Culiacán, Sin.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró ante los medios de comunicación que el retiro de dos plazas presuntamente irregulares en la Escuela Normal de Sinaloa fue ordenado directamente por él.

—Se habían asignado irregularmente en abril y la secretaria dio marcha atrás.
—Sí, porque yo les dí instrucciones para que dieran marcha atrás.

Mencionó la autoridad estatal cuando fue abordado sobre el tema.

Las plazas fueron retiradas tras los señalamientos del colectivo Somos +Que 53, mediante un comunicado en el que denunciaron que estas habían sido asignadas sin cumplir con el procedimiento de concurso público que exige la normativa estatal, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 11 de mayo de 2018, la cual establece:

Todo ingreso o promoción en las Escuelas Normales debe realizarse mediante convocatoria pública y con base en criterios de mérito y transparencia.

Las beneficiarias, identificadas como Yahaira Berenice Sainz Rosales, jefa de Formación y Actualización Docente, y Mar de Jesús Heiras Palazuelos, jefa del Departamento de Educación Superior y Títulos, fueron retiradas de su cargo y plaza, según anunció el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Rodrigo López Zavala, señalado en el comunicado como quien firmó los nombramientos.

Aunque la legalidad de este procedimiento fue defendida por el subsecretario López Zavala, la medida se tomó con el fin de evitar conflictos.

Sin embargo, esta decisión no fue suficiente para apaciguar las inconformidades del movimiento, que exigió a las autoridades competentes la realización de una auditoría en la Normal de Sinaloa y la aplicación de las sanciones correspondientes.

Ante esto, la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, deslindó a la SEPyC de las investigaciones, informando que la universidad involucrada ya está tomando cartas en el asunto.

Por su parte, el Gobernador destacó que las dos plazas deben ser destinadas para quienes “su derecho no fue respetado”, por lo que deben de ser asignadas a quienes tengan más merito dentro de la institución, para así, “restituirles” sus derechos. 

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