“El señor Duarte no colma este requisito, pues el sobreseimiento —cancelación— del proceso penal abierto en su contra por desaparición forzada no se encuentra firme, debido a que la Fiscalía de Veracruz hizo una apelación”, dijo la jueza federal.
El exgobernador también se quedará en prisión debido a que su defensa no logró acreditar que haya cumplido con el plan de actividades del Reclusorio Norte, relacionado con actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas.
“La defensa no aportó medio de prueba que acredite que todas y cada una de las actividades deportivas, culturales y educativas se cumplieron”, agregó.
De esta forma, la jueza federal Angela Zamorano Herrera determinó que Duarte no cumplió con dos de los siete requisitos establecidos en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que seguirá pagando su condena de nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, impuesta en su contra desde el 26 de septiembre de 2018 y la cual concluirá en abril de 2026.
¿Cómo tomó Duarte la noticia?
Vistiendo una camisa blanca de mangas cortas, un chaleco color beige y lentes, Javier Duarte escuchó con calma toda la resolución inicial de la jueza con la cabeza hacia abajo, manteniendo en todo el tiempo los dedos de las manos entrelazados.
Y es que al inicio de la audiencia, la jueza federal había asegurado que “tomando una decisión libre y lógica se puede verificar que cada una de las exigencias de la Ley Nacional de Ejecución Penal se encuentran colmadas”.
Sin embargo, al escuchar que no saldría de prisión, el exgobernador acomodó sus cosas, cerró una pluma que tenía a la mano y volteó a ver fijamente a su equipo legal.
Al salir de la audiencia, el abogado Pablo Campuzano, abogado defensor de Javier Duarte, aseguró que el caso por desaparición forzada había sido cancelado por tortura, por lo que apelarán la resolución de no darle el beneficio de libertad anticipada.
Durante la audiencia, también destacó la ausencia del fiscal, Manuel Granados Quiroz, titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la FGR, quien solo mandó a un agente del Ministerio Público de la federación.
Al agente le tocó escuchar a la jueza decir que la FGR no aportó ninguna prueba que mostrara que la salida del exgobernador “represente un riesgo real para ninguna víctima y la sociedad“.
Además, la jueza señaló que ni la FGR ni la Fiscalía de Veracruz han logrado que se le dicte una sentencia condenatoria firme por ningún otro caso.
Las audiencias de Duarte
Durante tres audiencias, tanto la FGR como la defensa legal del exmandatario estatal presentaron pruebas y testigos para argumentar a favor y en contra de Duarte.
En estas audiencias la FGR argumentó que, entre los años 2019 y 2020, Duarte fue sancionado por haber introducido algunos “objetos ilegales” a la prisión, además de tener otro procedimiento penal por una supuesta desaparición forzada.
Sin embargo, el argumento de la defensa se ha centrado en el hecho de que si bien las sanciones sí existieron, estas ya cumplieron cinco años, por lo que al no haber reincidido en alguna otra mala conducta, el exgobernador podría solicitar el beneficio de la libertad anticipada.
La defensa también argumentó que el delito por el cual se le persiguió no fue por desaparición forzada, sino por haber “entorpecido las investigaciones”, lo cual no amerita figura de prisión preventiva oficiosa y, por tanto, podría salir.
En la última audiencia el debate subió de tono cuando el propio exmandatario estatal tomó la palabra para acusar a la FGR de querer montar un “circo mediático” con su caso.
Caso Javier Duarte
Ha pasado casi una década desde que se destapara el mayor escándalo de corrupción en Veracruz bajo la administración del expriista Javier Duarte de Ochoa, quien gobernó la entidad del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016. Fue acusado de desvíos millonarios, de la creación de empresas fantasma, y de usar fondos destinados a programas sociales para fines políticos y personales.
En 2018, fue sentenciado a nueve años de prisión, tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, luego de aceptar un juicio abreviado ofrecido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR). A cambio, consiguió que se le dictara la pena mínima.
En mayo de 2016, en pleno proceso electoral, Animal Político publicó una amplia investigación que mostraba la operación de una red de empresas fantasma en el gobierno de Veracruz que derivaron en los desfalcos millonarios detectados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Javier Duarte utilizó un mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas, una Estafa Maestra.
Tras el caso denunciado por Animal Político en 2016, la entonces PGR acusó a Duarte de dos delitos: lavado de dinero y asociación delictuosa. Esto al considerar que se confabuló con otras personas para desviar recursos públicos durante su gobierno utilizando empresas fantasma y prestanombres. El dinero, de acuerdo con las indagatorias, lo habría utilizado para la adquisición de propiedades y otros bienes.
El presunto desvío de recursos federales, perpetrado de 2011 a 2016 en Veracruz, supuestamente destinados a acciones de salud, educación, seguridad, obras y asistencia social, asciende a más de 61 mil millones de pesos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se trata del mayor caso de manejo irregular de recursos federales del que haya registro a la fecha.
El 12 de octubre de 2016 Javier Duarte solicitó licencia al Congreso de Veracruz para separarse del cargo, argumentando que lo hacía para enfrentar las acusaciones en su contra; sin embargo, desapareció de la vida pública. Se fugó.
Cinco días después se giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A finales de ese mes, fue expulsado del PRI.
Seis meses después, el 15 de abril de 2017, Javier Duarte fue detenido en Guatemala por agentes federales mexicanos y de aquel país.
Tras ser extraditado a México, Duarte fue internado en el Reclusorio Norte donde se le inició un proceso penal en el que, inicialmente, intentó defenderse. Sin embargo, en una audiencia intermedia realizada el 26 de septiembre de 2018, el exgobernadordecidió renunciar a su derecho a ir a un juicio y se declaró culpable.
A cambio de dicha declaratoria, el juez le impuso las penas mínimas contempladas que, en suma, representaron nueve años de prisión. También se ordenó que se le confiscaran varias propiedades y que pagara una multa, sin que se incluyera ninguna reparación del daño.
El exgobernador también fue procesado por desaparición forzada, pero esta acusación no prosperó.
Más de ocho años después de que fuera detenido, han salido a la luz contrataciones con compañías fachada que, hasta la fecha, no han sido incluidas en las 71 denuncias presentadas por la ASF contra su administración.
Oficialmente, su excarcelación está programada para abril de 2026.
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