Culiacán, Sinaloa.- El gobierno de Sinaloa debe 1 mil 690 millones de pesos al al Instituto de Pensiones del Estado (IPES) y a los bancos Azteca y Santander por retenciones de nómina que sí le descontó a los trabajadores, pero que no se pagaron.
Se trata de una deuda que no es nueva, sino que se arrastra desde la Administración de Mario López Valdez cuando fue gobernador (2011-2016). En aquel tiempo se hicieron retenciones de nómina a trabajadores que ya fueron descontadas de sus cheques. Ese dinero que debió irse a las pensiones, nunca llegó.
Apenas el 3 de noviembre, el gobernador Rubén Rocha Moya decía que encontró una nueva deuda por retenciones a trabajadores desde el gobierno de López Valdez, que, incluso, ascendía los 2 mil 600 millones de pesos.
“Ahora me apareció, pues una nueva deuda, nueva deuda, pero deuda acabalada, completa, el gobernador Malova no pagó ni un solo cinco de las retenciones de IPES y el Issstesin. Y, a ver, si los trabajadores cotizan para su jubilación, ese dinero no es tuyo, Gobierno, tienes que recogerlo y tu obligación es enterarlo al fondo de jubilación. Seis años completos recogieron lo que cotizaban los trabajadores… 2 mil 641 millones de pesos, es deuda líquida”, expresó el mandatario en conferencia de prensa.
Pero eso es una verdad a medias.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) recordó esa deuda en la Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño 2024 del Poder Ejecutivo , dando la orden a la Administración de Rubén Rocha Moya implementar medidas para regularizar adeudos y pagar 1,689,735,718.56 de pesos (Mil 689 millones 735 mil 718 pesos con 56 centavos).
Se trata de deudas graves, pues son desde retenciones que se hicieron a trabajadores para sus fondos de retiro, como pagos a fideicomisos sobre fondos de vivienda y de ahorro.
Fuente: Auditoría 2024 al Poder Ejecutivo de Sinaloa sobre retenciones a trabajadores que no se enteraron a trabajadores del Gobierno del Estado
La suma de la tabla incluye exclusivamente los casos donde la observación persiste y el propio Informe de la Auditoría señala que sigue pendiente de enterar. Es decir, no incluye los casos donde las observaciones fueron solventadas durante la auditoría.
Los registros del Informe registran los saldos históricos pendientes, que son superiores a los 1,100 millones de pesos solo en el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), además de saldos adicionales no liquidados en ISSSTEESIN, Banco Azteca y Banco Santander por fondos fiduciarios y vivienda, pese a que el gobierno sí cobró quincena tras quincena esos descuentos a sus empleados.
Lo que hizo la ASE fue documentar que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido resolviendo parte del rezago en 2024 y 2025, pero aun así persisten montos que provienen de más de una década atrás.
Esos pasivos se dejaron cuando la Secretaría fue dirigida por Armando Villarreal Ibarra, quien en 2019 fue llevado a tribunales por un desvío de más de 300 millones de pesos. El caso lo resolvió pagando poco más de 2 millones de pesos y ofreciendo una disculpa pública con publicaciones en periódicos locales.
La Auditoría Superior emitió promociones de responsabilidad administrativa, lo que significa que si en el seguimiento no se demuestra corrección de la deuda y de sanciones a funcionarios y ex funcionarios, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas deberá iniciar investigaciones contra quienes permitieron que recursos descontados al personal no fueran pagados.
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