretaría de Administración y Finanzas a la empresa Berries Company S. de R.L. de C.V.
Las despensas, entregadas por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) a personas desplazadas, tuvieron un precio de 320 pesos cada una. Dicho monto fue comparado por ESPEJO con los precios de los mismos productos, o similares, adquiridos en distintos supermercados.
El análisis reveló una diferencia de 80 pesos entre ambas: mientras las despensas armadas por ESPEJO tenían un costo aproximado de 240 pesos, las distribuidas por el Gobierno superaban los 300 pesos. En total, se habría gastado 3 millones 200 mil pesos de más.
El 23 de octubre, Carlos César Castro García, subsecretario de Administración del Gobierno del Estado, aseguró a ESPEJO que todo el proceso de compra de los apoyos alimentarios fue totalmente legal. Además, informó que la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social fue quien definió el contenido y las especificaciones de cada despensa.
Por otra parte, en una entrevista anterior, el gobernador explicó que el contrato no solo contempla los productos, sino también el ensamble, almacenamiento, distribución y entrega de las despensas, lo que hace que el costo sea diferente al de una compra común en supermercados.
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