Culiacán, Sinaloa.— A unos días del cuarto informe de gobierno de Rubén Rocha Moya, especialistas en urbanismo, políticas públicas y planeación coinciden en una misma conclusión: la obra pública del actual sexenio ha avanzado en proyectos sociales dispersos, pero sigue sin mostrar visión estratégica, transparencia ni proyectos detonantes capaces de impulsar el desarrollo regional.

Marlene León Fontes, directora ejecutiva de Iniciativa Sinaloa; Carlos Inzunza, consejero ciudadano del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán; y Juan Carlos Rojo, arquitecto y académico, serán las tres voces consultadas que nos ofrecen una radiografía severa del cuarto año de administración estatal.

Obras sociales sí, pero sin una gran obra que marque el sexenio

Para Carlos Inzunza, el gobierno ha mantenido desde 2021 un enfoque de “obras con sentido social” que privilegia pavimentaciones, pequeñas vialidades y servicios básicos. Aunque reconoce que este tipo de intervenciones mejoran lo cotidiano, advierte que no han construido una visión de desarrollo a largo plazo.

“No existe una obra insignia del sexenio. No una obra de relumbrón, sino una que detone actividad económica o eleve la competitividad del estado”, señala.

La ausencia de prioridades estratégicas se refleja, dice, en el proyecto del Centro de Convenciones de Culiacán, archivado desde la administración anterior y sin avances palpables.

“Ya vamos a entrar al quinto año de la administración… Ni una primera etapa, ni una señal de voluntad política. Si así fuera, ya se habría iniciado y se le daría prioridad porque son obras detonantes con efecto multiplicador”, afirma.

Inzunza reconoce trabajos relevantes en prevención de inundaciones y conectividad, pero insiste en que la mayoría de las obras responden a necesidades inmediatas y no a una planeación real de futuro.

Opacidad y endeudamiento mal supervisado: la crítica de la sociedad civil

Para Marlene León Fontes, el uso del megacrédito estatal de 2 mil 300 millones de pesos, aprobado por el Congreso de Sinaloa para financiar el Plan de Reactivación Económica, marcó un punto de inflexión en la administración.

Desde el inicio, explica, Iniciativa Sinaloa advirtió que el comité de vigilancia del crédito quedó integrado por los mismos diputados que lo aprobaron, lo que minó la independencia del proceso.

El pasado de 8 de enero el gobernador Rubén Rocha Moya acudió al Congreso del Estado para pedir un préstamo de 2 mil 300 millones de pesos.

A ello se suma que varias obras consideradas estratégicas para municipios como Mazatlán, Culiacán y Ahome fueron eliminadas del paquete financiado con deuda: el relleno sanitario, el colector pluvial y el propio Centro de Convenciones.

“En lugar de resolver problemas estructurales, se optó por obras visibles o políticamente rentables”, afirma.

León Fontes también cuestiona la narrativa oficial que prometía que el impacto de estas obras se reflejaría en mejoras de seguridad pública y en la economía. Hasta hoy, subraya, la violencia no cede y lo indicadores económicos indican retrocesos, por lo que no existen datos que respalden que el plan haya tenido efectos en ambas materias.

Una visión urbana extraviada

El arquitecto e investigador Juan Carlos Rojo centra su análisis en la ausencia de una visión de ciudad y de una política urbana sostenida.

En el cuarto año, dice, la estrategia de obra pública sigue desatendiendo temas centrales como movilidad urbana, espacio público, gestión del territorio y sostenibilidad ambiental.

“Seguimos construyendo ciudades para el automóvil, no para la gente. Pensar el desarrollo urbano requiere visión a largo plazo, y es muy difícil que un gobierno, con periodos tan cortos, priorice eso. Su enfoque suele estar en lo inmediato, en cómo se ve políticamente”, cuestiona.

Como ejemplo, menciona la ampliación del malecón de Culiacán que, aunque incorporó una ciclovía, la mayor parte del presupuesto siguió dirigida a infraestructura para vehículos privados, mientras el transporte público que es utilizado por una gran parte de la población continúa deteriorado y siendo dejado de lado en la proyección de obras.

Rojo añade que tampoco hay acciones de fondo ante la crisis ambiental urbana. Problemas como drenaje pluvial, manejo de inundaciones, sobrepavimentación, deforestación y gestión de residuos quedan fuera de la planeación presupuestal. En este sentido, considera que dependencias como SEBIDES y Obras Públicas deberían impulsar proyectos con beneficios a largo plazo, no solo intervenciones de impacto inmediato.

Cita el caso de Mazatlán, que mantiene un basurero a cielo abierto pese a contar con dictamen para su cierre. El relleno sanitario, recuerda, también fue excluido del Plan de Reactivación Económica, lo que confirma, a su juicio, la falta de una agenda pública orientada a resolver problemas estructurales.

Aunque reconoce que aún es posible sembrar bases para el futuro, subraya que ello requiere algo que hoy no existe y es una visión de desarrollo urbano sostenible.

Para los especialistas, el saldo es claro y coinciden en que el gobierno estatal aún está a tiempo de corregir, pero el año previo al cuarto informe deja más deudas que avances, especialmente en materia de planeación, transparencia y visión de largo plazo.

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