Violencia en Sinaloa ensombrece Cuarto Informe de Rocha

Culiacán, Sin.- En el cuarto año del gobierno de Rubén Rocha Moya, Sinaloa enfrenta una de las crisis de inseguridad más graves de su historia reciente. Desde septiembre de 2024, cuando inició el conflicto interno en el Cártel de Sinaloa, a la fecha se contabilizan al menos 3 mil personas desaparecidas, aunque colectivos hablan de casi 3 mil, 2 mil 79 homicidios dolosos, 49 feminicidios y más de 8 mil vehículos robados.

Frente a este panorama, especialistas en seguridad pública advierten que las instituciones estatales han sido rebasadas y que la entidad carece de una estrategia integral para responder a la violencia que atraviesa todos los sectores sociales.

La doctora Cecilia Farfán Méndez, jefa del Observatorio de América del Norte en la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sostuvo que el gobierno de Rocha Moya llega a su cuarto informe con un saldo de inseguridad creciente y sin rendición de cuentas clara ante los señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Primero, hay una sorpresa de que él siga en el puesto de gobernador. El año pasado había una discusión sobre si efectivamente iba a continuar o no, en parte por las acusaciones que se le han hecho de vínculos con el crimen organizado. También por el aumento de la violencia. Desde fuera, sí hay cierta sorpresa de que él siga en el puesto y, sobre todo, que no haya habido una rendición de cuentas más clara”, señaló.

Farfán Méndez advirtió que los cambios en los hábitos sociales son reflejo de la violencia letal y pública que se ha instalado en el estado. Según la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, las personas reportan sentirse más inseguras y han dejado de realizar actividades cotidianas por temor.

“Los jóvenes se sienten inseguros en la escuela, mucho más que antes de esta nueva escalada de violencia. La gente ya no sale de noche, ha dejado de visitar amigos, y eso se ve reflejado también en la caída de ingresos de los negocios. No es una anécdota: hay un cambio significativo en la percepción de seguridad y en la vida social del estado”, explicó.

La especialista consideró que, mientras el gobierno federal ha anunciado un “Plan Michoacán”, derivado del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo y del líder limonero Bernardo Bravo, en Sinaloa no existe una estrategia similar, a pesar de la magnitud de la crisis.

“La gran pregunta es: ¿dónde está el Plan Sinaloa? Me parece un error pensar que, porque es Sinaloa, la violencia es parte del paisaje. No se puede normalizar. Y si queremos atender las causas estructurales de la violencia, se requiere tiempo, presupuesto y cooperación binacional, especialmente en el tema del tráfico de armas”, enfatizó.

Desde una perspectiva local, Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa, coincidió en que 2025 ha sido uno de los años más retadores para las instituciones de seguridad y justicia del estado. Dejando en evidencia la imperiosa necesidad de cambiar el rumbo o la estrategia.

“Estamos viviendo uno de los años más retadores en la historia de Sinaloa, donde se han puesto a prueba las capacidades institucionales. En algunos delitos, como desaparición forzada, homicidio y robo de vehículo, tenemos índices históricos. Las capacidades gubernamentales se han visto rebasadas”, reconoció.

Calderón agregó que la violencia en Sinaloa tiene raíces profundas y que las instituciones operan con limitaciones estructurales graves.

“Tenemos una fiscalía con índices reprobatorios en resolución de casos; la impunidad ronda el 90 por ciento. Nuestro sistema penitenciario está obsoleto y el número de policías estatales debería ser cuatro veces mayor. Realmente estamos en un Sinaloa con muy pocas capacidades para inhibir lo delincuencial”, advirtió.

El titular del CESP consideró que la prioridad para 2026 debe ser construir un presupuesto con enfoque de seguridad, paz y justicia, capaz de revertir el déficit institucional que ha caracterizado a la administración actual.

“Si alguna oportunidad histórica tenemos es la de regalarle a Sinaloa un presupuesto 2026 con enfoque en seguridad y justicia. 2025 será recordado como un año de luto y de tragedia, porque el enemigo público número uno del sinaloense sigue siendo la delincuencia, y no hemos podido reducirla a niveles aceptables”, concluyó.