Por Bruce Kay / InSight Crime

En mayo de 2021, Daniel González, alias “Rafael Arocho”, conducía a toda velocidad por Pasadena en un Lexus blanco. Transportaba unos US$600.000 en efectivo provenientes del narcotráfico, destinados a una casa de acopio en el Valle de San Gabriel.

A pocos kilómetros, un corredor chino conocido como “Dr. P” había sido contratado por un intermediario del Cartel de Sinaloa para convertir el efectivo en criptomonedas y moverlo a través de un laberinto digital hasta los clientes en México.

Pero ese día, agentes federales de Estados Unidos seguían de cerca a González. Él intentó huir, pero estrelló el Lexus contra una camioneta conducida por agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (US Drug Enforcement Administration, DEA). Luego fue sacado del vehículo junto a 46 paquetes sellados de dinero.

Decenas de operativos similares se extendieron por Los Ángeles, después por Miami, donde las autoridades identificaron otra red de lavado con criptomonedas vinculada a grupos de tráfico de drogas mexicanos y colombianos.

La pista llevó a los investigadores hasta Nueva York, donde vieron a un hombre cargar una bolsa de basura con US$100.000 e introducir los billetes en cajeros automáticos en Brooklyn.

Seguir el rastro del dinero en línea los llevó hasta billeteras digitales controladas por grupos criminales y, desde allí, a un destino inesperado: proveedores en China de precursores químicos usados para producir fentanilo.

Una investigación exhaustiva de recientes casos judiciales en Estados Unidos y de datos en blockchain reveló una red de lavado mediante criptomonedas de escala industrial que mueve dinero ilícito a través de circuitos digitales hacia proveedores químicos en China que alimentan el negocio de drogas sintéticas en México.

El auge criminal de las criptomonedas

 

En la década de 2010, las criptomonedas operaban principalmente en mercados ocultos en línea, que eran “espacios completamente desregulados”, según Helena Margarido, investigadora de blockchain y directora de operaciones de FinTech School, una plataforma de aprendizaje centrada en la innovación de servicios financieros.

Los traficantes evitaban en gran medida la volatilidad de las criptomonedas y la trazabilidad de las transacciones. En su lugar, seguían recurriendo al contrabando de efectivo, el lavado basado en el comercio y las empresas fachada.

Pero para 2018, el panorama había cambiado: las plataformas de intercambio peer-to-peer (plataformas de intercambio entre pares sin intermediarios), con poca supervisión, permitían a los usuarios operar con criptomonedas de manera anónima, con controles mínimos de identidad.

Mientras tanto, las stablecoins vinculadas al dólar, como Tether, ofrecían la estabilidad de precio que las criptomonedas más volátiles no tenían, convirtiéndose en un vehículo preferido para mover fondos sin arriesgarse a las fluctuaciones bruscas del mercado.

Y los mixers dificultaban el rastreo de las transacciones al dividir, agrupar y mezclar los tokens a través de múltiples billeteras o blockchains.

Estas herramientas de anonimato redujeron las barreras para el uso criminal de criptomonedas, incluso mientras las autoridades aumentaban la vigilancia sobre cuentas offshore, empresas fachada y el contrabando de grandes sumas de efectivo.

Las entradas ilícitas de cripto se dispararon y cuadruplicaron después de 2020, hasta alcanzar un estimado de entre US$40.000 millones y US$51.000 millones en 2024, de los cuales casi una cuarta parte estaría vinculada a las llamadas “organizaciones de actores ilícitos”, incluidas redes criminales transnacionales, según Chainalysis, una empresa que ofrece herramientas de analítica de datos enfocadas en el monitoreo de transacciones con criptomonedas y la investigación en blockchain.

La evidencia apunta a que los grupos criminales de México y Brasil son actores clave detrás de este auge cripto. En 2022, la DEA informó que el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizó Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, para canalizar hasta US$40 millones provenientes de la venta de cocaína y metanfetamina.

En 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Mario Jiménez Castro, alias “El Kastor”, por lavar cerca de US$870.000 en ganancias del fentanilo para la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa mediante transacciones con criptomonedas en Nueva York, Boston, Denver, Nashville, Omaha y Salt Lake City.

Las autoridades identificaron su billetera cripto y ofrecieron una recompensa de US$1 millón. Poco más de un año después, fue asesinado a tiros en el Estado de México.

El caso de Castro distaba de ser una excepción. Aunque de escala modesta, puso en evidencia un modelo que crecía con rapidez: grupos criminales que pasaron de experimentar con las criptomonedas a usarlas para lavar dinero del narcotráfico a escala industrial.

Por qué el lavado con criptomonedas seduce al crimen organizado

 

A medida que las criptomonedas ganaban terreno en los círculos criminales, las redes de tráfico mexicanas recurrieron cada vez más a los lavadores chinos clandestinos en Estados Unidos, una alianza que autoridades estadounidenses han calificado como “una de las amenazas más preocupantes en el crimen organizado transnacional”.

Para los corredores chinos, esta alianza ofrecía un suministro constante de dólares del mercado negro para vender a clientes que buscaban eludir el límite anual de US$50.000 en transacciones de divisas impuesto por China.

Para los traficantes de drogas, ofrecía una forma más rápida de convertir dólares estadounidenses en fondos utilizables sin mover efectivo a través de las fronteras.

También era más barato. Los corredores chinos cobraban comisiones de apenas el 6%, muy por debajo de las comisiones habituales de entre 10% y 15%, porque obtenían ganancias dobles: primero al lavar el dinero del narcotráfico y luego al revender esos dólares con sobreprecio a clientes chinos que buscaban evadir los controles de capital.

Ambos lados se apoyaron fuertemente en métodos cripto cuando las restricciones fronterizas por el COVID-19 bloquearon las rutas tradicionales de contrabando de efectivo y las cadenas de suministro en 2020, lo que aceleró la expansión de un canal de lavado cripto de alto volumen con puntos de operación en varias ciudades de Estados Unidos.

La “Operación Fortune Runner” de junio de 2024 en California reveló el alcance de una investigación de la DEA que derivó en procesos judiciales contra decenas de presuntos colaboradores del Cartel de Sinaloa en Los Ángeles, acusados de lavar dinero del narcotráfico con criptomonedas.

El presunto esquema de lavado habría sido liderado por Edgar Joel Martínez-Reyes y Peiji Tong, alias “Dr. P”, un corredor chino. Según las autoridades, viajó a México para negociar tarifas y asegurar contratos de lavado con el Cartel de Sinaloa. Entre 2019 y 2024, la operación que se le atribuye habría movido más de US$50 millones en ganancias ilícitas.

Las autoridades incautaron cientos de kilos de cocaína y metanfetamina, y decomisaron aproximadamente US$5 millones en efectivo que estaban destinados a ser lavados.

Los mensajeros del cartel recogían el dinero del narcotráfico en distintos puntos de entrega en Los Ángeles y lo fraccionaban en pequeños depósitos en cajeros automáticos para evadir los requisitos de reporte, alimentando cuentas administradas por los corredores chinos.

Luego, esos corredores agregaban los fondos, los convertían en monedas digitales y los movían en la cadena mediante técnicas de ofuscación como los mixers y los chain-hops, que consisten en transferir los activos a través de múltiples billeteras de criptomonedas para dificultar su rastreo. Finalmente, enviaban la cripto “limpia” de vuelta a los clientes, quienes podían cobrar en el extranjero o pagar directamente a sus proveedores.

También surgieron centros de lavado cripto en otras ciudades de Estados Unidos. En 2025, un corredor mexicano conocido como “Meño” fue condenado a ocho años de prisión por lavar US$5,4 millones en criptomonedas para el CJNG mediante redes que operaban en 13 ciudades estadounidenses.

Pero el centro que se consolidó en Florida rivalizó con el de Los Ángeles en escala. Entre 2020 y 2024, un colombiano de 34 años llamado Nilson Sneyder Vásquez Duarte, alias “Sobri”, y una docena de colaboradores habrían lavado decenas de millones de dólares provenientes del narcotráfico en el sur de Florida, enviando las criptomonedas a grupos de tráfico en México y Colombia.

Incluso después del desmantelamiento, el centro de Florida siguió operando, y los agentes decomisaron un récord de US$10 millones en criptomonedas vinculadas al Cartel de Sinaloa en Miami en julio de 2025.

El golpe al cripto en Miami podría marcar una tendencia: las incautaciones de efectivo en Estados Unidos se han reducido a la mitad desde 2020, mientras que las confiscaciones de criptomonedas —US$2.500 millones— superan al dinero decomisado. Según la DEA, esto refleja que los grupos criminales están “priorizando las criptomonedas sobre el lavado tradicional basado en efectivo”.

Conexión cripto-química

 

Los casos judiciales recientes en Estados Unidos muestran que la misma red de criptomonedas que mueve dinero ilícito para las redes de tráfico mexicanas también financia la producción inicial de opioides sintéticos letales.

Para 2023, las acusaciones y sanciones estadounidenses apuntaban a proveedores de químicos con sede en China y a las billeteras de criptomonedas vinculadas a ellos, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México reportaba un fuerte aumento en alertas relacionadas con activos virtuales.

Aun así, los flujos de criptomonedas hacia los proveedores de químicos se dispararon incluso cuando las sanciones se intensificaron.

En 2023, las billeteras vinculadas a proveedores chinos recibieron más de US$26 millones provenientes del crimen organizado mexicano —un aumento del 600% respecto a 2022—, lo que indica que los proveedores continuaron operando y los envíos de precursores continuaron pese a la presión de las autoridades.

Para comienzos de 2024, los depósitos registrados en la cadena se habían más que duplicado nuevamente. TRM Labs estimó que los flujos totales del año rondaron los US$64 millones.

“Es perverso”, dijo a InSight Crime un analista de criptomonedas que pidió anonimato por razones de seguridad. “Las sanciones hicieron que las criptomonedas y los químicos se movieran más rápido que nunca”.

El impacto en el mercado estadounidense fue evidente: las incautaciones de precursores químicos aumentaron en 2023 y se dispararon nuevamente en 2025. Expertos dijeron a InSight Crime que esta persistencia reflejaba la adaptabilidad de las redes de tráfico.

“Una vez que una billetera es identificada, todos los activos allí quedan contaminados y sujetos a decomiso”, dijo Helena Margarido, quien agregó que esto obliga a los traficantes a reconstruir constantemente sus canales digitales. “Esto es algo que los criminales hacen todo el tiempo cuando las autoridades identifican una billetera. Inmediatamente abren otra que nadie conoce y procesan una transacción”.

El vínculo con los traficantes se infirió inicialmente, dado que los laboratorios clandestinos dirigidos por organizaciones de tráfico mexicanas son los principales compradores de estos químicos.

A pesar de estas adaptaciones, las investigaciones estadounidenses han demostrado que el rastro cripto-químico es detectable. En febrero de 2025, Amarvel Biotech con sede en Wuhan y sus ejecutivos fueron condenados por “envíos encubiertos” de precursores a México a cambio de US$900.000 en criptomonedas.

Pero la conexión pronto se volvió directa. Lo que comenzó como un caso de confiscación de activos en Wisconsin llevó a los investigadores a fondos criminales de criptomonedas. Los especialistas de Chainalysis siguieron el rastro de las billeteras vinculadas a los carteles, que pasan por mixers y por billeteras intermediarias de criptomonedas conocidas como direcciones “hop”.

“Mientras los federales perseguían mulas de dinero, los nerds rastrearon las transacciones en la cadena, y estas los llevaron directo a los vendedores chinos de químicos”, dijo un analista de blockchain que pidió anonimato por razones de seguridad.

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Este trabajo fue realizado por InSight Crime. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.