Culiacán, Sinaloa.- El el marco del cuarto informe de gobierno, el economista y miembro del Comité de Participación Ciudadana (CPC), César Miguel Valenzuela Espinoza, analizó para ESPEJO el desempeño del Gobierno del Estado de Sinaloa en materia de Administración y Finanzas. Su diagnóstico apunta a un problema que, asegura, es estructural y se ha profundizado con la crisis económica, la sequía, la inseguridad y la ausencia de planeación de largo plazo.

Valenzuela explica que cualquier revisión de las finanzas públicas debe partir de tres componentes universales: ingreso, gasto y deuda. Sin embargo, antes de evaluar esos rubros, subraya una condición indispensable para desarrollar estos tres factores y es la planeación, es decir, la capacidad de prever, equilibrar y orientar las decisiones financieras a objetivos de desarrollo.

En Sinaloa, afirma, esa planeación lleva más de dos décadas sin hacerse con seriedad, y la dependencia responsable, la Secretaría de Administración y Finanzas, no ha logrado corregirlo.

Una economía que nunca se adaptó

Para el economista, el origen del rezago actual se encuentra en el momento en que México abrió su economía en los años ochenta. Mientras otras entidades como Querétaro, Guanajuato, Jalisco o los estados fronterizos se reconfiguraron para competir en un mercado global, Sinaloa quedó supeditado a un modelo que perdió vigencia.

“Éramos una economía diseñada para un esquema cerrado: con agroindustria fuerte, competitiva. Al abrirse las fronteras, prácticamente acabaron con nuestra agroindustria que era nuestro pilar”, explica.

Hoy, asegura, aunque existe la idea generalizada de que Sinaloa es un estado agrícola, la realidad es otra ya que actividades como el comercio y los servicios generan dos terceras partes del Producto Interno Bruto estatal, mientras que el sector primario apenas rebasa el 10 por ciento.

Ese desfase, combinado con la falta de una planeación económica profunda, ha limitado la capacidad del estado para generar riqueza y, por ende, ingresos públicos.

Ingresos a la baja y participaciones federales afectadas

Valenzuela señala que los ingresos estatales son, en términos reales, menores que hace algunos años. Esto obedece tanto a la pérdida de dinamismo económico como a factores recientes como la sequía que afecta varios ciclos agrícolas y la crisis de seguridad que lleva más de 14 meses deteriorando la actividad productiva.

El economista explica que las participaciones federales, la principal fuente de ingresos estatales y municipales, han resentido esta realidad. Factores como la caída en la venta de automóviles nuevos, asociada también al robo de vehículos, afectan la recaudación federal y, por lo tanto, los montos que se distribuyen a los estados.

“La falta de planeación va a tener como consecuencia que los ingresos que se obtienen para financiar el gasto se van reduciendo ¿Por qué se van reduciendo? Bueno, porque la riqueza es menor. Cuando hablo de la riqueza, no estoy hablando de un grupo de personas que son ricos, estoy hablando de toda esa riqueza que se genera en un estado y obviamente esa riqueza va a generar impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, que es de donde se nutren las finanzas”, afirmó.

Inversión pública sin estrategia y un Plan de Reactivación inexistente

En materia de gasto, Valenzuela cuestiona que el presupuesto estatal se esté destinando principalmente al gasto corriente, sin cumplir la regla no escrita que recomienda dirigir al menos 25 por ciento del presupuesto a inversión pública como obra, equipamiento, infraestructura, como forma de fortalecer el patrimonio social.

Pone como ejemplo el anuncio del Plan de Reactivación Económica, que a inicios de año justificó la contratación de un crédito de 2 mil 300 millones de pesos.

“Se habló del plan, hubo campaña mediática, pero el documento nunca existió. No hubo diagnóstico, objetivos, metas ni programación”.

La consecuencia, insiste, fue evidente: proyectos apresurados y la suspensión del más relevante a su parecer que es el Centro de Convenciones de Culiacán, un proyecto muy esperado por la iniciativa privada de la capital sinaloense.

“Si no se hace planeación regional seria, seguiremos viendo anuncios que no se concretan”.

Además, lamenta que las mezclas de recursos federales, estatales y municipales, que hace algunos años permitían ejecutar obras grandes, prácticamente han desaparecido, y Sinaloa aparece en la parte baja en asignación de recursos federales para 2026.

Deuda pública: un pendiente histórico por transparentar

Para Valenzuela, la deuda pública no debe satanizarse, siempre y cuando se use para detonar desarrollo. Sin embargo, señala que Sinaloa arrastra un problema mayor: los pasivos sin fuente de pago que históricamente hereda cada administración.

“Cuando empieza un gobierno, siempre aparece un faltante: 500 millones, mil millones o más. Nadie explica dónde quedaron”, afirma.

Recuerda que hace dos décadas se estimó que esos pasivos rondaban los 15 mil millones de pesos, cifra que podría llegar a 20 o 25 mil millones si se incluyen organismos descentralizados como COBAES, UAdeO (antes de volverse autónoma), Servicios de Salud u Servicios de Educación.

Por ello, considera que el gobierno actual tiene la oportunidad histórica de transparentar, desde administraciones pasadas hasta la actual, todos los adeudos y faltantes.

“El gobernador ya dijo que en gobiernos anteriores se hicieron retenciones que no se entregaron. Si ya se abrió la puerta, lo sano es aclararlo todo. La deuda que se contrata hoy la pagarán generaciones futuras”.

Valenzuela pone como ejemplo reciente que, al inicio del sexenio, el gobernador pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un anticipo de participaciones por alrededor de mil 500 millones de pesos para cubrir un faltante heredado. Ese dinero, señala, se descontó después del flujo de recursos federales.

“Entonces, ¿dónde quedó ese dinero? Son mil 500 millones que no llegaron a servicios, sueldos o infraestructura. La ciudadanía merece saber qué pasó”.

 

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