Culiacán, Sinaloa.- Desde septiembre de 2024, Sinaloa vive en medio de una violencia que ha dejado a su paso un gran número de familias desplazadas y personas desaparecidas, provocando una crisis humanitaria que, según colectivos de derechos humanos, no ha sido atendida por el gobierno de Rubén Rocha Moya.
Rita Tirado, acompañante de familias desplazadas de la sierra del sur de Sinaloa, indicó que las familias han retornado a sus hogares sin tener condiciones de seguridad y enfrentando otras problemáticas como la carencia de suministros, incendios provocados por el crimen organizado y falta de respuesta institucional, aún cuando existen recursos públicos para hacerlo.
La activista consideró que este año –2025– ha habido un estancamiento a nivel estatal en materia de derechos humanos, pues las autoridades no han reaccionado para brindar alternativas a las víctimas de desplazamiento forzado más allá de entrega de despensas.
Indicó que la excusa del Gobierno del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos para no atender el desplazamiento es el contexto de violencia. Sin embargo, aseguró, hay alternativas específicas que pueden garantizar a estas familias condiciones de vida más dignas.
“Para mí eso es lamentable porque sí es cierto, digamos, la problemática de la violencia es muy compleja y de raíces muy profundas y no podemos solucionarlo de manera inmediata, pero sí hay alternativas. Por ejemplo, a las comunidades de la sierra que enfrentan esta crisis multifactorial, pero que en gran medida es de salud. Bueno, ¿por qué no mandas caravanas? Así como las caravanas que estamos realizando nosotres desde la sociedad civil organizada”, dijo.
Además, mencionó, no solo el desplazamiento forzado está desatendido, sino que en este año que ha pasado de gobierno –y que ha coincidido con la violencia provocada por grupos criminales en el Estado– también han incrementado las desapariciones de personas y los delitos en contra de niñas, adolescentes y mujeres.
“En la actualidad se está observando, y lo están observando los profesionales que se dedican a esto, en que muchos feminicidas están aprovechando incluso este contexto en el que vivimos de violencia recrudecida por el narco para cometer sus crímenes”, dijo.
Por su parte, Alejandra Martínez Carrizales, del colectivo de búsqueda Por las Voces sin Justicia, con base en Mazatán, mencionó que este año, en materia de derechos humanos hubo mucho discurso de apoyo, pero pocas acciones concretas.
En el caso de la desaparición de personas, explicó, existe un rezago forense que no ha sido atendido. Ejemplo de ello, señaló, es la reciente entrega de un cuerpo que permaneció un año en SEMEFO.
“Yo creo que eso es una falta gravísima y algo en que debería de abocarse derechos humanos en específico. ¿Cómo es posible que haya un rezago tan grande y no no le están poniendo atención?”, cuestionó.
Explicó que otro tema que han planteado a las autoridades es la falta de seguridad en sus labores de búsqueda, pues no se les asigna personal suficiente para que realice la tarea de acompañamiento.
“Ha habido cambios buenos, pero también malos, como lo es la seguridad. Y es algo que tiene muchísimo pasando, que no se han abocado a eso a pesar de que se les ha mencionado infinidad de veces”, dijo
Cabe mencionar que en Sinaloa, de acuerdo a un análisis de fichas de búsqueda compartidas por colectivos de búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa y la Fiscalía General del Estado, tan solo en los últimos meses los registros muestran que cada día desaparecen en promedio cinco personas.
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