El pasado martes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado en el que anuncia la identificación de 13 casinos en donde se detectaron operaciones consistentes con métodos de lavado de dinero. El estado de Sinaloa aparece entre las entidades con establecimientos denunciados ante la Fiscalía General de la República por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Entre estas conductas sospechosas, la SHCP cita movimientos millonarios en efectivo y transferencias a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta o Panamá. Además, se detectaron perfiles como amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados haciendo transferencias de fondos a terceros para intentar legitimar ingresos supuestamente obtenidos a través de los juegos.

“Utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido”, acusa el comunicado de la entidad federal.

 

La identificación de estas prácticas sería el resultado de una investigación que “lleva meses realizándose“. Las empresas acusadas por la SHCP han sido listadas como personas morales bloqueadas, de modo que no puedan seguir siendo usadas por el crimen organizado. Los posibles delitos por los que se les acusa son operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.

La instancia federal también menciona a las autoridades financieras de Estados Unidos: el FinCEN y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro. Asegura que las acciones en contra de los casinos sospechosos son prueba del compromiso con la cooperación internacional para prevenir prácticas ilícitas.

Este anuncio ocurre en un contexto en el que el sistema financiero nacional está siendo sacudido por la fiscalización y sanciones de las autoridades estadounidenses hacia entidades financieras mexicanas, bajo acusaciones de lavado de dinero y facilitación de operaciones del narcotráfico.

En el estado de Sinaloa, este año han sido sancionadas por lo menos 20 empresas y 12 personas por parte del gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa. Pese a las acusaciones de la autoridad extranjera, las instancias estatales han hecho caso omiso.

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