Un pequeño buque pesquero Sedna zarpó, como de costumbre, en la mañana del 3 de junio desde Punta Arenas, uno de los muelles de la isla de Margarita, en el Caribe venezolano, hacia su faena pesquera.

Cinco días más tarde, los pescadores reportaron a sus familiares que se encontraban a la deriva tras una falla en los motores. Después se perdió todo contacto.

En tierra comenzó a crecer el temor de que los marineros habían sido tragados por el mar. Pero el destino de los pescadores fue otro. Semanas después, sus familiares descubrieron que habían sido interceptados por la Guardia Costera de Estados Unidos durante una gran operación en la que se incautaron 1 tonelada de cocaína y 1,5 toneladas de marihuana en varias embarcaciones, entre ellas el Sedna.

La turística isla de Margarita, ubicada en el noreste del país, no solo es la “perla del Caribe” de Venezuela por sus playas paradisíacas. También es uno de los estados estratégicos en las rutas de tráfico de drogas hacia el Caribe y Europa. Pescadores locales, redes criminales y hasta funcionarios de seguridad están involucrados en esta rentable, pero riesgosa economía ilícita.

Hoy, el panorama ha cambiado. La presencia de buques de guerra y aeronaves estadounidenses en el Caribe —parte de una ofensiva antidrogas promovida por la administración de Donald Trump— ha transformado la isla de Margarita. Los pescadores, como los narcotraficantes, enfrentan los riesgos del mar, pero también la amenaza de quedar en medio de un ataque militar.

El otrora enclave criminal

La isla de Margarita fue escenario, durante décadas, de un activo inframundo criminal dedicado principalmente al trasiego de narcóticos en el territorio insular. Uno de los grandes líderes y referentes criminales fue Teófilo Rodríguez Cazorla, alias “El Conejo”, narcotraficante que durante años lideró la ya clausurada prisión de San Antonio, ubicada al sureste de la isla.

Rodríguez Cazorla mantuvo presuntos vínculos con altos funcionarios dentro del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos, con la exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien le habría permitido convertir el penal en su centro de operaciones. En 2016, “el Conejo” fue asesinado y el liderazgo del tráfico de drogas en la isla recayó en una red liderada por Jhonny Alexander Silva Rodríguez, alias “Justin”. Según un documento del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Silva fue detenido en 2009 en la Isla de Margarita por cargos de microtráfico, aunque lograría fugarse de prisión tiempo después.

Las actividades de Silva se detuvieron en febrero de 2023 luego de una operación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que no llegó a ser reportada por los medios locales.

A pesar de estas bajas criminales, en Margarita la conexión con el narcotráfico internacional no se desvaneció y detenciones de emisarios de redes europeas en los últimos años en la isla sugieren que continúa siendo un trampolín para el tránsito de drogas a otras islas del Caribe, Centroamérica y Europa, gracias a su ubicación.

Entre esos casos se destaca la captura, en septiembre de 2023, de un ciudadano de nacionalidad polaca con una alerta roja de Interpol por su presunta participación en una red de tráfico con operaciones en Europa y América.

Sin embargo, Margarita no registra actualmente la presencia de bandas criminales significativas, y el estado Nueva Esparta, donde se ubica la isla, fue uno de los menos violentos en 2024, con una tasa de 16,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el estudio anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Detrás de esta aparente calma y los bajos índices de criminalidad, se oculta la intervención reciente de fuerzas estatales que buscan apropiarse de las rentas generadas por el tráfico de drogas en la zona costera.

Aumento del control estatal

El Sedna es una de las embarcaciones que logró superar los puntos de control a lo largo del perímetro marítimo de la isla, que en los últimos años ha visto un incremento en el patrullaje y vigilancia estatal.

El crimen en la isla, otrora en manos de criminales populares, ha quedado bajo la regulación de funcionarios estatales y redes criminales poco conocidas, según indican hechos y fuentes locales como periodistas, residentes y pescadores entrevistados bajo anonimato por InSight Crime.

Desde 2023, el gobierno venezolano instaló en los puertos de Margarita puestos de la Dirección de Espacios Acuáticos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Según marineros entrevistados por InSight Crime, quienes deseen zarpar requieren de una inspección de las embarcaciones y del permiso por parte de esta fuerza o de la Armada, además del otorgado por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA).

“Aquí, ahora, están Vigilancia Costera y la Policía Acuática, y esos no duermen. Toda la noche andan de aquí para allá”, dijo a InSight Crime un pescador en El Tirano.

La presencia de un mayor número de fuerzas de seguridad en la isla respondería a la intención del gobierno de Maduro de controlar la ruta y asegurar que todos los cargamentos de drogas que salgan del territorio cuenten con su aprobación o realicen pagos a las autoridades para poder transitar por la ruta.

El combustible para los pescadores también está estrictamente controlado por el Estado, con un máximo de unos 120 litros por semana. La restricción busca evitar recorridos no autorizados de narcotráfico, pero también afecta las faenas de pesca legítimas. “Con eso no pueden salir lejos, además sin saber si encontrarán pesca, porque si vas hoy ya no tienes gasolina para ir mañana”, explicó el pescador.

Pese a los estrictos patrullajes y restricciones, las autoridades han encontrado embarcaciones no autorizadas con drogas, motores fuera de borda de alta potencia y cientos de litros de combustible durante operativos de seguridad ocasionales.

En marzo de 2024, una embarcación con 270 kilogramos de marihuana y más de 700 litros de combustible fue hallada a la deriva por la PNB cerca de las costas del municipio Macanao, ubicado al suroeste de la isla, un operativo que sugiere que los involucrados podrían no haber pagado coimas a las fuerzas de seguridad de la zona.

¿Cooperación o disuasión?

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe podría alterar el tablero de ajedrez del narcotráfico en Margarita.

Entre 2022 y 2024 se registraron múltiples casos de embarcaciones venezolanas que transportaban varias toneladas de droga y fueron interceptadas en el Caribe con destino a Martinica y a la isla de Guadalupe. Las operaciones resultaron de la cooperación de las autoridades venezolanas con las francesas, lo que refleja la intención del gobierno venezolano de actuar contra las redes que operan al margen de su control.

Uno de ellos fue un barco pesquero que zarpó desde Margarita y fue hallado en mayo de 2024 con 2,4 toneladas de cocaína cerca de la isla de Martinica. Según las autoridades francesas, encargadas de la incautación, la droga habría sido transbordada en alta mar.

Mientras que países como Francia han centrado su estrategia en la cooperación antinarcóticos, Estados Unidos ha adoptado una postura de disuasión frente al gobierno de Maduro mediante el despliegue militar que mantiene en el mar Caribe desde agosto pasado. Según las autoridades estadounidenses, esta operación ha llevado a cabo al menos 19 ataques, matando a más de 70 personas, hasta el 12 de noviembre.

Los recientes ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas podrían disuadir temporalmente a las redes de tráfico de drogas que operan desde la isla de Margarita, como ha sucedido en otras regiones costeras de Venezuela como Falcón y Sucre. Los pescadores locales también podrían evitar salir al mar, pues hacerlo ahora conlleva riesgos similares, ya sea que transporten redes o drogas.

Por ahora, quienes participan en las redes de tráfico de drogas de la isla de Margarita deben decidir entre suspender sus operaciones, buscar rutas alternativas o correr el riesgo de convertirse en el próximo blanco de un misil.