Culiacán, Sinaloa.- Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el retroceso en materia de transparencia ya no es un riesgo, sino un hecho, por lo que ahora la tarea de Sinaloa es enfrentar este desafío y tratar de preservar, en la medida de lo posible, el derecho de acceso a la información, indicaron periodistas, académicas y especialistas durante el foro “Derecho de acceso a la información: riesgos de retroceso en Sinaloa”.
La desaparición del INAI ya está teniendo un impacto, explicó Ivabelle Arroyo, representante de PIPAI, una red de periodistas cuyo objetivo es documentar y visibilizar el estado del acceso a la información pública en México.
De acuerdo con Arroyo, durante el primer trimestre del año, los integrantes de la red realizaron 833 solicitudes de información. De estas 9 de cada 10 obtuvieron respuestas, pero una tercera parte fueron insatisfactorias con enlaces rotos, documentos equivocados o bases de datos en PDF y no en Excel.
A partir de esto, se realizaron 38 recursos de revisión, de los cuales solo uno fue resuelto.
“Estos no son solamente números, son síntomas, síntomas de un estado que está bajando la persiana. Nosotros no somos una muestra representativa, somos más bien lo que sería un focus group de usuarios expertos e intensivos y seguiremos reportando esto cada tres meses para ver cómo funcionan las nuevas instituciones”, mencionó.
Por su parte, María de los Ángeles Estrada, de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del Tecnológico de Monterrey, señaló que el retroceso ya está, pues ahora gobierno es juez y parte, y es quien decide qué información se hace pública, des de que a nivel nacional no existe un organismo autónomo encargado de garantizar el derecho a la información.
Ante esto, mencionó que ahora la tarea es buscar disminuir los efectos de este retroceso, pues es a la fecha que en Sinaloa no se ha legislado para armonizar la Ley de Transparencia con las disposiciones federales.
“Ya no hay forma de detener el retroceso. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que ver la posibilidad de ver cómo actuamos dentro de ese espacio pequeñito que le dejaron a Sinaloa”, dijo.
Si bien la adecuación normativa en Sinaloa se vislumbra muy estrecha, expresó que se debe tomar en cuenta los siguientes cuestionamientos:
“¿Qué vamos a hacer con las personas que por 20 años estuvieron capacitándose y creando grupos de expertos en derecho de acceso a la información? ¿Qué vamos a hacer con esos servidores públicos? ¿Cómo los vamos a reutilizar? O no los vamos a reutilizar, los vamos a dejar ir y 20 años así a la basura. ¿Cómo vamos a hacer esa transición ordenadamente? ¿Cómo vamos a buscar o cómo vamos a encontrar una especie de autonomía en Sinaloa, pero a la vez de coordinación a nivel federal porque ahora no hay de otra?”
Por su parte, Lucía Mimiaga, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, indicó que hay incertidumbre sobre el futuro de la transparencia en Sinaloa, pues aunque desde la ciudadanía ya hay propuestas en torno a la Ley, las autoridades legislativas no se han posicionado formalmente al respecto y se corre el riesgo de que se decida aprobar una nueva ley de forma apresurada.
“En el comité acompañamos también a dos colectivos que precisamente en todo este contexto de incertidumbre, a colectivos que trabajan en derechos humanos, que metieron toda una serie de solicitudes de información por el temor de que ahora que desaparezca la Comisión Estatal, pues ya no van a poder obtener esa esa información pública. Entonces sí hay mucho temor. Hay incertidumbre”, dijo.
Incluso, indicó, los integrantes de la Comisión de Transparencia Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso del Estado fueron invitados a escuchar el foro, pero ninguno se hizo presente.
Para la periodista América Armenta, criticó que las causales de reserva de información como “paz social” y “órden público”, carecen de criterios precisos, por lo que pueden ser usadas para negar información.
“Les voy a poner un ejemplo: la Sedena que está construyendo obras, construye escuelas, hospitales, carreteras, aeropuertos y demás, usa miles de millones de pesos a los que no podemos tener acceso a detalle porque nos dicen que es información de seguridad nacional”, mencionó.
Por su parte, el comisionado de la CEAIP, José Alfredo Beltrán, afirmó que la aprobación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en consecuencia la desaparición de los órganos autónomos, se realizó sin diagnóstico y por una decisión estrictamente política.
Sin embargo, indicó, que Sinaloa aún está a tiempo de construir una alternativa distinta al modelo federal donde se pueda preservar la información que durante 22 años de transparencia se ha construido y hecho pública.
“Sí se puede, se puede en el ámbito de la soberanía del Estado aplicar una receta distinta que coloque a Sinaloa a la vanguardia en el tema de transparencia. Y ojo, Nuevo León está en ese proceso, está en ese camino. Claro, son distintos políticos, golones, etcétera, pero algo interesante está ocurriendo en Nuevo León, hay foro, hay parlamento abierto, hay discusión, hay análisis, hay acompañamiento entre los especialistas académicos, social civil con las y los legisladores y eso es lo que tenemos que hacer aquí. Eso es lo que tenemos que hacer aquí”, dijo.
Porque lo que se viene, agregó, es condenar el ejercicio del derecho humano a una letra muerta, a una inoperancia, pues pasarán muchos años para que el nuevo sistema madure.
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