Juchári Uinápekua: comunidades purépechas defienden su autogobierno

Especial de *Diana Ávila Hernández para Raíchali

Huáncito, Michoacán. – La bandera gigante de cuatro colores que representa las regiones purépechas, ondea al fondo de la escuela primaria donde se celebra el segundo encuentro de la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, junto con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).

Al grito reiterado de “Juchári Uinápekua” -que en español significa “Nuestra Fuerza”-, los representantes de más de veintisiete comunidades indígenas ocuparon el patio central del recinto escolar ubicado en esta tierra de alfareras. Allí los asistentes expresaron sus vivencias y dejaron registro de los abusos, sin perder el ánimo de su lucha.

Antes de tomar la palabra los delegados indígenas, Pável Ulianov Guzmán, vocero y fundador del Consejo Supremo señaló que de 1974 a la fecha más de setenta personas indígenas de la región purépecha han sido desaparecidas, asesinadas o encarceladas, “por luchar, por defender a sus comunidades, por ser opositores políticos, por defender los bosques, por luchar con sus pueblos”.

Ante la inminencia del Plan de Justicia en la región -como está ocurriendo en el territorio yaqui, en Sonora, y que próximamente busca aplicarse también en los pueblos amuzgos de Guerrero y Oaxaca-, Guzmán apuntó que “no puede haber un Plan de Justicia purépecha si precisamente no existe la justicia para nuestros desaparecidos, para nuestros asesinados, para nuestros encarcelados”.

Para finalizar su intervención, Pavel Guzmán afirmó que aunque el gobierno ha pretendido pedir disculpas a la corona española por el genocidio de pueblos originarios, “solamente lo maneja como un discurso político, pero en la práctica no se decide, pero nosotros sí estamos decididos para entablar un juicio (…) un reclamo internacional en contra de la corona española, por todo lo que significó la invasión, la conquista y el genocidio”,

“El noventa por ciento de los habitantes de las comunidades originarias de Michoacán fueron exterminados -abundó el vocero indígena-. El territorio del señorío Purépecha fue saqueado; toda la riqueza hizo posible el capital original que dió la riqueza en Europa y no solamente eso, nos quitaron o les quitaron el territorio a sus antepasados”.

Después de invitar a la unión, la organización y la movilización, como “lo único que va a lograr que se respeten los derechos de los pueblos indígenas”, el micrófono se abrió y comenzaron a transcurrir una a una las denuncias, las críticas, las autocríticas, así como también las muestras de respaldo a otras comunidades purépechas, para que inicien su camino hacia la autonomía.

Muchos aprovecharon la presencia de un observador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presente en el encuentro, a quien le dirigieron sus quejas.

José Aníbal Galván Motuto, coordinador de la comunidad indígena de San Ángel Zurumucapio, situada en la meceta purépecha, pasó al frente portando su morral de mecate con un San Miguel Arcángel bordado, el santo patrono de su pueblo.

“En la comunidad de San Ángel Zurumucapio ya llevamos cuatro años de autogobierno, nosotros hemos trabajado y hemos visto el gran avance en las comunidades con autonomía y alentamos a las demás comunidades y compañeros a que sigan adelante, pero que las autonomías sirvan para hacer crecer nuestros usos y costumbres, nuestros orígenes y defender nuestros territorios ante estos gobiernos rapaces.”

Después, Nicolás Bautista Ramírez, representante de Santa Fé de la Laguna, antes llamado Uayameo, repasó sobre su propia memoria, la lucha cíclica que los pueblos comenzaron desde hace décadas.

“Nuestra lucha, que me acuerdo yo (….) del 79 para acá, hemos estado en resistencia defendiendo la tierra, la tenencia de la tierra y que hemos avanzado a lo largo de esta resistencia. (…) parece que no nos hemos rendido de esa lucha que hemos emprendido desde hace muchos años”.

“Nico”, como le dicen sus compañeros del Consejo Supremo, también criticó el uso político que se le ha dado a sus símbolos religiosos, como el bastón del mando. “Es una prostitución que a nosotros nos encabrona, (…) es como entregar a la madre tierra.”

“Ese bastón de mando -profundizó don Nico-, ni me corresponde a mí, que tenemos del 79 y muchas comunidades que están aquí presentes, en resistencia, en pelear, en defender la tierra, tenemos esa dignidad de tener ese bastón de mando, pero escucho y veo que le entregan hasta a la presidenta, a Claudia.”

A pesar del profundo significado que este símbolo tiene para las y los purépechas, por su relación con la naturaleza, “el gobierno –apuntó Bautista Ramírez–, a nuestra madre tierra lo tiene como mercancía.”

“Pero yo no lo tengo y nosotros los pueblos originarios no lo tenemos como mercancía. Es nuestra madre, nuestra madre tierra. ¿Cómo voy a prostituir a mi madre? Tengo que tener primero mentalidad de qué no puedo yo pues rentarla, ni prestarla, ni venderla. Éstos son los principios de algunas comunidades.”

Las palabras de don Nicolás no son ingenuas y reconoce que el costo que ha tenido la lucha por la obtención del autogobierno ha sido muy alto. “Los que estamos aquí, estamos convencidos, que ya fuimos torturados, ya fuimos presos políticos. Me tocó hace cinco años como preso político, nada más por defender la tierra y los presupuestos directos. Por eso, esto de las autonomías no es gratis.”

Tras de él, un representante de la comunidad Chapa Nuevo también extendió la voz, “para denunciar precisamente el precio que tenemos que estar pagando por tomar la decisión de transitar por la autonomía.”

Esta comunidad purépecha, perteneciente al ayuntamiento de Salvador Escalante, tiene apenas dos meses que realizó su consulta, validada por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en la que las y los purépechas que en ella viven eligieron abrumadoramente la autonomía con 512 votos a favor y sólo nueve en contra.

No obstante, ya comienzan a sentir presiones tras su decisión. “Para nosotros ha habido en estas últimas fechas la preocupación, porque el Estado mexicano (…) desde siempre no ha garantizado el derecho a la vida. Porque no hay en dónde se ponga un freno a la delincuencia. Porque hoy la delincuencia es quien hace el trabajo sucio del Estado mexicano. Está en los paramilitares, ejecutando acciones precisamente de contrainsurgencia, de castigo, de desaparición en los pueblos.”

Al grave problema de violencia en Michoacán, se suma la falta de agua. “En muchas de nuestras comunidades sabemos los mismos dolores que tenemos en la gran mayoría, en todo el país incluso: el agua”, continuó el purépecha de la camisa de bordada en tonos verde oliva.

Sin embargo, debido a que el Ayuntamiento aún no reconoce la vía autonomista de la comunidad, durante una reunión que sostuvieron recientemente con las autoridades municipales, estas les pidieron 62 mil 217 pesos mensuales para abastecer el agua, en total 746 mil 604 pesos anuales que prácticamente equivale al presupuesto directo que van a recibir próximamente.

El Consejo Supremo también ha solicitado títulos de agua para las comunidades indígenas, “para que sean dueñas de sus recursos, porque (…) en nuestro territorio hay agua, (…) esa agua que existe en el territorio nuestro, está concesionado a los agrocultivos, a los berries y a ellos sí resuelven rápidamente.”

También, el purépecha de Chapa Nuevo apunta el tema de salud y descree en el Plan de Justicia gubernamental: “seguimos con cierto interés el Plan de Justicia para el pueblo purépecha y lo que hemos visto nos está sonando a cuento”.

Como Consejo Supremo Indígena de Michoacán, los purépechas han solicitado cuatro clínicas de especialidades, una en cada región, sin embargo el representante de Chapa Nuevo relató que sólo quieren construir una para ellos y otra para alguna otra comunidad en la que “le aplauden a los funcionarios”.

Pero denuncian discriminación y castigo cuando solicitan apoyo a las autoridades: “Ahorita también el castigo está en que si van por una despensa, por una consulta, por lo que sea, luego luego los corren. Los discriminan a nuestros compañeros y los mandan a que se regresen a pedirle a fulano, a zutano que es del consejo electo recientemente.”

Por último, el representante de Chapa Nuevo no desaprovechó la oportunidad de remover el ánimo de sus congéneres. “Sí hay momentos en que, a veces, ante las adversidades nos sentimos solos, pero esos ratos los superamos rápido cuando sabemos que hay experiencia de lucha, que no es de ahora, que viene de muy atrás, que nuestros ancestros nos enseñaron eso, a resistir, a luchar y a vencer.”

De Charapan, en la meseta purépecha, una mujer denunció también hostigamiento por parte de las autoridades municipales. Aquí, el pasado mes abril se llevo a cabo la consulta para ejercer el presupuesto de forma directa, pero el proceso ocurrió en medio de desinformación y amenazas.

“Los partidos políticos meten la mano en nuestras comunidades, que no nos dejan ser libres, no nos dejan pensar, no nos dejan actuar y se basan de la pobreza en la que vivimos en nuestras comunidades, pues para sobornarnos, o cambiar nuestras conciencias y lamentablemente nuestra comunidad de Charapan pues no fue la consulta por este momento favorable, pero estamos trabajando en que se vuelva hacer”.

También, la representante de Charapan, egresada de Agrobiología por la Universidad Muchoacana, denunció que mientras ocurría el proceso de la consulta ella fue acusada falsamente por la desaparición de un hombre de la comunidad, que anteriormente su pareja, pero actualmente se encuentra radicado en Estados Unidos sin ningún problema.

Por este delito fabricado, ella fue detenida y trasladada a la Fiscalía. “Hay una serie de investigaciones, me han estado acosando en mi domicilio, han estado amenazándome de encarcelarme por haber hecho yo aparentemente una desaparición.”

Al concluir su intervención, la pobladora de Charapan declaró: “yo no tengo miedo, créanme que no tengo miedo de nada, sigo aquí, sigo firme, sigo en la lucha y no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que Charapan sea autónomo, porque es la única forma en la que se desarrolla, en la que nos desarrollamos como pueblos indígenas, en la autonomía.”

Enseguida vino también Salvador Castillo, poblador de Íxtaro, en el municipio de Salvador Escalante, quién denunció que hace cuatro años, una persona compró trescientas hectáreas de árboles entre los que había pinos, encinos y otras especies. Al cabo de la compra devastó todo para poner una huerta.

“A causa de eso mataron a tres hermanos y a una persona más, que andaban también defendiendo esa parte. Entonces yo quisiera que alguien me escuchara, nos escuchara, porque yo defiendo la naturaleza, defiendo la vida silvestre y yo pienso que eso no está bien. Debemos cuidar los bosques y ya, yo pienso que ya estuvo bueno, que ya basta que los empresarios, los ricos aguacateros acaben con nuestros bosques, con nuestras selvas”.

Castillo denunció tras el micrófono, que Dayana Pérez Mendoza, presidenta municipal de Salvador Escalante, maneja la entrega de recursos con fines clientelares y encima se burla ante las solicitudes de la población.

“La presidenta de Salvador Escalante –comentó Castillo– no nos toma en cuenta, nos ha hecho a un lado. Toma represalias con la comunidad de Íxtaro. No ha llegado ninguna ayuda, ¿porqué? Porque no le hacemos caso de lo que ella quiere, que hagamos las cosas a su manera. Y claro que no, nunca vamos a hacer a su manera, vamos a hacer todo a nuestra manera, por el bien del pueblo, por el bien de la comunidad.”

“Y ahora que sabe que andamos en los pueblos originarios se burla de nosotros, se burla. Porque yo le he pedido ayudas y dice: -“No, –dice–, tienen sus pueblos originarios, ya le va a llegar dinero”. Pienso que es una burla y no debe contestar ella así de esa manera. Entonces yo pido que alguien intervenga en esa parte. Para otras comunidades que sí le hacen caso, sí suelta mucho dinero: llegan despensas, llegan bastantes ayudas. Y para Íxtaro nada, no toma en cuenta.”

Por otra parte, el purépecha Faustino Zarco, de la comunidad de Aranza, también denunció hostigamiento por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, en represalia por haber transitado al autogobierno, ratificado el 3 de mayo pasado, mediante la consulta popular realizada por el Tribunal Electoral de Michoacán.

De acuerdo con su testimonio, un grupo de opositores dependientes del gobierno, “quemaron una patrulla que con miles de trabajos habíamos conseguido para asegurar nuestra comunidad y desde el mes de febrero hemos hecho la denuncia penal en Fiscalía y no ha podido avanzar. No se porqué razones todavía. No hay ningún detenido, no hay ninguna situación de un avance que signifique algo positivo.”

Además, el gobierno municipal ha estado posponiendo la toma de posesión de las nuevas autoridades autónomas de Aranza. Primero les impidieron hacerlo a los comisarios de bienes ejidales en febrero, posteriormente en agosto y luego pospusieron dos meses más. Incluso a la fecha continúa trabajando el consejo de vigilancia, lo cual es ilegal, según señaló Zarco.

Otra de las denuncias implicó a las autoridades agrarias del país, principalmente al Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria y la Dirección de Concertación Agraria. De acuerdo con Zarco, a pesar de que los ejidatarios han presentado documentos y han definido quiénes tienen derechos a ser comuneros en Aranza, estas instancias de gobierno los han ignorado por completo.

Esto, principalmente porque cuentan con sus propios padrones, los cuales revelan la ineptitud de esas oficinas. Zarco relata que en la Procuraduría cuentan con un padrón de comuneros inflado, además que el RAN no realiza ningún tipo de investigación, sino que sólo registran a los presuntos propietarios que llegan, sin presentar ningún documento o prueba que certifique el acto comunal o la propiedad, poniendo en riesgo a las comunidades indígenas.

Por ello Zarco, con la mirada fija en el observador de Derechos Humanos, se quejó por la falta de instituciones eficaces y responsables: “Para que nuestra comunidad no siga sufriendo esos atropellos y esas respuestas tan muy a ligera que nos dan todos. Todas las oficinas del gobierno del Estado, no hay una que nos que nos puede resolver bien. (…) No fue el de la Procuraduría Agraria, no fue de Concertación Agraria. Todo el mundo es y nadie asume su responsabilidad.”

Apenas el pasado 19 de octubre, otra consulta se llevó a cabo en la comunidad de Opopeo, municipio de Salvador Escalante, donde la comunidad también eligió el autogobierno de forma arrolladora.

Pero los meses previos, la misma presidenta municipal mencionada antes, Dayana Pérez, estuvo operando políticamente para coaccionar el proceso indígena, como denunció en el segundo encuentro de la Caravana Mesoamericana, Adán Martínez Martínez.

“La presidencia municipal está interviniendo mucho ya, o sea que se está metiendo demasiado con las encargaturas en el pueblo. Ya asesoró a todos sus trabajadores que son del pueblo y de las rancherías que corresponden a la jurisdicción de Opopeo, ya las puso a trabajar.”

“Lo que en un año no ha llevado despensas, ahorita está llenando de despensas a todo el pueblo, con puros engaños, mentiras. Y pues a base de eso, está tratando de convencer y hacer voltear la idea del autogobierno”, señaló el purépecha con la voz firme.

Tras las palabras de Martínez, vinieron las de Irineo Pedro, parte de la comitiva proveniente de San Andrés Zirándaro, municipio de Quiroga. De acuerdo con el testimonio de Pedro, desde la década de 1980 su comunidad vive un conflicto por límites territoriales, derivado de un decreto de ampliación del ejido de la comunidad de Matugeo, municipio de Coeneo, por lo que su caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Corte falló en favor de la comunidad de San Andrés e instruyó a las diferentes instancias, sin embargo no ha apasado nada. “Queremos que ya intervenga alguna instancia de la justicia, para que le diga a este grupo de esa ranchería, pues que se abstengan de seguir entrando al terreno porque es como si fuera de ellos.

“Nosotros –señala don Irineo– no podemos entrar. Comuneros de la comunidad de San Andrés no pueden ir a recoger un poco de leña o lo que sea, o a pastorear su ganado, porque son agredidos verbalmente o inclusive amenazados.”

Han buscado la concertación con las autoridades agrarias, pero tampoco sólo les dan respuestas evasivas.

Otro caso de conflicto por límites territoriales es el que denunció Hugo Ramón Velásquez, presidente del Comité de Agua de la comunidad indígena de San Miguel del Monte, ubicada cerca de la ciudad de Morelia.

Alrededor de 1927, esta comunidad contaba con abundantes cuerpos de agua, por lo que se llegó un acuerdo con las autoridades de realizar el Acueducto de Morelia para abastecer a la ciudad y a otras comunidades circundantes.

Sin embargo, el año pasado comenzó a operar una empresa llamada Bicentenario México, SA de CV., la cual se adueñó de un manantial que pertenece a la comunidad.

Aunque cuentan con algunos ojos de agua, “al inicio de las operaciones de esta empresa, pues la comunidad se queda todo este año pasado sin agua”, indicó el purépecha de San Miguel.

“Históricamente nosotros hemos tenido respeto por la naturaleza, respeto por este vital líquido, donde pues siempre hemos protegido que no se sequen los ríos, que no se sequen los barrancos, porque pues en el cuidado de los entornos naturales de la fauna, flora y pues todo lo que predomina en el lugar. ¿Qué pasa? Que pues esta empresa prácticamente llega diciendo que pues a ella le vale, que su único motivo por estar ahí es hacer explotación del manantial y lo único que le importa.”

El despojo de agua por parte de dicha empresa, provocó que los indígenas de San Miguel iniciaran una lucha social en su comunidad.

“Las clínicas, las escuelas, pues todo se paró porque no había agua. Incluso está documentado que no había servicios médicos, no había servicio escolar, todo se paró porque las escuelas no tenían agua. Claramente la comunidad se hartó, hubo hartazgo por parte de la comunidad y se hizo visible esta problemática.”

Incluso, las autoridades de San Miguel del Monte recurrieron a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la cual ha estado negando la concesión de títulos de agua a la comunidad y ha estado defendiendo a la empresa, según narró Hugo Ramón.

“Hubo todo un cambio de directores de CONAGUA, pues prácticamente en todo el sistema de gobierno y pues con este cambio de todo el sistema de gobierno nos han ido dando largas, el fin que hasta la fecha no hemos podido obtener un título de concesión para la comunidad y claramente se nos ha negado.”

Además, señaló Velázquez, “se firmó un tratado de paz con la empresa, diciéndole que por lo menos este año le permitíamos sacar lo que dice su concesión, que es de un volumen total de 25 mil metros cúbicos un total de más o 2 mil 500 pipas, y ese fue el acuerdo que se firmó.”

Además de la comunidad y la empresa Bicentenario México, SA de CV., firmaron también agentes de la secretaría del estado y CONAGUA, “se comprometían que finalizando la extracción de este volumen, ellos iban a poner orden, lo cual a la fecha pues no ha pasado. A la fecha van más de 3 mil pipas que ha sacado la empresa y pues no, lamentablemente una vez más vemos cómo el Estado ha fallado”, concluyó el representante de San Miguel.

A continuación también el representante de Carapan, Raúl Santos Madrigal tomó el micrófono para denunciar que en su comunidad, el gobierno de Michoacán en asociación con el Consejo comunal de Carapan, extendieron de forma ilegal el periodo de gestión que debía terminar el 12 de abril pasado hasta el 31 de diciembre de este año.

No obstante, el 5 de julio la comunidad, con la autorización del IEM, realizaron la asamblea para elegir a su nuevo Consejo el cual intentó tomar posesión el día 8, pero en su lugar recibieron agresiones.

“El día 8 de julio quisimos tomar la posición en los edificios comunales y fuimos agredidos por los compañeros que forman el actual todavía… ya a manera nosotros llamamos ya “los usurpadores” y a punta de las armas, de machetes y todo lo que se podía fueron golpeados los compañeros.

En protesta por los hechos, el 12 de julio bloquearon la carretera de forma pacífica, pero por indicación del presidente del Consejo Comunal fueron nuevamente agredidos, golpeados, arrastrados y encarcelados en su propia comunidad.

“La lucha es para servir al pueblo y no servirse del pueblo, entonces tenemos que hacer mucha campaña para que Carapan no sea un mal ejemplo a seguir y esto solamente nosotros como pueblos organizados podemos aportar ideas, aportar formas de lucha para que esto se reglamente”, expresó don Raúl.

De forma posterior, el representante de la comunidad de Zacapu también manifestó que desde 2018 se percataron de que estaban invadiendo sus terrenos. En esa ocasión acudieron al Registro Nacional Agrario (RAN) y la Procuraduría Agraria con el fin de denunciar estos hechos.

En las oficinas del RAN, ocupadas por funcionarios públicos que “tienen maestrías, doctorados, pero no tienen sentido común con las comunidades”, según expresó el representante purépecha, se enteraron que, de forma paralela a su directiva de bienes comunales, existía otra que los estaba suplantando y vendiendo sus terrenos, incluso con credencial emitida por el RAN.

Aunque hicieron múltiples intentos por resolver la situación peregrinando por diversas oficinas de gobierno y dependencias, a la fecha no hay obtenido respuesta. Incluso, ahora el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) supuestamente está realizando un proyecto biocultural en la zona arqueológica de esta comunidad, en los mismo terrenos que fueron suplantados y vendidos.

“Descubrimos un documento, que tenemos ya en la mano, que les da permiso a un centro comercial y dice “sí, ahí construyan.” ¿El del INAH puede decir que construyan en nuestro terreno y además en una zona arqueológica? Bueno, pues llegaron las máquinas y ahí van. Están metidos como dos hectáreas en nuestro terreno.”

La Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, cuyo objetivo es “unificar las luchas de los pueblos que históricamente han sido violentados por el Estado Mexicano y todas las atrocidades que se están haciendo en nombre y de la voluntad de esta llamada cuarta transformación”, se despidió de Huáncito y tomó rumbo a la ciudad de Oaxaca, donde se reunieron con comunidades del Istmo de Tehuantepec.

*Diana Ávila Hernández (Ciudad de México, 1990). Reportera e historiadora independiente con más de nueve años de experiencia en archivos públicos mexicanos. Ha colaborado en revista Proceso, proyectos cinematográficos y en el servicio público, formando parte del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia. En la actualidad dirige el proyecto digital Archivos de Inteligencia MX.

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