Culiacán, Sin.– El Centro Penitenciario de Aguaruto volvió a ser intervenido este 16 de noviembre por fuerzas federales y estatales, en una revisión que confirma un patrón al interior de este penal que refleja el flujo constante de objetos prohibidos dentro marcado por años de autogobierno, armas y tecnología ilegal.
La inspección, realizada por el Grupo Interinstitucional, incluyó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado. Las fuerzas castrenses reforzaron la seguridad perimetral mientras el GOES ingresó a dos módulos del penal para la verificación interna.
El resultado fue el aseguramiento de cinco teléfonos celulares, cinco puntas metálicas, cinco cargadores, seis objetos contundentes y un módem. Todo ello quedó a disposición de las autoridades ministeriales para iniciar las investigaciones correspondientes. Según el reporte oficial, la revisión concluyó sin incidentes y en apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Esta intervención se suma a un largo historial de revisiones que han puesto en evidencia las condiciones reales del penal. Un espacio donde la circulación de armas, drogas, alcohol, celulares, radios y hasta antenas Starlink es recurrente. Tan solo en 2025, Aguaruto ha sido revisado más de 40 veces y, entre todos los operativos, se han documentado más de 130 hallazgos de armas de fuego, incluidas pistolas Glock, carabinas, metralletas y artefactos artesanales de alto poder.
El caso más llamativo ocurrió el 12 de mayo, cuando se localizó un cañón, conocido como “lanza papas”, adaptado para disparar balas calibre .44 milímetros. A ello se suman los reportes de octubre, cuando se aseguraron carabinas en dos ocasiones, y los más de 500 decomisos de armas blancas fabricadas por los propios internos, entre martillos, sierras eléctricas y puntas metálicas.
A pesar de estos hallazgos, el gobernador Rubén Rocha Moya ha negado para ESPEJO que exista autogobierno dentro del penal. Asegura que se trata de un edificio viejo, deteriorado, que arrastra problemas desde hace décadas y que requiere una renovación profunda. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo, ya había advertido desde su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024 la presencia de actividades ilícitas y, desde 2022, la existencia de ejercicio de autoridad por parte de personas privadas de la libertad.
Mientras tanto, las revisiones se mantienen como una acción constante para intentar contener el ingreso de objetos ilegales. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar emergencias al 911 y denuncias anónimas al 089.
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