Por: Alondra Angel Rodriguez / @AlondraAngelRo

El asesinato del alcalde de Uruapan Michoacán, Carlos Manzo, presuntamente cometido por un adolescente de 17 años en Michoacán evidenció, una vez más, lo que la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Tejiendo Redes y organizaciones que velan por los derechos de las infancias y adolescentes en México han documentado durante años: niñas, niños y adolescentes están siendo utilizados por grupos delictivos, como parte de estructuras operativas. Según datos de la REDIM hasta 250 mil infancias podrían estar en riesgo de ser reclutadas en México.

En su boletín del pasado 6 de noviembre, la REDIM enfatizó que la publicación del nombre, el rostro y datos personales del adolescente, presuntamente involucrado por parte de la fiscalía de Michoacán, constituye una violación grave a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y es, además, una forma de revictimización que perpetúa al estigma social.

“Los adolescentes no son el peligro, están en peligro”, expresó Juan Martín Perez, director de Tejiendo Redes infancia en entrevista para ZonaDocs. Desde su perspectiva, la respuesta punitiva criminaliza las juventudes e invisibiliza el verdadero problema: la ausencia de políticas públicas que garanticen la educación, oportunidades y protección frente al reclutamiento en territorios bajo control criminal.

Juan Martin explicó que la tipificación del reclutamiento forzado como delito autónomo no sólo permitiría reconocer la magnitud del problema, sino contar con herramientas jurídicas para prevenirlo y sancionarlo.

El activista comentó que no es la primera vez que se solicita esta acción, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU lleva más de 14 años recomendando a México tipificar este delito con un plan en tres partes:

1) tipificar el reclutamiento forzado como un crimen específico en el Código Penal Federal;
2) crear programas de desvinculación y rescate de los adolescentes ahora mismo reclutados; y
3) crear programas de prevención para que no lleguen a ser reclutados.

Sin embargo, tres presidentes de tres partidos políticos y con proyectos de nación diferentes Felipe Calderón (PAN), Enrique Peña Nieto (PRI) y Andrés Manuel López Obrador (Morena) ignoraron estas recomendaciones.

Ahora, con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se hace de nuevo la petición, de cumplirse ésta representaría una gran oportunidad para accionar como nunca antes se había hecho. Además, ello implicaría emprender una estrategia para rescatar a los adolescentes en un conflicto con la ley, particularmente vinculados por el crimen y otras acciones articuladas desde el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

“Lo que tres presidentes de tres partidos distintos no han hecho es la gran oportunidad para la presidenta Claudia que pueda aplicar a través de una iniciativa preferente eh el reclutamiento”, expresó Pérez.

De acuerdo con la carta abierta de Tejiendo Redes infancia, el reclutamiento forzado debe reconocerse como un asunto de seguridad nacional, tomar acción al respecto favorecería la pérdida de poder de las estructuras criminales desde su base y reduciría los índices de violencia armada. Esta práctica convierte a las víctimas en perpetradoras y también perpetúa un ciclo de homicidios y desapariciones donde las juventudes son utilizadas como material desechable.

“No es una ocurrencia, es la evidencia científica que nos muestra que, para reducir la violencia se tiene que reducir la base operativa de los de los grupos criminales”, expresó.

Juan Martin consideró que la omisión de los gobiernos no es un tema desconocimiento, sino de una omisión dolosa que permite mantener un modelo de guerra rentable para las élites políticas, militares y empresariales.

“El principal y el que seguirá siendo un gran problema en tanto como no cambie es que tenemos una guerra en México y toda guerra necesita soldados. El Estado mexicano convoca, recluta a la Guardia Nacional para defensa y otras fuerzas de seguridad y los grupos criminales lo hacen a partir del reclutamiento forzado”, expresó Juan Martin.

Si bien, se tiene la creencia de qué niños y adolescentes son cooptados por grupos criminales por tener “ventajas legales” o “leyes menos estrictas” porque no son sancionados como adultos, la población adolescente que comete cualquier delito, puede ser sancionada bajo una ley específica acorde a su edad, regulada bajo criterios de estándar internacional y donde se busca que no haya impunidad ante los delitos.

“Los grupos criminales no los reclutan porque vayan a salir más pronto, los reclutan porque están disponibles, porque no hay quien los proteja, porque son desechables”, comentó Juan Martin.

En ese sentido, el adolescente que supuestamente fue el perpetrador del asesinato en Uruapan ejemplifica cómo el Estado mexicano vulnera a las infancias desde todos los frentes: por la omisión preventiva, la falta de atención y la violencia institucional.

Según lo documentado por Tejiendo Redes, su familia había denunciado su desaparición una semana antes de los hechos. Pese a ello, las autoridades no lo buscaron ni ofrecieron acompañamiento.

Luego del asesinato del alcalde se confirmó la ejecución del adolescente, la fiscalía de Michoacán expuso públicamente sus restos humanos y datos personales, lo que generó acoso y riesgo para su familia:

“El adolescente que participa tiene un doble rol, el de víctima de reclutamiento y el de perpetrador. Pero ya hay evidencia, el propio gobernador lo reconoció que fue detenido, desarmado y posteriormente ejecutado”, expresó.
Estos hechos no pueden tratarse como simples irregularidades, sino como violaciones graves a los derechos humanos que deben ser investigadas:

“Lo que estamos mirando es una actuación indolente de las autoridades de a nivel federal al no tipificar de las autoridades de Michoacán, al ejercer violencia institucional contra este niño, víctima y perpetrador en los dos sentidos y con la familia”, agregó Juan Martin.

Pérez insistió en que la tipificación es viable políticamente y agregó que “no es por falta de información, los presidentes los saben y decidieron no hacerlo”. Recordó que incluso el presidente López Obrador firmó en 2018 un compromiso para impulsar la ratificación, pero “no cumplió”.

Juan Martín reflexionó sobre el tipo de país que se está construyendo a partir de la indiferencia hacia la niñez. Aunque México es la economía número 13 del mundo, sus indicadores de bienestar infantil, se asemejan a los países con menor ingresos: “un gobierno se conoce por su infancia y nosotros tenemos malas cuentas comparado con otros países que tienen un alto ingreso”, expresó.

“Pueden decir cualquier cosa, pero sí niños y niñas y adolescentes no pueden hacer en su vida cotidiana cosas tan sencillas y simples como ir caminando a la escuela, como poder salir a jugar a la calle todo lo demás son palabras, son propaganda”, comentó.

Se hace un llamado urgente a la sociedad, medios y los tres niveles de gobierno para asumir la corresponsabilidad frente al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para garantizar sus derechos y un desarrollo pleno: detener la exposición y criminalización mediática y tipificar el reclutamiento forzado, reconociendo a las y los adolescentes como víctimas, no como criminales.

“Si el Estado cumpliera con su obligación de proteger a las infancias, reduciríamos el número de víctimas, lo que existe es una omisión dolosa que mantiene viva la guerra contra las juventudes”, concluyó Pérez.