A unos días del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un proyecto sobre el cual especialistas consideran que no se trata de una estrategia contra la inseguridad, sino simplemente de una reacción ante el impacto negativo del homicidio del presidente municipal michoacano.

Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025; el día 4 hubo reuniones del gabinete, y cinco días después, el 9, Sheinbaum presentó el plan. Pero lo hizo desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, sin haber acudido a Uruapan, como lo solicitaba el alcalde ultimado.

La presidenta de México se comprometió a dar seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y a rendir cuentas de los avances, cada mes, en la conferencia matutina. No obstante, el consultor David Saucedo considera que se trata de un plan generalista y no concentrado en lo local, que está basado en programas sociales que son preventivos, pero que no atienden la violencia ya existente en la entidad.

En tanto, el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana recomienda priorizar la seguridad desde, en y para los municipios. “Es urgente abandonar las prioridades federales de centralización y militarización, que durante décadas han debilitado la coordinación y colaboración del pacto federal”.

¿Qué es el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia?

Sheinbaum explicó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia consta de 12 ejes, con más de 100 acciones, con una inversión pública de más 57,000 millones de pesos y otra mixta de más de 39,000 millones de pesos.

Los 12 ejes son: seguridad; desarrollo económico con bienestar, infraestructura carretera y caminos; infraestructura de agua potable, riego y saneamiento; programas de bienestar; educación; salud; vivienda; cultura; mujeres; jóvenes y planes de justicia para pueblos indígenas.

Mientras, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, habló de reforzar los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación y coordinación.

El primero consiste en la implementación de programas destinados a disminuir los factores de riesgo que hacen que los jóvenes se unan a grupos criminales. El segundo busca que, así como se consolida la Guardia Nacional en todo el país, también se fortalezcan la Policía Estatal de Michoacán, conocida como Guardia Civil, y la Fiscalía General del Estado, con equipamiento, capacitación y acciones conjuntas de operación directa bajo supervisión del gobierno de México.

Para el tercer eje se desplegarán recursos tecnológicos y unidades especializadas para disminuir la extorsión y los homicidios. Michoacán fue el punto de partida de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, según datos del gobierno de México, y desde el 6 de julio, 180 personas han sido detenidas en el estado por este delito.

Finalmente, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Para ello se incrementará el número de elementos alcanzando: 10,506 elementos de la Guardia Nacional y 1,781 de la Secretaría de Marina; ya han sido desplegados 277 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con 70 patrullas.

“Unas unidades se dedicarán a combatir la extorsión, otras a generar órdenes técnicas de investigación y de aprehensión, otras a evitar el tráfico de drogas, a la destrucción de laboratorios de drogas sintéticas, a la destrucción de plantíos de enervantes, a evitar enfrentamientos entre grupos delincuenciales y, en su momento, aplicar un plan antibloqueo”, dijo García Harfuch.

David Saucedo, especialista en Seguridad Pública, señala que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es solo una extensión de la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad. Por lo tanto, los ejes y las acciones son muy generales.

“El plan que se presentó para Michoacán es una extrapolación, en el mejor de los casos, de la Estrategia Nacional de Seguridad, lo que hicieron fue clonar esa estrategia nacional. No lo veo mal, pero creo que sí fue un poco de falta de honestidad de parte de las autoridades federales no reconocer que solo están haciendo una extrapolación”, asegura el especialista.

La propuesta de Saucedo es dejar las generalidades para identificar el contexto y los factores de riesgo individuales, familiares, sociales y comunitarios propios de Michoacán.

En 2021, López Obrador presentó un plan para Michoacán basado en programas sociales

En octubre de 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan de apoyo a Michoacán en la entidad, junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y se comprometió a ayudar para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Desde entonces, el exmandatario proponía ampliar la Guardia Nacional.

“El problema de la inseguridad creció en buena medida porque se mezcló el interés de la delincuencia con el interés político, ya no es ese tiempo, está bien definida la frontera: por un lado, la delincuencia y, por otro lado, la autoridad. Nada de compra de autoridades, de venta de plaza, nada de que ‘tenemos mucha influencia y vamos a poder actuar con impunidad’, eso ya se terminó”, pronunció el entonces presidente.

Pero ese problema persiste, considera David Saucedo: “Lo que se ha hecho de manera regular es combatir la estructura criminal, pero no así a la estructura política que le da respaldo. La pregunta que yo tengo y que sé que no me van contestar es: ¿a quiénes van a combatir en Michoacán?”.

“Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en Michoacán, sobre todo con los Programas de Bienestar, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”, agregó López Obrador en su discurso.

Para el experto, esto se trata de una estrategia de prevención, mas no de combate.

“Creo que es un déficit importante que tiene el gobierno federal: tratar de combatir el reclutamiento vía los programas sociales federales. Los programas sociales federales sirven para dar de vuelta a Morena una base de votantes firme. Ya llevamos un rato con esos programas federales, más de seis años, y no se ve que estén inhibiendo el reclutamiento de parte de grupos del crimen organizado y no impactan directamente en los indicadores de incidencia delictiva”, concluye Saucedo.