Culiacán, Sin.-  La colectiva feminista Pitaya Árida denunció públicamente la falta de justicia expedita en el caso de abuso sexual cometido contra una menor de 11 años en 2019, cuyo agresor es un funcionario del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), adscrito al área de contaduría del Gobierno estatal.

De acuerdo con el testimonio de Martha Guadalupe Ballardo Mendoza, madre de la víctima, las agresiones ocurrieron en dos ocasiones durante unas vacaciones en Culiacán, cuando la menor visitaba a su familia paterna. En ese entonces, ambas residían en Tijuana.

El agresor, quien también era tío político de la menor al momento de los hechos, amenazó a la niña para que no hablara del abuso. No fue sino hasta 2022 cuando la víctima, ya adolescente, decidió romper el silencio y contar lo sucedido.

El proceso judicial se extendió durante años. El imputado logró diferir más de 15 audiencias con justificantes médicos y ausencias, hasta que finalmente, en 2025, se dictó sentencia.

La jueza Rosario Adriana Gerardo Sánchez impuso una pena mínima de 3 años, 10 meses y 12 días, además de una multa de 8 mil 364 pesos, y le concedió libertad condicional por considerar que el acusado tenía “buena conducta” y no antecedentes penales.

“Ella dijo que tuvo un buen comportamiento y como era primera vez, por eso le da la libertad condicional… La jueza solo tomó en cuenta un evento, minimizó el otro. ¿Cómo define una buena conducta? ¿Le darían ustedes una buena conducta a un agresor sexual?”, cuestionó la madre de la víctima.

La resolución judicial exime al sentenciado de cualquier medida cautelar más allá de no votar, no consumir alcohol ni drogas y no reincidir en el delito. Para la familia, esto equivale a dejarlo libre sin consecuencias reales.

“Como víctimas sentimos que se protegieron a toda costa los derechos del agresor, mientras los de mi hija fueron ignorados, vulnerados y postergados. Se nos prometió una justicia pronta y expedita, pero ha sido todo lo contrario”, denunciaron.

La madre señaló que desconoce si el agresor continúa laborando en el SATES, aunque existe la posibilidad de que conserve su derecho a reincorporarse al puesto.

Tanto la familia como Pitaya Árida exigieron que el Tribunal reconsidere la sentencia y dicte una resolución acorde con la gravedad del delito y el daño causado. Además, demandan que los operadores del sistema judicial sean capacitados en perspectiva de género, niñez y derechos humanos, que se implementen mecanismos reales de reparación integral del daño y que los agresores reciban tratamiento psicológico obligatorio. Incluso compararon el caso con el hecho que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ocurrido el pasado 4 noviembre.

“La justicia pronta y expedita de la que tanto presume el Estado mexicano no existe para las víctimas ¿Qué diferencia hay entre una niña de 11 años y una mujer de 60 violentada sexualmente? Ninguna. Pero parece que para el sistema judicial, sí las hay”, concluyó la colectiva.

 

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