Culiacán, Sin.- El Gobierno de Sinaloa cerró el ejercicio 2024 mostrando un problema serio: no tiene dinero para pagar deudas a corto plazo que, en suma, son $4,698,199,117.10 de pesos, de acuerdo con el Informe Individual de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El gobierno de Rubén Rocha Moya no tiene “recursos líquidos” y de libre uso para cubrir todas sus obligaciones, un síntoma de presión y vulnerabilidad operativa.
El hallazgo se encuentra en el resultado número 14 de la Auditoría practicada al Poder Ejecutivo. En esa observación se puede comparar los recursos disponibles sin restricción por un monto de $2,509 millones con los pasivos de corto plazo, que en suma toral son $7,207 millones. La diferencia es por 4,698 millones.
¿Qué quiere decir? que el Gobierno de Rocha Moya depende de ingresos a través de pago de impuestos para pagar compromisos, un indicador de tensión financiera, pues el Estado debe más de lo que puede pagar ahora.
Aunque el Gobierno cuenta con recursos etiquetados, la ASE advirtió que los recursos de libre disposición son insuficientes para sostener sus pasivos inmediatos. Esta falta de liquidez puede derivar en retrasos en pagos a proveedores, diferimiento de obra pública, imposibilidad de cubrir adeudos por servicios personales y el riesgo de recurrir a financiamiento adicional, como se hizo con la deuda ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un monto de 2,300 millones de pesos.
El gobernador Rocha Moya decidió destinar el recurso de la obra pública para 2025 para el pago de deuda, pero semanas más tarde solicitó préstamos bancarios por el mismo monto y así establecer un proyecto específico de obras.
Los pasivos sin fuente de pago más importantes que arrastra la Administración estatal son retenciones y contribuciones sobre seguros, cuotas o aportaciones a planes de retiro y fondos de vivienda de trabajadores desde el año 2012. Solo por ello se deben más de 1,600 millones de pesos, entre ellos al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), al que se le debe 1,134 millones de pesos.
También se tiene pendiente el rubro de “servicios personales por pagar”, por un monto de 1,779 millones de pesos, transferencias pendientes a proveedores por más de 245 millones, que incluyen subsidios, apoyos y documentos pendientes de liquidar.
Entre las empresas involucradas como proveedoras están Metlife México, quien se tiene un adeudo histórico de 35.6 millones de pesos en seguros voluntarios descontados a empleados, pero que no se pagaron. También se tiene un pasivo con “Fondo ACH” por retenciones a trabajadores que suman 145,710.69.
Es decir, no solo se trata de gasto corriente, sino de compromisos con terceros que el Gobierno debió haber enterado desde tiempo atrás.
La Auditoría reveló que el gobierno de Sinaloa opera con un desbalance administrativo, el cual compromete pagos a proveedores y actividades básicas para el funcionamiento del Estado.
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