Culiacán, Sinaloa.-En el marco del cuarto informe de gobierno de Rubén Rocha Moya, en ESPEJO realizamos un balance en compañía de activistas, especialistas y organizaciones civiles en materia de Bienestar y Desarrollo Sustentable, un ámbito que el gobernador ha descrito como eje de su política humanista.

Para realizar este análisis fue necesario poner al centro a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), dependencia responsable de atender aspectos sociales como el bienestar, la inclusión, el acceso a la vivienda y la atención a comunidades vulnerables. Asimismo, es el área encargada de revisar y resolver problemáticas ambientales y urbanas como el desarrollo sustentable, el cambio climático y la gestión de recursos para estas tareas.

Este balance se divide en secciones con el objetivo de comprender cómo se ha desempeñado esta área de acuerdo con las personas especialistas consultadas.

De despensas a sobreprecio y un modelo incapaz de responder

 

Para Roque Vargas, coordinador de las familias desplazadas en Concordia, el actuar de la SEBIDES durante estos cuatro años ha sido opaco y carente de resultados reales para las personas que, debido a la violencia y la falta de garantías para vivir una vida digna, se vieron obligadas a abandonar su patrimonio y su historia.

Desde su perspectiva, la política estatal de atención al desplazamiento ha quedado reducida, en la práctica, a acciones paliativas, como la entrega de apoyos inmediatos, sin construcción de soluciones estructurales ni rutas claras para el acceso a vivienda, salud o reubicación segura.

Recordó como ejemplo de ello el caso de las despensas adquiridas a sobreprecio y de mala calidad para atender a al menos 2 mil 107 familias, según cifras de la propia SEBIDES, así como la compra de otros apoyos básicos cuyos procesos de adquisición, señala, tampoco quedaron claros.

“Si investigan cómo se compraron esas cosas que nos entregaban como apoyos, se darán cuenta de cómo se desviaron recursos. Nos han dejado mucho a deber; son cuatro años y no vemos clara una solución al problema de los desplazados”, señaló.

Vivienda: la deuda que crece

 

Por su parte, Ignacio Mejía López, dirigente del Movimiento Antorchista en Culiacán, calificó este cuarto año de gobierno de Rubén Rocha Moya como uno con “humanismo disfrazado”, que genera malestar en vez de bienestar social, uno de puertas cerradas.

Recordó que en varias ocasiones han acudido buscando una solución para personas desplazadas por la violencia en el centro que buscan rehacer su vida y acceder a una vivienda, una vivienda que de antemano saben que no tendrá comparación con el patrimonio que abandonaron huyendo de las balas.

“Ellos plantean que hay bienestar social, que es una capital del bienestar y un estado del bienestar, y la realidad es que dejan mucho que desear. Básicamente en dos aspectos fundamentales que hemos detectado: en primerísimo lugar el tema de la vivienda… que no se resuelve y se está agudizando por la coyuntura de violencia que estamos atravesando; eso incrementa la demanda“.

Incluso recordó que, en 2023, se anunció un programa de ahorro a través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE), en el cual la SEBIDES participaba haciendo el censo de las personas interesadas en adquirir su propio hogar. Aunque el programa en teoría sonaba a una opción viable que podría brindar garantías a las familias de solucionar su carencia de un patrimonio propio, hasta la fecha esta iniciativa no ha dado resultados.

“No rinde frutos por dos razones: básicamente, en primera, las reglas de operación como tal que tiene este programa, que implica que la gente tiene que ahorrar la mitad de lo que valga un lote, y hasta ese momento, según dicen los directivos de CVIVE, ellos tienen la obligación de poner la otra mitad. Pero hay gente que se viene sin nada, ¿cómo van a ahorrar algo? Aun así, se logró, a través del Movimiento Antorchista, un millón y medio para este programa de CVIVE… convencimos a la gente de que no es un recurso perdido, pero no hemos visto nada. Aunque sea del Estado, no hay garantía“.

En general, Mejía López calificó que, a cuatro años de que inició el gobierno de Rubén Rocha Moya, no se ha visto un plan que tenga como objetivo poner una solución al problema del desplazamiento forzado en Sinaloa, sobre todo en un contexto donde la violencia se ha recrudecido y ha provocado el éxodo de decenas de familias de la zona rural de la capital y la zona serrana de la entidad.

Crecimiento lejos de la sustentabilidad

 

El arquitecto Juan Carlos Rojo Carrascal señaló que las principales debilidades de la SEBIDES son el cambio constante de titulares y la alta concentración de responsabilidades en una sola área. En el caso de desarrollo sustentable, donde se supone se debe cuidar el medio ambiente a través de la planificación y llevarse a nivel urbano, esto no se ha visto reflejado en las acciones emprendidas por la dependencia, donde el territorio debe ser cuidado y ordenado.

“El problema al tener tantas cosas en una misma secretaría me hace pensar que se descuidan algunos rubros. Por ejemplo, el tema del desarrollo sustentable en el estado, el cuidado del medio ambiente, que también debe reflejarse a nivel urbano, pues no he visto yo una atención específica. Si no hay desarrollo ordenado, en donde se cuide por lo menos el territorio, las cuestiones ambientales… pues las ciudades siguen creciendo con mucho desorden. Se tiene que ver como prioritario el desarrollo urbano en busca de mejorar la calidad del espacio público, lo que implica el bienestar de la gente“.

El especialista apuntó que hasta este momento este gobierno ha ejecutado proyectos que giran en torno al usuario de automóvil, descuidando aquellos que priorizan el uso de transportes alternativos como la bicicleta o el transporte público. Siendo este último un tema que hasta el momento ningún gobierno ha querido abordar, se refleja en la calidad del servicio que los concesionarios brindan a la población, donde operan sin mejoras que garanticen un transporte digno, mientras otros proyectos siguen en el cajón: se anuncian pero no se ven reflejados.

“Se ha hablado mucho de proyectos como el de bicicleta pública, de hacer más ciclovías en Culiacán, pero no he visto que se hayan atrevido a hacerlo. Lo han mencionado, lo han publicado, pero no lo vemos aterrizado en el caso de Culiacán. Creo yo que esto es sumamente importante en lugar de seguir invirtiendo, como se ha hecho, para los automóviles. Hay que reconocer que esa es la minoría, porque la mayoría usa el transporte público. Quisiera hacer énfasis: tenemos décadas donde el transporte público nos debe algo y no se animan a ordenarlo, nadie; y eso ha provocado un transporte público más deficiente. Con esta coyuntura que vivimos de violencia, como nunca, debería pensarse en una ciudad para todos“.

En este mismo orden de ideas se encuentra Luis Ernesto Castro Castro, director de MAPASIN. Para esta asociación civil, el gobierno del estado ha tenido acciones que reflejan la intención de integrar ciclovías o pasos peatonales en proyectos realizados por el gobierno del estado, pero sigue siendo insuficiente. No se ha pensado en privilegiar a ciclistas y peatones. Aunque las obras son ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas, es la SEBIDES quien, junto a entes como el IMPLAN, tiene que organizarse y proponer que siempre se priorice el bienestar de la población y se empiece a girar hacia un diseño de ciudad sustentable.

“La movilidad segura y sostenible cambia la vida diaria de la gente. Algo clave y que hace mucho tiempo se mencionó fue la posibilidad de un sistema integrado de transporte, pero pues ya no se ha visto avance. Si realmente queremos hablar de movilidad urbana sostenible, el transporte público debe ser el eje; sin un sistema moderno, eficiente, integrado, cualquier esfuerzo e infraestructura peatonal o ciclista se queda incompleto“.

Para MAPASIN, más allá de criticar, se busca invitar a la autoridad a sumarse y construir calles con criterios más actualizados que busquen incorporar y priorizar la seguridad vial, la accesibilidad y la movilidad sostenible para todas las personas: peatones, ciclistas, automovilistas y personas con problemas de movilidad.

“Vamos a cumplir 500 años como ciudad, al menos puedo hablar de Culiacán, y no creo que no podamos tener un transporte público digno y que efectivamente nos conecte con eficiencia y dignidad. Dejar de tener paradigmas y que la ciudad sea una más humana“.

Un gobierno que simula ser humanista

 

“Para nosotros el gobierno de Rubén Rocha Moya, en este último año y desde que empezó el sexenio, no ha dejado mucho que desear en sustentabilidad y medio ambiente, en conservación de los patrimonios naturales y también culturales. La cultura y el ambiente casi siempre van de la mano para las comunidades originarias“, dijo para ESPEJO Melina Maldonado Sandoval, activista y miembro de la comunidad indígena Lázaro Cárdenas.

Explicó que este año ha sido especialmente complicado, sobre todo porque el Gobierno del Estado, en pro del llamado progreso, ha arrasado con la Bahía de Ohuira, ubicada al norte del estado, en Ahome. Dijo que desde hace meses, sobre todo desde la llegada de MEXINOL, las autoridades han sostenido un discurso que afirma que se han hecho consensos con las comunidades originarias, cuando la realidad dista mucho de esos dichos.

“El complejo lagunar Santa María, de Topolobampo-Ohuira, donde estamos nosotros litigando contra SEMARNAT, pretende construir una planta productora de amoniaco; después se añadió un proyecto que será de metanol y urea. Viene lo del polo de desarrollo del bienestar, según ellos para Topolobampo, nada más midiéndolo en tema económico y no lo están midiendo en daños a la salud, al cambio climático, a los daños existenciales que tienen las comunidades originarias que dependemos de la bahía de este puerto, de esas riberas. Entonces, para nosotros y para mí como defensora del ambiente… Yo hablo de la importancia de los manglares, mientras el gobierno está avalando la construcción de una planta de amoniaco, permitiendo que se talen más de 20 hectáreas de manglar para la etapa inicial; en su totalidad son casi 300 hectáreas. Entonces, ¿Cómo seguimos con nuestra labor sin ser cuestionadas? Porque mientras decimos que los árboles son sagrados, desde el gobierno ellos están matando la vida“.

Reveló que en meses anteriores la SEBIDES la solicitó para dar clases del uso y reutilización de desechos pesqueros para la creación de artesanías, lo cual calificó como una manera de simular que están con las comunidades, cuando la realidad es que esta área no ha hecho nada para detener la destrucción de su hábitat, la cual, irónicamente, es la que provee de los recursos para que las comunidades originarias realicen sus artículos, sus productos y subsistan.

Asimismo, calificó como un discurso vacío el alegar que esas empresas serán generadoras de empleo, porque la realidad es que en las comunidades no hay mano calificada como la que buscan estas compañías trasnacionales, por lo que esto podría traer un efecto de rezago y repobrecimiento de los miembros de comunidades originarias.

 

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