El miércoles 26 de noviembre, activistas defensores y defensoras de los pueblos originarios de la Bahía de Ohuira, en Ahome, Sinaloa, esperaban reunirse con representantes del banco alemán KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), financiador de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo. El banco negó el diálogo.
“Nosotros teníamos gran apertura, y estábamos con gran esperanza. Supimos que grandes funcionarios del banco están aquí, en el norte de Sinaloa. Están reuniéndose con la empresa [GPO].
Por parte de la empresa, nos hacen llegar, según, la invitación de que el banco quería platicar con nosotros. Nosotros no tuvimos ninguna comunicación formal con el KfW. […] Hasta ayer, solicitamos que bajaran a las comunidades, que las mesas de diálogo estaban abiertas, pero hoy en la mañana nos dicen que ya no pueden reunirse con nosotros“, dijo Claudia Susana Quintero, líder indígena de la comunidad de Ohuira, en conferencia de prensa en la ciudad de Los Mochis.
Su intención era exponer denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas atribuidas a GPO. Sin embargo, el diálogo no se concretó.
Con carpetas llenas de documentos que planeaban entregar a los representantes del KfW, en su intento por lograr que el banco retire el financiamiento a GPO, los defensores de la Bahía de Ohuira reiteraron que el megaproyecto de la planta de amoniaco representa un riesgo para los pueblos Mayo-Yoreme, pues amenaza el ecosistema del que depende la economía pesquera de la región y, con ello, el sustento de miles de familias.
Aseguraron que, de no lograrse el diálogo con las autoridades del KfW en territorio sinaloense, están dispuestos a ir a su sede en Alemania.
“Si aquí no somos atendidos, vamos a hacerles una visita a donde esté este banco. Esta lucha no termina, es tope hasta donde tope. Hemos tenido muchos obstáculos, este es uno más que vamos a tumbar”, sentenció Felipe de Jesús Montaño, gobernador tradicional de la comunidad de Ohuira.
Grupo de trabajo de la ONU ya había notificado al KfW de sus preocupaciones
Un grupo de Relatorías y Grupos de Trabajo de la ONU dirigió recientemente una comunicación formal al KfW IPEX-Bank, en la que expresan su preocupación por los posibles impactos del proyecto en los derechos humanos y en el medio ambiente.
De acuerdo con el documento, la carta fue enviada el 19 de septiembre de 2025 y está firmada por once mecanismos de Naciones Unidas especializados en derechos indígenas, medio ambiente, empresas y derechos humanos, libertad de expresión, salud, defensores de derechos humanos, derechos de los pueblos campesinos y no discriminación, entre otros.
Los mecanismos de la ONU señalaron al KfW que el financiamiento del proyecto “podría estar relacionado con impactos adversos sobre los derechos humanos”, y pidieron al banco explicar qué medidas ha adoptado para evaluar, prevenir y mitigar esos riesgos; si cuenta con procesos de debida diligencia en derechos humanos; y si ha utilizado su influencia para exigir a sus socios comerciales el mismo estándar.
“Preocupa particularmente el impacto de la construcción y operación de la planta en los derechos del Pueblo Indígena Yoreme, especialmente en su derecho a ejercer, mantener y desarrollar sus prácticas culturales y formas de vida. La construcción de la planta afectaría de manera negativa sitios sagrados y fuentes de subsistencia […]”, se puede leer en la carta enviada por los trabajadores de la ONU.
La carta fue acompañada de un llamado a que la institución financiera “ejerza toda la influencia posible” para evitar daños irreparables a las comunidades indígenas y al medio ambiente, y a que coopere en cualquier investigación relacionada con el proyecto.
Comunicaciones similares fueron enviadas a los gobiernos de México, Alemania y Suiza, así como a las empresas involucradas. Los defensores de la bahía de Ohuira explican que, hasta ahora, solo el gobierno mexicano queda pendiente de atender la carta de los expertos de la ONU.
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