Culiacán, Sin.- En pleno marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, la funcionaria del H. Congreso del Estado, Alejandra Pineda Prado, titular de la Unidad Técnica de Evaluación, alzó la voz para denunciar lo que califica como una serie de presiones, hostigamiento laboral y represalias institucionales por parte de las autoridades de la comisión de Fiscalización.
De acuerdo con su testimonio compartido en redes sociales, el 20 de octubre comenzaron las llamadas y encuentros donde distintas autoridades del Congreso le “sugirieron” presentar su renuncia “voluntaria”. No hubo explicaciones, solo una frase repetida: “Es una instrucción que viene de arriba”. Pineda se negó a firmar.
La negativa, asegura, desembocó en una escalada administrativa.
El 6 de noviembre, la Comisión de Fiscalización le notificó la supuesta actualización de una causal de remoción por no haber propuesto lineamientos operativos para la Unidad Técnica de Evaluación. Ella sostiene que esto no corresponde a la realidad: afirma haber entregado siete documentos, lineamientos, manuales, metodologías e indicadores, todos notificados formalmente a la Comisión.
El conflicto no terminó allí. Según relata, la primera quincena de noviembre no fue depositada. Ante la retención de salario, presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control y envió oficios de aclaración al diputado Eligio López Portillo, a la diputada María Teresa Guerra Ochoa, a la directora administrativa Carmen Alicia Amézquita León y a la secretaria general Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez. Hasta el momento, ninguno ha respondido.
Pineda asegura que también ha recibido advertencias sobre una posible inhabilitación si no accede a renunciar. A ello suma otro episodio: la cancelación de una conferencia que impartiría en la Semana del Economista en la UAS, donde, según le informaron, no podría presentarse por “instrucciones de arriba”.
Con más de 12 años de experiencia en fiscalización y evaluación, nueve de ellos como auditora de cuenta pública, afirma que no planea renunciar.
“Mis valores no son negociables. Prefiero que mi trabajo esté bien hecho, aunque incomode” dijo en un comunicado compartido en sus redes sociales, en donde expuso todo el caso.
La denuncia colocó al Congreso del Estado en el ojo del huracán, luego de viralizarse en redes sociales como Facebook y abrir la conversación pública sobre las acusaciones de hostigamiento y el silencio institucional. El caso deja más preguntas que respuestas sobre la forma en que, en el Congreso del Estado, se ejerce el poder “desde arriba”.
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